Por Contexto

Ante la declaración de Emergencia en Seguridad dictada por el Gobierno nacional la semana pasada, un grupo de intelectuales, organizaciones políticas y sociales de diferentes corrientes de pensamiento realizaron un comunicado expresando su preocupación sobre las acciones que serán llevadas a cabo a partir de este decreto.

Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Solá, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Hermes Binner, Leonardo Grosso, León Carlos Arslanián, son algunos de los firmantes del comunicado realizado por el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia, que busca visibilizar que “la emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad, como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales, ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención”.

El documento además indica que, “para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta”. Y agrega: “La declaración de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados”.

“la emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad, como la falta de profesionalización y de reforma de las policías.”

Además explica: “Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un Estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia”.

Por último, los firmantes aclaran que “la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad”.

Medidas efectistas

En tal sentido se expresó Ángela Oyhandy, del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, en diálogo con Contexto, al denunciar que “lo que hicieron, junto a los medios de comunicación, fue crear una imagen espectacularizante que tiene más que ver con la construcción de un enemigo que con la realidad”

“En vez de proponer políticas serias, se plantean medidas con lógicas de militarización que introducen más violencia, pretenden resolver un problema tomando como punto de partida ciertas imágenes que les permiten poner en funcionamiento medidas que se asemejan más a una cuestión de marketing que a querer resolver el problema cabalmente”, reflexionó. 

“se pretende hacer un control del narcotráfico sin realizar políticas serias que partan de un diagnóstico claro de la situación actual con respecto al tráfico de drogas.”

“El narcotráfico es un mercado, y por lo tanto deberían plantearse medidas que apunten a reducir ese mercado”, agregó.

Además, la investigadora dijo que, tal como señala el documento, se pretende hacer un control del narcotráfico sin realizar políticas serias que partan de un diagnóstico claro de la situación actual con respecto al tráfico de drogas: “Se implementa de este modo el control del espacio aéreo cuando los expertos en el tema coinciden en que el mayor caudal de tráfico es por tierra”.

Oyhandy remarcó la gravedad de la plena incumbencia de las Fuerzas Armadas: “Cuando se puso en funcionamiento un mecanismo similar en México, quedó demostrado que estas medidas aumentan el número de víctimas en lugar de reducir el delito. Son lógicas de militarización que introducen más violencia”, apuntó la investigadora.

Buscar un culpable

Esteban Rodríguez Alzueta, investigador y firmante del documento, señaló que la declaración de emergencia en seguridad “busca construir un chivo expiatorio para montar un enemigo claro, y, por lo tanto, no sólo parece que no soluciona el problema del narcotráfico, sino que además le da más facultades a sectores e instituciones que son parte del problema, como por ejemplo a la Policía, cuando es sabido que históricamente ha estado involucrada en la regulación de este mercado ilegal”.

“La emergencia le da más facultades a sectores e instituciones que son parte del problema, como por ejemplo a la policía.”

“Entendemos que es una medida para llamar la atención mientras ocultan otros problemas que van a tener otra gravitación en la sociedad, como son todas las políticas de ajuste que se están llevando a cabo”, agregó Rodríguez Alzueta.

En el mismo sentido, el investigador resaltó que los despidos que están realizando en los diferentes organismos del Estado, los fundamentan indicando que los trabajadores son ñoquis cuando en realidad lo que están haciendo es borrar del mapa institucional todas aquellas líneas de trabajo que se hacían cargo de la ampliación de derechos y que servían para combatir de algún modo el mercado de drogas. “Están descomprimiendo el Estado para achicar el gasto público, dejando afuera a los trabajadores que se hacían cargo de los problemas sociales”, finalizó.