Por Manuel Protto Baglione

El diario del multimedios cuestionó la reforma de la Ley de Educación Superior, mencionando que “flexibiliza los requisitos para que un alumno siga siendo regular” y cita a “expertos” que la califican de demagógica. Con sólo raspar un poco la superficie de la nota aparecen las contradicciones de siempre: la obviedad de sus intereses le gana a su capacidad para disimularlos.

Es casi una costumbre: cada vez que hay anuncios destacados en materia de política educativa, los medios opositores recurren a personas que se supone que saben sobre educación, y que son presentados como especialistas en el campo, como autoridades en la materia, con todo lo evidente que tiene esa definición.

En esta ocasión, resulta por lo menos inquietante que los dos “especialistas” que citan para hablar sobre el sistema universitario estatal tengan una destacada trayectoria formativa en universidades privadas.

En esta ocasión, resulta por lo menos inquietante que los dos “especialistas” que citan para hablar sobre el sistema universitario estatal tengan una destacada trayectoria formativa en universidades privadas. Llama la atención que, en el caso de Mónica Marquina, doctora en Educación Superior por la Universidad de Palermo y con un master en Educación Superior cursado en Boston, el medio privilegie mencionar su pertenencia a la Universidad Nacional de General Sarmiento. A Marcelo Rabossi directamente lo presentan como investigador de la Universidad Di Tella.

Probablemente también tengamos que reflexionar aquí desde la lectura sobre los resultados del último domingo. Es notorio cómo, sin dejar de ser tremendamente reaccionaria y discriminadora, esa prensa ciegamente opositora ha sabido adoptar en parte nuestra lengua política: ellos hablan ahora de inclusión y democratización, citan a estos autores que se preocupan porque “los alumnos universitarios de los sectores más pobres tienen el doble de probabilidad de abandonar los estudios antes de graduarse que los de los sectores más ricos”, como dice Rabossi. Pero, ¿de qué manera es posible considerar que abrir más las Universidades puede ser algo contraproducente con el objetivo de mejorar la calidad de nuestro sistema? Cuidado: siempre y cuando consideremos que la calidad no es darle clases a los “mejores”, sino aprender con todos, dar más clases, apostar a los estudiantes una y otra vez y saber reconocerlos como sujetos con habilidades y saberes que es imperioso poder recuperar con la mayor velocidad posible para nuestras instituciones; y no como sujetos de la sospecha, imagen que se habilita al mencionar la flexibilización de los requisitos para ser alumno regular, que ni siquiera es verdad.

Es muy interesante que se convoque al debate, a la reflexión sobre las políticas educativas, pero este tipo de materiales periodísticos claramente no buscan eso, sino simplemente atacar las políticas de educación que viene ejecutando el gobierno y la mayoría de las Universidades públicas últimamente. No creemos que desde las Universidades privadas no se pueda estudiar el sistema público estatal, cuestionarlo y proponer transformaciones. El problema está particularmente en el modo en que se enuncian esas críticas y los actores políticos que se legitiman como interlocutores para esa discusión. En ese sentido, la demagogia de Clarín respecto del discurso que identifica calidad con selectividad en el marco de una política de premios y castigos es una mano constantemente tendida.