Tras veinte horas de debate, el Gobierno de Mauricio Macri consiguió esta mañana la aprobación en la Cámara de Diputados de la media sanción para acordar su proyecto de pago a los buitres, a partir de la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, tal cual requirió el juez neoyorquino Thomas Griesa, y con la consiguiente emisión de deuda de 12.500 millones de dólares, la mayor en veinte años para un país latinoamericano, para así conformar al 7% de los acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. El proyecto del bloque integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica que conforma Cambiemos tuvo 165 votos afirmativos y 85 negativos. Contó además con el apoyo del bloque justicialista que se escindió del kirchnerismo, el socialismo, el massismo y el GEN, y con la negativa del kirchnerismo y el bloque de la izquierda. Desde hoy, el proyecto pasará al Senado, y se presume que la resolución definitiva que de ahí surja llevará dos semanas.

Luego de las amenazas que hizo Mauricio Macri días atrás de mayor “ajuste e hiperinflación” en caso de que no se apruebe la nueva deuda para “volver al mundo”, el proyecto tuvo fuertes críticas por parte de representantes del FpV, y otras más tibias del massismo y el bloque justicialista de Diego Bossio, quienes se reunieron ayer con representantes del Ejecutivo nacional mientras se desarrollaba el debate para retocar puntos secundarios de la ley.

“Este acuerdo es tirar por la borda los 136 votos a favor que obtuvimos en la ONU”, dijo esta mañana el diputado por el FpV y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, minutos antes de la votación en Diputados, en referencia a los principios básicos elaborados por su gestión como ministro para crear un marco legal sobre los procesos soberanos de reestructuración de deuda y limitar así el accionar de los acreedores más carroñeros de extorsión financiera. Contó, en septiembre del año pasado, con abrumadora mayoría de votos a favor en la Asamblea de la ONU. “Esto es negociar apurados y mal”, agregó.

Otra crítica que resonó desde el FpV es la posibilidad de que los viejos acreedores que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 presionen nuevamente exigiendo nuevos pagos, considerando los mayores beneficios que el oficialismo otorga ahora a los acreedores del 7%, con Paul Singer a la cabeza.

“Con este acuerdo no se elimina la posibilidad de que los bonistas que no entraron al canje puedan reclamar el mismo trato igualitario”, señaló a Contexto Florencia Medici, economista y docente de la UBA y la Universidad de Moreno. “No se resuelve el problema de la deuda soberana, como plantea el Gobierno”, remarcó.

Desde que asumió, y luego de llevar adelante los primeros pasos de su plan económico al quitar retenciones al campo, el tarifazo, la devaluación y el achicamiento del Estado despidiendo empleados públicos para “reducir el déficit fiscal”, el acuerdo con los buitres es la mayor obsesión del Gobierno. Para eso, el macrismo impone que emitir una deuda exorbitante es el único camino para evitar mayores ajustes y “oxigenar” la economía, justo cuando el humor social se caldea por el incesante ascenso de los precios

“La deuda en sí no es buena ni mala. Siempre tenemos que poner en eje para qué. La deuda que generó default en 2001 estaba destinada a la bicicleta financiera, es decir, destinada a financiar aquellas empresas y grandes grupos que se llevaban los dólares afuera. Esa deuda lleva a una dinámica de crisis”, indicó Medici, y agregó: “Argentina es un país que necesita dólares para crecer, para invertir, pero los dólares de esta deuda ni siquiera van a entrar al país, y después los vamos a deber, vamos a tener que requerir más allá de los dólares que necesitamos para crecer, dólares para pagar esa cantidad de plata que se les va a pagar a los buitres. La deuda así para lo único que sirve es para salir del apuro”.

Otra bandera levantada por el Gobierno es que el país volverá a ser bien visto ante los ojos del crédito internacional al pagarle a los buitres, y eso traerá crecimiento en la economía e inversión de capitales, consignas que la economista Medici pone en cuestión, porque “qué inversiones productivas van a venir mientras se está restringiendo el mercado interno con ajuste. Dicen ‘pobreza cero’ pero nunca han explicado cómo van a generar crecimiento con la deuda”.

El diputado Máximo Kirchner fue otro de los representes de FpV que habló poco tiempo antes de la votación: “La negativa a acompañar esto no es chauvinismo: es una discusión más profunda. Lo que pedimos es que vayan y negocien mejor con ese 7%. No se dejen extorsionar”. Y precisó: “Que a doscientos años de la Independencia no entremos nuevamente en la dependencia”.

En el debate de ayer, otros sectores de la oposición sumaron críticas al acuerdo. Mientras Néstor Pitrola (FIT-PO) comparó la negociación con los acreedores con el Pacto Roca-Runciman, desde Libres del Sur afirmaron que “la propuesta de acuerdo a la que el Gobierno ha arribado con los fondos buitre no sólo es muy onerosa para el país, sino que reconoce legitimidad a fallos muy cuestionados en el mundo que nos perjudicaron, vuelve a reconocer jurisdicción extranjera para resolver conflictos por la nueva deuda que contraigamos y abre la puerta a nuevos litigios a futuro”.