Por María Belén Rosales*

El cuerpo de Sacayán, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bixesuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), fue hallado sin vida en un domicilio según informó la Policía. Diana Sacayán recibió en 2012 su DNI de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Defendió su identidad de género autopercibida como mujer trans y también apoyó desde su lugar en el MAL causas como el cupo laboral para personas trans en la cartera pública de la provincia de Buenos Aires.

Karina Nazabal, diputada del FpV bonaerense, fue quien presentó el proyecto de ley del cupo laboral trans. “Fue un proyecto de ella. Yo como diputada lo acompañé, pero era algo que Diana impulsó desde incluso antes de la Ley de Identidad de Género. Realmente estamos de luto porque ella era una luchadora. Creo que si hay un legado que Diana le deja a todas las personas trans es, sin duda, el del cupo laboral. Tuvo la valentía de militarlo frente a todos y también estuvo junto a nosotros en todas las instancias del proyecto”, dijo Nazabal.

Este año el reclamo para que se haga justicia fue y es el más repetido por personas de corporalidades feminizadas que viven o sobreviven a diario a la violencia de género. Ellas y familiares de víctimas han sido lxs protagonistas de la concentración en el Congreso nacional y en más de setenta ciudades del país, bajo la consigna #NiUnaMenos, el 3 de junio, y este fin de semana en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. El hito de estas intervenciones colectivas en la arena pública insta a la reflexión sobre la violencia de género y el desafío de la batalla cultural para la transformación de un orden simbólico de género violento, jerárquico y excluyente que conforma la trama de la cultura y que reproduce un orden que subyuga a las mujeres, la disidencia sexual y lxs sujetxs abyectxs.

En la República Argentina se han concretado grandes avances en lo que concierne al reconocimiento de la igualdad de derechos, cuestión en cuyo tratamiento el país ocupa una posición de liderazgo en la región y hasta en el mundo. Pero cabe destacar que esto no hubiera sido posible sin la incansable lucha que lxs militantes y las asociaciones LGTBI llevan a cabo desde principios de los ochenta. Esto, sumado a que el gobierno presidido por Néstor Kirchner incorporó la cuestión de los derechos humanos como política de Estado, y en su discurso incluyó por primera vez a la población diversa como parte de ellos.

Por ejemplo, la Ley de Matrimonio Igualitario aprobada en el año 2010 fue la primera gran conquista política de los sectores diversos frente a los grandes grupos hegemónicos nacionales. Los activistas decidieron plantear primero el debate por el Matrimonio Igualitario para de esta manera generar un quiebre en la sociedad e instalar el tema de los derechos de la diversidad sexual en general, difundir información y sensibilizar a la población. Se impulsó además, de esta manera, un avance cultural que se puede ver claramente en la aprobación de la Ley de Identidad de Género, casi por unanimidad.

La Ley de Identidad de Género establece el derecho al cambio de nombre, sexo e imagen en el DNI y demás documentos oficiales sin otro requisito que el consentimiento informado de la persona, respetando así la identidad de género “tal y como cada persona la siente profundamente”. Este quizás es el punto más importante de la ley, porque de esta forma las subjetividades trans dejan de ser subjetividades marginales y sujetxs patológicxs, para ser constituídxs por parte del Estado como sujetxs políticxs.

Aunque en la actualidad las identidades trans son cada vez más visibles y las cuestiones en torno a ellxs cada vez más discutidas y manifiestas, los problemas concretos de las identidades trans y las identidades normativas no han sido del todo superados. Por el contrario, en la mayoría de los países ser trans convierte al sujetx en objeto de vigilancia, control y estigmatización. En este marco, pese a los avances normativos, la repetición de estos casos nos induce a asumir la necesidad de profundizar el trabajo articulado en red con actores provenientes de espacios académicos, gubernamentales y de la sociedad civil alertando y trabajando críticamente sobre la reproducción de la dominación de género y la estigmatización y discriminación por sexo o género en todos los campos de la vida social.


* Laboratorio de Comunicación y Género, FPyCS, UNLP.