Por Alejandro Palladino

En los días posteriores a las elecciones del 25 de octubre, con el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, corrieron  en las redes sociales noticias que afirmaban que María Eugenia Vidal iba a cerrar los planes educativos populares FinEs y Envión. Como acostumbra el PRO a ponerse disfraces para camuflar su postura sobre temas cruciales de la actualidad, rápidamente la funcionaria macrista salió a desmentir la noticia que se expandía por la web.

En materia de educación popular para sectores desprotegidos, el futuro mandato de Vidal tiene antecedentes políticos muy claros en el gobierno de Mauricio Macri en la Capital Federal. La gestión del macrismo con respecto al Plan FinEs no alimenta esperanzas. “Para aplicar desde el primer día el FinEs en CABA tuvimos serias dificultades por las políticas educativas restrictivas del PRO”, dice a Contexto Luana Volnovich, responsable a nivel nacional del Programa.

Si bien el FinEs depende económicamente de la cartera educativa nacional, su ejecución administrativa está a cargo de los gobiernos de cada provincia y de Capital Federal.

“Para aplicar desde el primer día el FinEs en capital federal tuvimos serias dificultades por las políticas educativas restrictivas del Pro.”

Volnovich informa que en “Capital Federal el FinEs tiene sólo treinta comisiones, mientras que en la provincia hay más de 10 mil comisiones, 4 mil sedes, lo que representa el 80% de la matrícula nacional. Y ese dato no es sólo por la mayor demanda en la provincia de Buenos Aires; hay una voluntad manifiesta en la provincia por realizar este programa”.

Del lado del macrismo la postura ha sido opuesta. Los números desnudan los disfraces del PRO.

“En CABA es muy difícil –dice Volnovich–. Queremos abrir comisiones en los barrios para que aumente la cantidad de estudiantes, pero desde el PRO generan restricciones de todo tipo, como en la matrícula y en la inscripción”.

Volnovich agrega que “nuestro antecedente son las políticas de Mauricio Macri, con una marcada tendencia educativa de escolarización al estilo de escuela de adultos tradicional, que para nosotros es un formato que trae serias dificultades para garantizar el acceso real, porque los estudiantes del FinEs trabajan o tienen familia y se les hace difícil ir a estudiar cinco horas por día los cinco días de la semana, como reglamenta la escuela de adultos clásica”.

“Por esa política restrictiva y excluyente del PRO mucha gente de  CABA quiere terminar sus estudios con el FinEs y nos llaman al Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que preguntarles si viven cerca del límite con la provincia de Buenos Aires, porque en Capital Federal hay poquísimos centros.”

La exclusión educativa del macrismo destruye uno de los factores decisivos del FinEs: la cercanía entre las casas de los estudiantes y los centros donde se dan las clases. Incluso muchos planes se dan en lugares de trabajo para facilitar el acceso: en fábricas, empresas y sindicatos.

En muchas ocasiones los argumentos sostenidos por los sectores conservadores y su noción restrictiva de la educación es que el FinEs “degrada” la educación, sin considerar su principal rol: incluir socialmente a los estudiantes. Como si la educación formal institucional fuera una isla desconectada de las problemáticas que traen quienes asisten a estudiar.

“Hay un falso debate –sostiene Volnovich– que confronta la inclusión con la calidad educativa. Nosotros tenemos una política de inclusión para todos para generar los instrumentos necesarios y abrir las puertas de las aulas. Ellos tienen una postura educativa para pocos.”

El FinEs y su función social

La educación de jóvenes y adultos en el plan FinEs busca integrar socialmente a sectores desprotegidos. Su organización curricular e institucional genera criterios de flexibilidad y apertura a nuevos saberes que posibiliten la movilidad laboral, un objetivo político primordial de los últimos doce años.

“Nosotros tenemos una política de inclusión para todos para generar los instrumentos necesarios y abrir las puertas de las aulas.”

El plan FinEs fue creado como una política pública del Estado nacional a través de su Ministerio de Educación en 2008. Desde su puesta en práctica hasta diciembre de 2014, se han adscripto 1.800.000 estudiantes y egresaron gracias a esta política educativa 650 mil. A su vez, dando cuenta del carácter social inclusivo de este programa, los egresados tienen la posibilidad de continuar sus estudios terciarios y universitarios.

Los egresados del FinEs tuvieron la semana pasada otro motivo positivo para seguir estudiando: la reciente aprobación en el Congreso de la ley que resuelve garantizar la gratuidad de la Educación Superior.

Esta medida fortalece la presencia del Estado en el financiamiento de la Educación Superior en las Universidades públicas en todo el territorio nacional, al tiempo que la considera un “bien público” y un “derecho humano”. Esta ley, cuyo proyecto fue elaborado por la diputada nacional Adriana Puiggrós (FpV), modifica puntos clave de la Ley 24.521 de Educación Superior, con vigencia desde 1995 en gobierno menemista.

Con esta nueva ley, el PRO mostró una vez más su postura frente a la educación pública: en 2013 votó en contra en Diputados, mientras que ahora sus senadores nacionales, Gabriela Michetti y Diego Santilli, se ausentaron.

“A cualquier estudiante que hoy tiene duda y no sabe qué va a pasar con el plan FinEs el año que viene lo invito a ver los números de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli y los de la Ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri”, sostuvo Volnovich.

En febrero de 2015, el ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó, firmaron un convenio para llevar acciones conjuntas destinadas a potenciar el desarrollo del Plan FinEs, para profundizar el derecho educativo de los jóvenes y adultos.