Por José Manuel Welschinger Lascano

Desde Casa de Gobierno, el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, junto al jefe de gabinete Marcos Peña, anunció esta semana el resultado de su reunión junto a un grupo minoritario de prestamistas italianos que forman parte de los denominados holdouts. Detrás de lo que la agencia Télam intentó hacer pasar como una negociación ventajosa, se encuentra en realidad una seria amenaza para la economía de los argentinos, ya que el acuerdo podría deshacer los logros alcanzados durante los últimos años en materia de reestructuración de la deuda soberana.

Así lo consideró el especialista en macroeconomía Agustín D’attellis, quien explicó a Contexto: “Se anunció una supuesta quita de capital que no es tal, ya que la ‘quita’ es respecto del monto total de lo que los prestamistas italianos exigían, estableciendo ellos solos sus propios intereses: y lo que negoció el Gobierno no es una quita muy considerable, pero que sin embargo ayuda a entender qué es lo que va a suceder en los próximos días, cuando se anuncie el resultado de las negociaciones en la Corte norteamericana”.

El especialista no dudó en señalar que la noticia no se trata de un avance para el país, sino de un retroceso: “Con esta medida, el Gobierno de Macri deshizo una prolongada política de negociación firme, que comenzaba a ser fuertemente respaldada por la comunidad internacional”.

El pequeño grupo de prestamistas italianos con los que se reunió el nuevo Gobierno es un sector minoritario de los tenedores de los bonos de la deuda argentina que no entraron en el canje del año 2005, extendido luego durante 2010, y tiene la particularidad de haber sido el primer grupo en iniciar acciones legales contra la República Argentina respecto de las condiciones de pago de esos bonos.

“Se anunció una supuesta quita de capital que no es tal, ya que la ‘quita’ es respecto del monto total de lo que los prestamistas italianos exigían, estableciendo ellos solos sus propios intereses.”

Estos prestamistas que se quedaron por fuera de los canjes, y que representan aproximadamente a un 7% del total de los acreedores del país, y se dividen en dos clases: el mayor porcentaje radicado en Estados Unidos y un grupo minoritario con sede en Europa. “Venían litigando contra la Argentina por fuera de lo que se estaba tratando en el juzgado de Nueva York con el juez Griesa –apuntó D’attellis-. Son tenedores de la deuda argentina con jurisdicción en Europa”.

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El economista Agustín D’attellis

Pese a cómo se presentó esta información, cabe aclarar que el resultado de la reunión no consiste en un acuerdo, sino en un preacuerdo de carácter consultivo para su tratamiento parlamentario en las instancias del Poder Legislativo. La diferencia, de cara a la apertura de sesiones del Congreso, no es menor. “En realidad –explicó D’attellis–, todo esto debe pasar por el Congreso y ser tratado según las leyes específicas de la materia, como la Ley Cerrojo, etcétera; porque técnicamente son todos preacuerdos ad referendum para el Congreso”.

La decisión, en última instancia, dependerá de los acuerdos parlamentarios. “Es ahí donde hay que ver qué pasará –señaló el economista–, porque las distintas fuerzas ya están preparando acuerdos antes del inicio de las sesiones: el Gobierno de Cambiemos está intentando obtener el apoyo de los distintos bloques y de los gobernadores porque, si no consigue obtener el consenso, todos estos preacuerdos se van a caer”.

Otro punto de desinformación en la cobertura de la agencia oficial estaba en que se presentaba como un logro, ya que las tasas serían menores que las dictadas anteriormente por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “Se le busca alguna vuelta como para tratar de mostrarlo desde algún lado que parezca positivo”, comentó D’attellis. “Pero en definitiva no es ninguna buena noticia para el país”, aseguró.

Reconocimiento de la deuda

Para el especialista en macroeconomía, lo más grave es que se hace un reconocimiento del 100% del capital original de los bonos, algo que no sucedió con los acreedores en 2005 ni en 2010. “Respecto de lo que la gestión anterior pagó al CIADI –sostuvo–, no se trata de casos comparables, ya que en el caso de esa institución existían precedentes específicos que limitaban la negociación; pero aquí los intereses podrían haber sido más bajos”.

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El ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay

El reconocimiento del capital es uno de los puntos clave en la cuestión de la reestructuración de la deuda soberana. Cuando Argentina entró en default, en el año 2001, lo hizo por el total de la deuda de ese momento. Con el canje de 2005, que se reabrió luego en 2010, lo que se le propuso a los tenedores originales de los bonos fue pagarles, pero con una quita del 70% del valor nominal de esos bonos originales.

“Lo que hizo luego el juez Thomas Griesa, amparándose en un montón de cláusulas y jurisprudencia un poco tirada de los pelos –explicó D’attellis–, fue decir que Argentina debía reconocer el 100% del capital: algo que es muy ridículo, y que ya se ha explicado en todo el mundo; porque implicaría que, si se le reconoce el 100% del capital a unos, se le debe reconocer a todos, o sea que el país jamás podría terminar de pagarle a ninguno”.

“Lo que muchos economistas advertimos en su momento es que, si ahora se aplica el cálculo desarrollado por Griesa en su fallo, el país va a terminar pagando mucho más de lo anunciado: una cifra estaría rondando los 25 mil millones de dólares.”

Como señaló el especialista, con este preacuerdo, el Gobierno argentino estaría pagando por encima del porcentaje anterior, marcando así un precedente para todos los futuros acreedores; aun luego de que nuestro país consiguiera el respaldo prácticamente unánime ante la comisión de las Naciones Unidas respecto del pago de las deudas soberanas. “Lo que muchos economistas advertimos en su momento –señaló–, y que sigue siendo necesario aclarar, es que si ahora se aplica el cálculo desarrollado por Griesa en su fallo, el país va a terminar pagando mucho más de lo anunciado: una cifra estaría rondando los 25 mil millones de dólares”.

La única finalidad de este preacuerdo, según consideró D’attellis, consiste en el establecimiento de este precedente para enviarle al Mercado la clara señal de que el nuevo Gobierno argentino quiere pagar lo que le digan y pronto. “Nadie le exigió al Gobierno argentino llegar a ningún acuerdo, el apuro lo tuvo Macri; porque necesita hacer buena letra con el capital financiero para tomar deuda, y así ocultar los efectos de la inflación que está generando detrás de la liquidez de los dólares prestados”.