Por Roberto Álvarez Mur

En pleno contexto de reclamos por la ola de despidos de los últimos meses y el ajuste económico, el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) Adrián Grana presentó un proyecto de ley que declara la “emergencia laboral” en todo el país. La iniciativa propone suspender los despidos sin justa causa por el plazo de un año y establecer que, en el caso de que se produjeran, el empleador deberá abonar el doble de indemnización.

En el caso puntual del sector público se prohíbe la “rescisión sin justa causa de los contratos”, y para el caso de los que concluyan en el período de la Emergencia serán “renovados automáticamente hasta la finalización” de esta.

“El trabajo es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución de la Nación Argentina. Es considerado como el gran ordenador de la vida social, comunitaria, familiar y constituye la principal fuente de la dignidad social de un pueblo”, expresa entre sus fundamentos el texto presentado por el bloque kirchnerista que busca poner un freno ante el posible avance de los despidos en el sector público anunciado por el macrismo como un proceso de “modernización del Estado”.

EN EL CASO PUNTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, SE PROHÍBE LA “RESCISIÓN SIN JUSTA CAUSA DE LOS CONTRATOS”, Y PARA EL CASO DE LOS QUE CONCLUYAN EN EL PERÍODO DE LA EMERGENCIA SERÁN “RENOVADOS AUTOMÁTICAMENTE HASTA LA FINALIZACIÓN” DE estA.

Además, la normativa establece la creación de la Comisión Bicameral para la Defensa del Trabajo, que será integrada por diputados y senadores respetando la proporción de las representaciones políticas de cada una de las Cámaras, en donde el presidente de la comisión será designado a propuesta del bloque de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

“Desde que asumió Macri hay, por lo menos, un punto y medio más de desocupación. Achicamiento del mercado interno con apertura de importaciones, con despidos en el sector privado. A eso se suma la persecución política que hay en el Estado, con el discurso de la grasa militante. Por estos motivos creemos que es absolutamente necesario declarar esta emergencia laboral” dijo a Contexto Grana, impulsor del proyecto.

“DESDE QUE ASUMIÓ MACRI HAY, POR LO MENOS, UN PUNTO Y MEDIO MÁS DE DESOCUPACIÓN. ACHICAMIENTO DEL MERCADO INTERNO CON APERTURA DE IMPORTACIONES, CON DESPIDOS EN EL SECTOR PRIVADO. A ESO SE SUMA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA QUE HAY EN EL ESTADO”. Adrián Grana, FPV.

Según el diputado, “desde el 10 de diciembre de 2015 hasta enero de 2016 se han contabilizado 25.599 despidos y cesantías en el sector público y 41.529 en el sector privado”. El proyecto de Ley señala que esta iniciativa “responde a una situación de crisis ante la gran cantidad de despidos originados desde diciembre de 2015 que vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional”.

Al respecto, Grana hizo público que “El trabajo no sólo es el principal ordenador social, además es el pilar fundamental para construir justicia social”.

A través del proyecto, el legislador afirmó: “El conjunto de medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno de Macri afectan directamente el empleo privado y explican gran parte de los despidos de ese sector con graves consecuencias sociales y económicas”. Y agregó que “aun cuando la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público es un derecho constitucional, vemos que desde el 10 de diciembre de 2015 se han sucedido despidos masivos, arbitrarios e injustificados producidos por la actual administración nacional y otras dependencias provinciales y municipales”.

DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA ENERO DE 2016 SE HAN CONTABILIZADO 25.599 DESPIDOS Y CESANTÍAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y 41.529 EN EL SECTOR PRIVADO.

Grana agregó que “este feroz ataque a las fuentes laborales de miles de trabajadores y trabajadoras se concreta en tiempo récord, sin seguir las mínimas formalidades establecidas por la normativa vigente en materia laboral y de empleo público nacional”.

Grana sostuvo: “Esta es la primera vez que la derecha arma un partido y llega la poder mediante elecciones democráticas. Este plan que están aplicando con tanta alevosía es lo que más los beneficia como sector social. Es un gobierno de los CEO, de las multinacionales y algunas nacionales, que lo que están haciendo en cada una de las acciones políticas es maximizar las tasas de ganancias de sus empresas. Achicando los gastos y llevando el salario de los argentinos a los peores del mundo. Es un plan que responde a lo que ha hecho históricamente la derecha: transferir riquezas a los sectores concentrados y la represión”.


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