Por Florencia Abelleira

El estado en que se encuentran las cárceles argentinas es conocido: hacinamiento, alimentos en mal estado, ratas y falta de higiene en las celdas. Y cuando quienes viven en ese ambiente son niños pequeños o mujeres embarazadas, lo lógico –y lo establecido por las leyes nacionales e internacionales– es que esas madres con sus hijos pasen sus días en un lugar digno. Por eso, luego de una visita a la unidad 33 de Los Hornos, el juez Gabriel David dictó una medida cautelar para que se otorgue arresto domiciliario a las mujeres embarazadas y las madres alojadas con sus hijos. Sólo 19 de ellas lograron ser trasladadas, pero otras 57 aún no pueden hacerlo ante la resistencia de los juzgados que tienen sus causas.

Según Damián Barbosa, abogado penalista y referente de la Asociación Civil Reinserción Social y Dignidad, la medida “está visibilizando una problemática que muchos funcionarios conocen y muchos deciden mirar para otro lado”.

La decisión tomada por el juez David está basada en el Código Penal, que indica que las embarazadas y las madres con hijos menores de cuatro años deben cumplir arresto domiciliario.
Mario Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, explicó que esta ley suprema “establece como lugar de encierro el arresto domiciliario, como también otras alternativas, como puede ser el monitoreo, la obligación de presencia periódica en un tribunal o el control a través del patronato de liberados”.

“Las mujeres son el último orejón del tarro y aquí hay derechos humanos específicos comprometidos, como el derecho de las madres con niños”. Damián Barbosa, Asociación Civil Reinserción Social y Dignidad.

Ante la situación con la que se encontró David, este considero que el arresto domiciliario “es la medida que resulta más adecuada a las situaciones descriptas, de modo tal que permite salvaguardar los derechos de aquellas personas cuyas madres se encuentran encarceladas, en aras del interés superior del niño, y al mismo tiempo garantizar mediante una medida de coerción menos lesiva el interés persecutorio o bien punitivo, según sea el caso, del Estado”.

“No se puede mirar para otro lado cuando las mujeres son el último orejón del tarro, y aquí hay derechos humanos específicos comprometidos, como el derecho de las madres con niños, y hay que atender muy especialmente a los niños privados de libertad”, aclaró Barbosa.

Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la presidencia del Tribunal Provincial de Casación Penal, el total de detenidas en la Unidad 33 es de 246 mujeres, entre las cuales sólo 81 están penadas y las 164 restantes se encuentran procesadas, y un 66% aún no tiene condena. Del total de la población de ese penal, el fallo abarca un 30% de las reclusas, es decir, 76 mujeres.

Tal como explica el abogado penalista Barbosa: “Muchas de ellas están con prisión preventiva, es decir, muchas tienen el principio de inocencia y se encuentran esperando un juicio o la confirmación de la condena estando en un lugar de encierro, en un zoológico”.

Por su parte, Coriolano describió la Unidad 33 como un lugar “con celdas individuales, con problemas de falta de higiene, presencia de ratas, veneno para combatir los roedores que algunos nenes ingirieron y les generó convulsiones y peligro para la vida”. Según el abogado, es un contexto carcelario que está prohibido, que va en contra de la Constitución Nacional, inspirada en el valor central que es la dignidad. “Cuando uno se encuentra con cunitas y bebés de pocos meses de vida o algunos de 3 o 4 años con distintos signos psicofísicos del encierro, es todo un conjunto de datos que a la percepción es de un horror, de una situación de ilegalidad, pero también de inhumanidad en la naturalización de ese imagen”.

“Cuando uno se encuentra con cunitas y bebés con distintos signos psicofísicos del encierro, la percepción es de un horror, de una situación de ilegalidad, pero también de inhumanidad en la naturalización de ese imagen”. Mario Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

Algunas de estas mujeres que habían obtenido la prisión domiciliaria ya regresaron a la cárcel por disposición de los jueces a cargo. Otras pueden llegar a ser trasladadas de unidad penal, lo que puede ser aun peor. Los jueces que no avalaron la medida dispuesta por David no están respetando lo que dice la Corte Suprema ni los tratados de derechos humanos. Mientras tanto, Coriolano dijo que están evaluando y haciendo un seguimiento sobre los casos de estas mujeres. “Estamos controlando que su ejecución no genere ningún perjuicio en su implementación, que se base en la ley vigente”, aclaró.

Al menos, este tipo de iniciativas y la visibilización de esta problemática en la sociedad es siempre un avance. “Hay tantas injusticias en el ámbito penitenciario que cuando vemos este tipo de decisiones, como la que tomó el doctor David, a nosotros realmente nos genera esperanza”, concluyó Barbosa.