Por Silvina Pauloni*

A un mes de la gestión de Mauricio Macri como presidente, más de 12 mil trabajadores estatales han perdido su empleo y otros 60 mil contratos se encuentran en revisión. Este gobierno ha justificado su ajuste asegurando que todos los despedidos son ñoquis, personas contratadas por su militancia en el kirchnerismo. Frente a este discurso, dirigentes opositores, afectados por las medidas y algunos sindicatos, temen que este sea el principio de una oleada de recortes mucho más profundos, producto de una persecución política o la llamada en la jerga popular: “caza de brujas”.

Los datos hablan por sí mismos. Unos 2.035 trabajadores del Senado se quedaron sin empleo, debido al decreto anunciado por la vicepresidente Gabriela Michetti, titular de la casa legislativa. También fueron despedidos unos 20 trabajadores de Vialidad Nacional, según denunciaron delegados gremiales de ese sector. Se han registrado 150 despidos en la jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación, incluso de personas que tenían más de cinco años de antigüedad. En tanto, el Ministerio de Cultura cerró de forma indefinida el Centro Cultural Kirchner, que tenía unos 710 empleados, de los cuales 600 no recibieron la renovación de su contrato.

El presidente Macri ordenó la suspensión de toda la programación de la radio Nacional Rock a partir del primero de enero de 2016, desde donde sólo se transmite música. Esta medida dejó sin trabajo a un grupo de jóvenes profesionales que trabajaban en ese medio desde hace varios años y que ya habían recibido la renovación de sus contratos.

Este gobierno ha justificado su ajuste asegurando que todos los despedidos son ñoquis, personas contratadas por su militancia en el Kirchnerismo.

A esto podemos sumarle la remoción de los directivos de los organismos que regulan las comunicaciones, los medios audiovisuales y hacen cumplir la Ley de Servicios en Comunicación Audiovisual, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC). En AFSCA y AFTIC han sido despedidos 63 directivos, que se suman a la destitución de Martín Sabbatella, quien ejercía como titular hasta el año 2017.

En  nuestra ciudad, unos 4.500 empleados fueron despedidos y han sufrido una brutal represión policial como respuesta a sus protestas. A este accionar se le suman los municipios de Quilmes, Coronel Vidal, Lanús y Campana entre otros.

En La plata, protesta y represión

Un ejemplo claro del ajuste apuntado hacia el trabajador es lo sucedido en La Plata. Semejante provocación solo busca internalizar la “cultura del miedo” y aún más: implica mostrar un “gobierno firme” que sólo busca desterrar cualquier pasado por más maravilloso que haya sido.

De esta forma, la Policía bonaerense reprimió con gases y balas de goma una manifestación que un grupo de trabajadores públicos despedidos realizaba frente a la Municipalidad de La Plata, en el marco de la rescisión masiva de contratos impulsada en el intendente Julio Garro.

Por su parte, el intendente justificó los masivos despidos al indicar: “Tomamos una decisión política: el 31 de diciembre decidimos no renovar los contratos de puestos políticos y empleados de papel; la ley nos ampara”.

Mientras todo sucedía, la cobertura del diario local El Día titulaba en su portal: “Garro: ‘los que hicieron esto van a quedar detenidos’”. La cobertura del medio local hizo hincapié en las declaraciones del intendente, publicando que “Garro habló de los incidentes registrados esta mañana frente a la Municipalidad, aseguró que estuvieron armados y desligó a los trabajadores que incluso habían participado de la protesta un rato antes”. Respecto de la decisión de revisar los 4.500 contratos que vencieron el 31 de diciembre, afirmó que “tomamos una decisión política y decidimos no renovar a quienes respondan a puestos políticos”.

Sin lugar a dudas, el medio a través de su nota justificó lo acontecido, y en ningún momento habla de represión, violencia, sino de “serios incidentes”.  Asimismo, menciona: “Hubo piedrazos, gases lacrimógenos y balas de goma y se vivieron momentos de tensión”. Estos “momentos de tensión”, como define el medio platense, se contradicen con la realidad vivida allí por el brutal atropello dirigido hacia los trabajadores, que vienen reclamando por una fuente de trabajo que les fue quitada, simplemente por incorporarse al empleo público durante otra gestión política.

Sin lugar a dudas, el día a través de su nota justificó lo acontecido, y en ningún momento habla de represión, violencia, sino de “serios incidentes”.

Muchos son los relatos que justifican y amparan el achicamiento del Estado, donde la finalidad última, más allá de perjudicar a los trabajadores, es enmascarar una verdadera persecución política.

Perseguidos podemos ser todos

La persecución política es consecuencia directa de la discriminación en la política que sufre la mayoría de las personas que tienen el valor de disentir, aunque sea de forma pacífica, del poder político. No es exclusiva de las dictaduras, también existe en las supuestas democracias. Existe en los poderes que se creen con el derecho de controlar al resto de la sociedad, bien por la fuerza de un Estado o por la fuerza de un mercado. Donde poco importa los derechos de los trabajadores.

Perseguidos podemos ser todos: la prensa, los medios, la Iglesia, la propiedad privada, políticos, profesores, trabajadores de todas las índoles.

En nombre de la gobernabilidad, la seguridad del Estado e inclusive la democracia, se viola la ley, se abusa del poder, se condena a inocentes y se reprime sin limitaciones. Estas dictaduras que se validan en sociedades democráticas usurpan los medios culturales, compran y negocian favores, se infiltran en los medios periodísticos para influir en un statu quo que los favorezca. Y la mayoría de las veces se dedican a una autentica  “caza de brujas”.

En nombre de la Gobernabilidad, la Seguridad del Estado e inclusive la Democracia, se viola la ley, se abusa del poder, se condenan a inocentes y se reprime sin limitaciones.

El término “caza de brujas” es utilizado comúnmente para acusar al gobierno que persigue a sus oponentes políticos en nombre de la seguridad nacional, y tiene su origen en la historia política reciente de Estados Unidos. En 1950, en un contexto de guerra fría, el senador por Wisconsin Joseph MacCarthy, bajo la excusa de proteger al Estado, desencadenó un proceso de acusaciones, denuncias y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas y homosexuales, considerados subversivos por naturaleza. Durante un discurso en el Club de Mujeres Republicanas de Wheeling (Virginia), MacCarthy sacó una hoja de papel que según él contenía los nombres de 205 comunistas que trabajaban en el Departamento de Estado, lo que provocó una avalancha de atención de la prensa.

Un mes después, la prensa ya hablaba de “macarthismo” y sus oponentes de “caza de brujas”. Ante cualquier denuncia, el Comité del Senado, que MacCarthy pasó a presidir, aplicaba la presunción de culpabilidad; era el acusado el que debía probar que no era comunista, ni simpatizante, ni espía para los soviéticos, y quien reconocía su culpa podía lavarla delatando a sus camaradas

No muy lejos estamos de esa historia. Hoy, bajo la actual administración de Cambiemos, que prometió impulsar una auditoría integral del Estado y de la Administración pública nacional para poder “sincerar” la herencia que dejó el gobierno de Cristina Kirchner, los trabajadores estatales deberán probar su no vinculación con el gobierno anterior, más allá de sus desempeños laborales.

¿Será que todos los empleados públicos que hoy están en la mira son “culpables” y sentenciados a ser “ñoquis” si no logran demostrar que no poseen ninguna simpatía o ideología que los relacione con el kirchnerismo? De lo contrario, ¿serán condenados a la hoguera?


* Codirectora del Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión (Ceid.tv) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP