Por Leandro Gianello

El quiebre político en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), según trascendió, habría surgido ante la imposibilidad de nombrar un equipo de trabajo, provocando la renuncia de Amílcar López, funcionario que la nueva gestión PRO había elegido para dirigir el ente que se encarga del saneamiento y la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, cargo que ocupó por sólo dos meses.

Con el vencimiento en puerta de 480 contratos vinculados a convenios con Universidades Públicas nacionales que el organismo tiene que resolver antes de la semana próxima, el panorama resulta desalentador, todo esto teniendo en cuenta que la Autoridad aún debe cumplir con la decisión judicial que los intima a readecuar el plan de saneamiento, propuesta que debía ser presentada este mes.

El saneamiento de la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo fue ordenado por la Corte Suprema en julio de 2008, siendo hoy el juzgado de Morón quien lleva adelante la causa resuelta por el máximo tribunal, sentencia que obliga a la conformación de un Cuerpo Colegiado entre el Defensor del Pueblo y varias ONG para velar por el cumplimiento del fallo.

Ante este escenario, fuentes gremiales consultadas por Contexto dentro del organismo indicaron que aún no hay despidos, sino convenios que caducan el 29 de febrero.

Los quinientos trabajadores que corren riesgo se encuentran en las áreas de salud, abordaje territorial y administración. “Pedimos conformar una mesa para tratar el tema”, agregaron los trabajadores de ACUMAR, que por ahora se encuentran reunidos en asambleas y permanecen en estado de movilización, pidiendo entrevistarse con el ministro Bergman, solicitud que aún no ha sido respondida favorablemente.

De cualquier manera, los trabajadores pudieron reunirse con autoridades del organismo para transmitirles una agenda amplia de reclamos que tiene este tema (del cese de convenios) como prioridad, sobre todo planteando una firme posición en contra del achicamiento del organismo. “Frente a esto no hemos encontrado negativas, pero hasta ahora son sólo intenciones que no son soluciones”.

En este caso, la crisis del organismo, una constante en casi todos los entes estatales desde que asumió el gobierno macrista, habla de la falta de designaciones que paralizó a la Autoridad, pero también es real la no existencia de un plan estratégico de gestión dentro de la misma, y para solucionar eso, con nombrar cargos solamente no alcanza.

Mientras los trabajadores continúan defendiendo sus puestos ante la incertidumbre laboral que se cierne sobre ellos, el ex titular del organismo confirmó en otros medios que presentaba su renuncia: “se necesitan decisiones rápidas. Sé lo que hay que hacer, pero no puedo seguir adelante si no hay definiciones respecto de las personas y de las políticas”, confirmó López.

Las declaraciones del otrora director son consecuencias directas del conflicto generado por Bergman cuando propuso a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo de la ACUMAR y restringió los lugares disponibles para las otras jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, provocando su renuncia.

La gestión en la Autoridad está virtualmente paralizada desde fines del año pasado y el organismo estatal, que cuenta con cerca de mil empleados, debe decidir antes de fin de mes la continuidad de varios convenios con Universidades y con entes que permitan seguir el trabajo que se realiza, sobre todo en la limpieza de márgenes, la relocalización de sus habitantes, el saneamiento de aguas y el despeje de elementos voluminosos como barcos y automóviles hundidos.