Por Alejandro Palladino

Banderas de agrupaciones políticas, de pueblos originarios, de movimientos sociales, de sindicatos de empleados públicos, de agrupaciones de estudiantes y de distintas Facultades de la UNLP marcharon ayer por el centro de La Plata, en memoria y reclamo de justicia por Emilia Uscamayta Curi. A un mes de la evitable muerte de la joven estudiante de la Facultad de Periodismo de La Plata, ahogada en la fiesta clandestina La Frontera del 1º de enero, con los familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras, una nutrida columna marchó desde Plaza Moreno y a la sede de las Fiscalías platenses (7 y 56) para reclamar por justicia y exigir avances en la causa en la que actúan el fiscal Álvaro Garganta y el juez Fernando Mateos, y en la que están imputados los cuatro organizadores de la fiesta: Santiago Piedrabuena, Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael García (militante PRO) y Gastón Haramboure.

Hasta el momento, sólo Haramboure está preso, aunque por una condena anterior de diez años por la muerte del joven Juan Andrés Maldonado ocurrida en 2009 a la salida de un boliche en Berisso. Por su parte, el municipio, con sospechas de corrupción por haberse hecho la fiesta frente a sus narices, también fue un punto abordado en los carteles exhibidos en la movilización y los discursos de los oradores.

Hacia el mediodía, las columnas llegaron a la Fiscalía. Luego de montar un escenario en el que hablaron familiares y referentes de agrupaciones políticas y sociales, periodistas y amigos de Emilia, el abogado Rodríguez y los familiares hablaron con el fiscal Garganta y le entregaron un petitorio.

“Hemos resuelto dar un tiempo razonable a la Justicia”, dijo el abogado Rodríguez a la salida de la reunión, y pidió a aquellos que sean testigos que escriban al mail justiciaporemilia@gmail.com. “Vamos a informar con informes periódicos a los interesados en la causa. Mientras tanto, hay que esperar que la Justicia actúe”, informó Adrián Rodríguez.

Sobre el cambio en la carátula de la causa exigida a la Justicia, de Homicidio Culposo a Dolo Eventual, uno de los motivos de la movilización sostuvo que “los organizadores deben asumir la responsabilidad que les corresponde a nivel penal”, porque “desobedecieron dos órdenes de autoridad administrativa competente y aun así les imputan homicidio culposo”.

“los organizadores deben asumir la responsabilidad que les corresponde a nivel penal”, porque “desobedecieron dos órdenes de autoridad administrativa competente y aun así le  imputan homicidio culposo”. Adrián Rodríguez, abogado de la familia.

Por último, concluyó que “a lo largo de la fiesta crearon un riesgo prohibido y continuaron adelante”, dejando al descubierto el papel que tuvo Control Urbano en no suspender la fiesta, uno de los puntos a abordar por la Justicia en el reclamo de los familiares y el abogado en lo que tiene que ver con la relación empresarios-organizadores y el municipio.

“Queremos justicia para que esto no se trabe. No hay detenidos por la muerte de mi hija. Pensamos pelearla. Hoy empieza nuestro calvario y vamos a luchar sin miedo a nada ni a nadie”, dijo el padre de Emilia, Juan Uscamayta, a Contexto.

“Queremos justicia para que esto no se trabe. no hay detenidos por la muerte de mi hija. Pensamos pelearla. hoy empieza nuestro calvario y vamos a luchar sin miedo a nada ni a nadie”, dijo el padre de Emilia, Juan Uscamayta.

La madre de Emilia se mostró “contenta” dentro de la situación “por el fuerte apoyo recibido de la Facultad de Periodismo, la UNLP, las agrupaciones políticas y sociales. Sé que me van a seguir acompañando en todas las marchas que se realizan”.

En la movilización también estuvieron referentes políticos. Entre ellos, los concejales del FpV Florencia Saintout y Guillermo Nano Cara y Gastón Castagneto. “Es necesario justicia, una investigación”, dijo Saintout.

“Cuando la única presencia del Estado es labrar un acta e irse, estamos todos en peligro, y por eso tenemos que pelear por Emilia y su familia”. Florencia Saintout, concejala.

“Cuando la única presencia del Estado es labrar un acta e irse a su casa, estamos todos en peligro, y por eso tenemos que pelear por Emilia y su familia, pero también saber que estamos peleando por cada uno de nuestros jóvenes, que tienen todo el derecho del mundo a divertirse. El que no tiene derecho es el Estado a no estar ahí y la Justicia a no hacerse preguntas”, agregó la concejala.

“Sabemos que existen quienes priorizan el capital a la vida; lo que no podemos hacer es tener un Estado que los deje actuar libremente”, concluyó.


 

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