Por Nicolás Welschinger 

Desde su lanzamiento, el Programa Conectar Igualdad (PCI) ha sido objeto de controversias e interpretaciones en disputa. En su accionar concreto como política pública de inclusión digital significó mucho más que el reparto masivo de netbooks en las escuelas públicas del país. Su accionar representó la posibilidad de desnaturalizar ciertas prácticas educativas y enfrentar el desafío de relegitimar la escuela como una institución significativa en la vida de los jóvenes, con capacidad de innovación al mismo tiempo que con eficacia. Los objetivos del Conectar traman dos dimensiones: terminar con la brecha digital y, al mismo tiempo, llevar adelante la relegitimación cotidiana de la escuela pública.

Sobre la base de un sistema educativo signado por la fragmentación y segmentación por clases sociales (“escuelas para ricos, escuelas para pobres”), ante un diagnóstico consensuado de crisis del sentido de la institución, en los últimos años el debate en el campo educativo ha girado en torno a la preocupación por superar estas desigualdades. El PCI es una de las políticas estatales que después de los noventa se propuso a su modo recuperar la escuela pública como espacio de aprendizaje, logrando que en palabra de los estudiantes esta comience a ser valorada como más “inteligente”, “ágil”, “divertida”, “interesante”. A su vez, articulado dentro del Plan Nacional de Inclusión Digital en las Escuelas (PNIDE), el Programa representa para los docentes una posibilidad de renovación pedagógica que brinda un plano de mayor eficacia a sus propuestas en las aulas. Así, el accionar del PCI permitió volver a pensar en la escuela como una institución atractiva al proponerse dialogar con los lenguajes de los nuevos medios digitales.

el Conectar no sólo ha tenido el objetivo de repartir computadoras. Su propuesta es repensar la escuela, impulsar un modelo pedagógico distinto, habilitar nuevos roles para el docente, practicar la transmisión de contenido desde otro lugar.

Entonces, el Conectar no sólo ha tenido el objetivo de repartir computadoras. Su propuesta es repensar la escuela, impulsar un modelo pedagógico distinto, habilitar nuevos roles para el docente, practicar la transmisión de contenido desde otro lugar. A partir de su implementación, la escuela imparte un nuevo saber: transmite, construye, alfabetiza en torno a los nuevos medios digitales, ante un mercado de trabajo que premiará cada vez más estos conocimientos y habilidades.

El PCI ha sido una política eficaz porque logró promover el discurso sobre el cambio institucional que necesitaba la escuela pública para producir una interpelación significativa para los jóvenes y a su vez vincularla de modo creativo a los contendidos curriculares. La fuerza y la importancia del Conectar radican en que durante estos años, a través de la inclusión de las nuevas tecnologías, volvió a hacer posible el conflictivo encuentro entre “las cosas que le importan a los chicos” y las propuestas escolares. En los múltiples usos que realizan de las netbooks, los jóvenes hacen algo más que “jugar”: adquieren habilidades que incorporan y luego actualizan para enfrentar otros usos “más serios”, más “productivos”; amplían la gama de recursos de los que disponen para capitalizar su experiencia escolar ante los problemas que enfrentan para integrarse al mundo del trabajo. Negar ello es omitir que la escuela constituye la condición de posibilidad de la producción de apropiaciones creativas y potentes que se desmarcan de ella.

Los cambios –que el nuevo gobierno dice también proponer para “la educación del siglo XXI” no se alcanzan (únicamente) por la innovación tecnológica, sino que son necesarias las innovaciones en las formas de organización, de agenciar y regular las relaciones en las aulas. El Conectar habilitó el acceso no sólo a una nueva tecnología, sino a la conformación de nuevos saberes específicos. Para ello, no sólo hicieron y hacen falta las netbooks. También son primordiales nuevos conceptos, nuevos recursos, nuevas habilidades: hacen falta los 1.500 trabajadores de la educación del programa (diseñadores, programadores, especialistas en tecnología educativa, capacitadores) que hoy están siendo “reasignados” en sus funciones; un compromiso activo del Ministerio de Educación de la Nación en sostener y consolidar esta transformación vital que como sociedad nos propusimos para construir una educación valorada principalmente por quienes participan de ella.

Si sólo se continuara con la entrega masiva de las netbooks pero se olvidara este trabajo pedagógico, se desmantelaría un esfuerzo colectivo en el que a través del Estado todos hemos invertido. En caso de concretarse los trascendidos acerca del cierre del Plan Nacional de Inclusión Digital en las Escuelas, ¿cuáles son los argumentos, los criterios, los datos, para plantear que la experiencia de una política de inclusión como esta no es “efectiva”? ¿Con esos “criterios” se va a pensar el diseño de las políticas de “pobreza cero” que promete el nuevo gobierno?