“Estamos preparando un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

“Estamos preparando un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

Desde Viedma, el referente de las radios comunitarias argentinas, Néstor Busso, se expresó al respecto de la actual pulseada entre el Gobierno nacional y los distintos sectores de la sociedad que defienden la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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Por José Manuel Welschinger Lascano 

“Se están cambiando cuestiones sustanciales de una Ley nacional –comenzó Néstor Busso, referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias–, sin auténtica urgencia y con la única necesidad del Grupo Clarín”. En medio de una concentración autoconvocada por los vecinos de la capital rionegrina, quienes se juntaron en reclamo del restablecimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en apoyo al periodista Víctor Hugo Morales, Busso explicó a Contexto que el Gobierno busca deshacerse de la AFSCA en función de su alianza con el multimedios manejado por Héctor Magnetto.

“En su ímpetu por fortalecer sus negocios –resumió Busso–, Clarín se apoderó de la prensa escrita cuando tomó el control del papel gracias a la dictadura; luego se quedó con la televisión y la radio en la época del menemismo: y ahora va por la telefonía celular, el 4G, y las nuevas tecnologías digitales de las comunicaciones”.

Según explicó, con los decretos elevados por el Poder Ejecutivo no sólo desaparecen los pocos límites que las leyes antimonopólicas sostenían para evitar que ningún grupo se adueñara tanto de los medios como de las comunicaciones del país, sino que con una celeridad asombrosa se les preparó una ley echa a la medida de sus intereses, ampliando incluso los límites para la propiedad de señales de alcance nacional.

“Me desplazaron sin argumentos ni explicaciones del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde estaba como producto de un acuerdo entre todas las redes de comunicación no lucrativas del país.”

“Como resultado de estas acciones en las que están incurriendo –aseguró–, van a tener que presentarse ante tribunales internacionales: con un conjunto de organizaciones ya estamos preparando un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del que van a participar también varias Universidades, Facultades y carreras de comunicación”.

La Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata figura entre esas instituciones. “Con FARCO (el Foro Argentino de Radios Comunitarias) ya estamos en contacto con el Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana –comentó–, quienes ya nos manifestaron su preocupación frente a todo lo que viene sucediendo en este sentido”.

Una Justica incompetente

Busso fue uno de los principales impulsores de los encuentros nacionales que, durante seis años, se organizaron en todo el territorio nacional con el objetivo de gestar una Ley de Radiodifusión de la democracia; el texto que resultó de esos foros fue uno de los principales fundamentos para la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada el 10 de octubre de 2009. En los últimos días de diciembre, al igual que hicieron otros ciudadanos en distintos puntos del país, Busso presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar los decretos mediante los que Macri intervino la AFSCA y AFTIC.

“Presenté aquí en Viedma, en el Juzgado Federal, un recurso de amparo con pedido cautelar en contra de los decretos, y en pocas horas la jueza federal se decretó incompetente, bajo los argumentos de no tener ella ninguna autoridad sobre la jurisdicción afectada por los decretos, ya que la central de la AFSCA que estaba siendo intervenida se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, y que cualquier medida de amparo debería ser presentada allí”.

“Más que modificar la ley, la destruye; y hace todo lo que Clarín pretendió hacer, letra por letra, a pesar del fallo de la corte suprema de justicia.”

Con ese argumento, la jueza se desentendió del amparo solicitado por Busso. “Más allá de la distinta interpretación del término incompetente que nosotros podemos hacer sobre esta jueza –prosiguió–, hay que entender que lo que ella está argumentando es que ningún ciudadano de la República Argentina puede presentarse ante la Justicia utilizando un recurso de amparo para defender su derecho vulnerado, a menos que sea en Buenos Aires: y eso no puede ser así, porque los actos del Gobierno federal tienen efectos sobre todos los habitantes del país”.

Busso consideró que el Gobierno nacional está actuando al margen de la ilegalidad. “Me desplazaron sin argumentos ni explicaciones del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA), lugar en el que estaba como producto de un acuerdo entre todas las redes de comunicación no lucrativa del país”, y agregó: “Es un acto absolutamente arbitrario y autoritario”.

Un decreto a medida de Clarín

El referente de FARCO explicó que el decreto de modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por Macri modifica la Ley en sus aspectos esenciales: elimina las cláusulas antimonopólicas, desregula el cable (pasándolo al área de las telecomunicaciones) y elimina los organismos de aplicación de la Ley. “Más que modificarla –sostuvo–, la destruye; y hace todo lo que Clarín pretendió hacer cuestionando la Ley original, letra por letra, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2013”. Busso consideró: “Podríamos decir que se está modificando la Ley a la medida de sus negocios privados”.

A todo esto, también recordó dos declaraciones gravísimas del ministro Oscar Aguad en la última semana. “En la primera, sostuvo que la Ley no puede limitar el poder del Presidente de la nación. La verdad, decir eso es una aberración desde cualquier punto de vista, porque cualquier funcionario recibe un poder que le es otorgado por la Ley, la que a su vez le impone sus límites también: eso es la democracia”.

“Esa es toda una concepción contraria a la Ley de Medios argentina y a los tratados internacionales a los que estamos suscriptos como país y que forman parte de la Constitución Nacional.”

En la segunda declaración remarcada, Aguad expresó que la comunicación es una cuestión del mercado, y que los medios deberían quedar librados a la competencia empresarial. “Esa es toda una concepción contraria a la Ley de Medios argentina, primero –explicó Néstor Busso–, y a los tratados internacionales a los que estamos suscriptos como país y que forman parte de la Constitución Nacional, después”.

Esos tratados dicen que la comunicación es un derecho humano, y uno de los principios fundamentales de los derechos humanos está en la no regresividad. “Los derechos humanos no son algo que va y viene, sino que una vez instaurados ya quedan establecidos: es decir que no se puede volver atrás en materia de derechos humanos, y aquí claramente se está volviendo atrás”.

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LOS FALLOS QUE NO SON RESPETADOS

Todos estos elementos comentados por Busso, y muchos otros, fueron retomados por la jueza federal Martina Forns, en su fallo emitido el pasado lunes. “Ese fallo es realmente interesante –comentó Néstor–, porque analiza los fundamentos del decreto de modificación de la Ley, estableciendo que no se encuentra en ellos ningún argumento que justifique necesidad o urgencia”.

Por los motivos presentados en el fallo, y en el caso de que se quisiera alterar la Ley, la jueza consideró que en primera instancia debería recurrirse al parlamento. “Además –apuntó Busso–, no se está cumpliendo con nada de lo que está legalmente establecido y contemplado por el reglamento de la AFSCA, donde se contienen los procedimientos adecuados para remover a las autoridades del organismo”.

Según describió, ese procedimiento implica elevar una acusación que va al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA), donde, con la votación de dos tercios del organismo, alcanzaría para remover a las autoridades en caso de que su directorio no estuviera cumpliendo con la Ley.

“En el fallo se desarman las falacias de cada uno de los fundamentos en los que se sostiene el decreto de Macri –comentó Busso–. El trabajo de análisis realizado por la jueza fue realmente agudo: se utilizó jurisprudencia nacional e internacional, de forma muy contundente; y honestamente es llamativo que el Poder Ejecutivo se muestre tan irrespetuoso ante el dictamen judicial”.

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La situación actual consiste en que, aunque existen dos fallos muy bien fundamentados que suspenden los decretos de intervención, el Ejecutivo nacional no los respeta, y mientras tanto el Presidente sostiene que fueron apelados.

“Al respecto de eso último –señaló Busso–, hay que aclarar que la apelación debería primero ser tomada por una Cámara, luego ser tratada, y analizar si esa suspensión debe tener vigencia o no; es decir, si se mantiene la orden del juez en primera instancia, o si se revoca mientras se resuelve la cuestión de fondo”. Según adelantó el referente de FARCO, todo indica que la orden judicial es muy clara, y que actualmente los decretos de Macri están suspendidos.


 

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