Por Roberto Álvarez Mur

La declaración de emergencia sugerida por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y trasladada a Buenos Aires por María Eugenia Vidal la semana pasada, sienta una nueva apuesta de la gestión en provincia de Buenos Aires con vistas a un perfil punitivo de los sectores más vulnerables.

Un comunicado elevado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) asevera: “La emergencia en seguridad propuesta por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al igual que las emergencias anteriores, no está basada en indicadores fiables que demuestren el diagnóstico que se describe. Por lo tanto, no resuelven el problema de fondo, sino que buscan generar impacto mediático y sumar potestades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad, sobre todo en la disposición de los fondos públicos”.

Asimismo, el coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, Rodrigo Pomares, conversó con Contexto y explicó: “Es el hecho de declarar emergencia tras emergencia, haciendo uso de una normativa que en la provincia está prevista para situaciones de catástrofe y enmarcada de otro tipo de circunstancias”.

Además, Pomares sostuvo: “Nuestra crítica está puesta en que la emergencia es utilizada sin excepciones por todas las gestiones al inicio de las mismas, y siempre apuntan a un golpe de efecto social y no a una solución de fondo de los problemas que, a esta altura, ya sabemos cuáles son. Y el poder político también”.

En tanto, el referente del organismo de derechos humanos reclama que la seguridad pública debe asumir dos aspectos, al menos: “Uno, vinculado a la restructuración, profesionalización y democratización de la fuerza policial, y de la Bonaerense en particular; en segundo lugar, definir qué otro tipo de políticas y abordajes se van a tomar para modificar situaciones que han sido hasta ahora tratadas de manera ineficiente”

“Nuestra crítica está puesta en que la emergencia es utilizada sin excepciones por todas las gestiones al inicio de las mismas, y siempre apuntan a un golpe de efecto social.”

“A través de las emergencias de seguridad, lo que ha sucedido es un incremento de la vulneración de los derechos humanos. Lo hemos denunciado ya anteriormente, respecto a otros pronunciamientos de emergencia. Esto se refleja respecto del hacinamiento de los centros de detención, la violación sistemática de las libertades individuales, persecución de los sectores más vulnerables de la sociedad, incrementos de los casos de gatillo fácil”.

El discurso de la Guerra

La principal línea adoptada por Cambiemos se vinculó al tratamiento del narcotráfico, como argumento para reforzar las políticas de seguridad. Pomares explicó la gravedad de este perfil: “Nos alertan particularmente los discursos que, tanto durante las campañas como en la declaración misma de la emergencia, han gravitado respecto de políticas llamadas de ‘Guerra contra el narcotráfico’. Esto, si se quiere, es un cambio que podría significar un escenario de mayor violencia. Todos los países donde estas políticas se han implementado han generado altos saldos de muerte y de violencia, como también han contribuido al mercado de armas”.

Asimismo, el comunicado de repudio lanzado por la CPM expresa: “Es imperioso revertir la tendencia de las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo. Como tantas veces hemos insistido, se debe avanzar en el paradigma de una seguridad democrática –que ha contado con el acuerdo de amplios sectores– para abandonar las ‘emergencias’ y diseñar políticas de Estado que, en base a consensos amplios y datos fehacientes y objetivos, encaren políticas criminales orientadas a la problemática de los mercados ilegales y los delitos graves y complejos”.

“Todos los  países donde se aplicó la ‘guerra contra el narcotráfico’ han generado altos saldos de muerte y de violencia, como también han contribuido al mercado de armas.”

Mientras la declaración de emergencia en seguridad propone “fortalecer la institución policial y penitenciaria” y “potenciar sus áreas operativas”, la CPM ya presentó el informe anual donde señalan casi 7 mil casos de torturas denunciadas en contexto de encierro.