Dos amparos y una lucha de treinta años

Dos amparos y una lucha de treinta años

Un amparo fue presentado por la jueza federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, Martina Forns, ante un planteo de la Cooperativa para la Comunicación Social de la ciudad de Castelar, partido de Morón, organización que representa a la Radio Comunitaria FM En Tránsito.

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FM en Tránsito, que presentó el amparo retomado por la Justicia

Por Claudia Villamayor

Otro amparo fue dispuesto gracias a una causa iniciada por ADDUC (Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores). El juez federal en los Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Iván Garbarino hizo la presentación.

El día 11 de enero de 2016, se conoció el fallo a favor que dio lugar a ambas iniciativas que ponen freno al desmantelamiento antirrepublicano de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual iniciado por el Gobierno de Mauricio Macri.

el actual gobierno acciona desde el primer día de su mandato un plan de políticas de comunicación que protege los intereses de las corporaciones monopólicas de medios.

Sin escrúpulos de ninguna clase, el actual Gobierno acciona desde el primer día de su mandato un plan de políticas de comunicación que protege los intereses de las corporaciones monopólicas de medios. Fiel a sus compromisos contraídos con el capital financiero y la concentración de empresas privadas de medios, telefonía celular y tecnologías digitales, cumple a rajatabla con favorecer los sectores concentrados de la economía a los que representa su plataforma política.

A través de tres Decretos de Necesidad y Urgencia (13/15, 236/15 y 267/15), insiste de manera sistemática en echar por tierra treinta años de lucha por el derecho a la comunicación de las organizaciones libres del pueblo: Universidades del Estado, organizaciones culturales, políticas, sindicales, mediáticas cooperativas, sin fines de lucro, de comunicación con identidad –pueblos originarios–, instituciones educativas.

Los jueces Forms y Garbarino frenan el avance totalitario de este gobierno para el que la comunicación es un negocio de quienes tienen el poder y la plata. De este modo, el directorio plural que preside Martin Sabbatella y los trabajadores de la AFSCA pueden volver a sus lugares de trabajo dispuesto por ley en legítimo derecho.

Lo anterior implica dejar sin efecto todas las medidas tomadas por la intervención ilegal y anticonstitucional del Gobierno macrista. Vale decir, se disuelve el ENACOM y se retrotrae todo lo dispuesto por su titular Miguel de Godoy.

Tanto Forms como Garbarino apelan en sus presentaciones a reiterar lo que es de dominio público: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 es una norma aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Los DNU constituyen de este modo una amenaza no sólo al ejercicio del derecho a la comunicación sino a un estilo de gobierno, pues prescinde de las cámaras de diputados y senadores para la toma de decisiones transversales en la República Argentina.

Martina Forns hizo lugar al planteo de la Radio Comunitaria FM En Tránsito, que es representada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, integrante del disuelto por DNU Comité Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC en Argentina).

La jueza Forns plantea en el documento presentado lo siguiente: “Considero, en este estado inicial, que resulta evidente, manifiesto y palmario que con el dictado de los decretos cuestionados en las presentes, se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo y se ha violentado el art. 165 de la ley”. Sostiene firmemente que el Ejecutivo nacional ingnora el carácter de la democracia al desconocer “la participación institucional del Congreso de la Nación y la de una institución de carácter Plural, Democrático y Federal como es el COFECA (que, además, fue infudadamente disuelto)”.

En el mismo sentido se lee en el documento presentado por el juez federal de CABA Iván Garbarino cuando expresa que “no se vislumbran defectos en la Ley 26.522 que requiriesen de una necesaria y urgente reparación que no admitiera la espera de alcanzar los consenso y mayorías necesarias que nuestra Constitución establece para la conversión en ley de las modificatorias pretendidas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Las presentaciones coinciden en sostener la vigencia del derecho a la comunicación, enfoque fundamentado en la LSCA 26.522. En un claro compromiso con la democracia, las organizaciones populares que las inician, luego de treinta años de lucha por la distribución de la palabra como bien social y no como un negocio de empresas concentradas, hacen oir su vos por la vía democrática de la Justicia y apelan al respeto por las instituciones y la república.

Tal como lo expresa Patricio Enciso Rivero en su nota de opinión del diario Tiempo Argentino: “Si pretendemos vivir en democracia plena, nuestras leyes e instituciones tienen que garantizar aquel derecho humano, el de investigar, tomar la palabra y poner a circular las ideas de todos los sectores de la sociedad. Nosotrxs, los medios sin fines de lucro, con nuestro trabajo, fortalecemos la participación en las entidades democráticas locales, y cumplimos la función de garantizar el acceso a la palabra de la ciudadanía”.

Ambas presentaciones tienen vigencia tres días hasta que se expida la autoridad competente en las cámaras federales nacionales. Oportunidad en la que Mauricio Macri y los poderes concentrados que representa, en especial al Grupo Clarín y la geopolítica mediática continental, inicien también por la vía judicial y el intervencionismo de mercado acciones para impedir la palabra, el derecho humano a la comunicación de las organizaciones libres del pueblo. Acción política coincidente con todos los gobiernos de facto de la larga y siniestra historia de golpes de Estado en la Argentina.

Antes de que esto suceda, de todos modos, no respetan ni amparos ni cautelares. Las puertas de las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual están blindadas con fuerzas policiales. El Gobierno macrista no respeta las leyes ni los procedimientos de una República. Antes bien, utiliza la militarización de sus decisiones autoritarias.

Descarga el fallo completo presentado por la Jueza 


 

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