Por Daniel Cecchini

“Partimos de una concepción clara, de fuerte contenido ideológico, que define al medicamento como un bien social y no como una mercancía. Por eso, entendemos que es el Estado quien debe garantizar a la población el acceso a los medicamentos. En este sentido, la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) le permite al Estado cumplir un papel rector en la articulación de los recursos profesionales y científicos, como así también en la producción de medicamentos, que se realiza en todos y cada uno de los laboratorios públicos que existen en las distintas provincias de país. En definitiva, de lo que se trata es de regular un área estratégica, como la de producción de medicamentos, que involucra la vida y la salud de los argentinos”, dice Patricio De Urraza, presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.

Doctor en Bioquímica y actualmente vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), De Urraza es el primer titular de este organismo, creado a principios de este año luego de un largo proceso cuyo origen podría buscarse en las respuestas que se intentaron dar desde las provincias, los municipios y las Universidades a la imposibilidad de comprar medicamentos al sector privado luego de la crisis económica y social de 2001. Como describió con crudeza la diputada Ana Carolina Gaillard al presentar en el Congreso nacional el proyecto de ley para la creación de la ANLAP: “Fue en ese momento cuando los laboratorios de producción pública abastecieron al subsector público, porque los laboratorios privados no querían venderle más al Estado porque este no quería pagar”.

“la creación de la ANLAP le permite al Estado cumplir un papel rector en la articulación de los recursos profesionales y científicos, como así también de la producción de medicamentos, que se realiza en todos los laboratorios públicos del país.”

De esas respuestas casi desesperadas se inició un camino que tuvo uno de sus hitos más importantes con la conformación de la Red de Laboratorios de Producción Pública (Relap) en 2007, la creación del programa de producción pública de medicamentos en 2008, que podría considerarse como el precursor de la ANLAP, y la sanción de la Ley 26.688, en 2011, que declaró de interés estratégico la producción pública de medicamentos, y del decreto reglamentario 1.087 del año 2014, que estableció la prioridad en la adquisición de medicamentos por parte del Estado nacional de lo producido por los laboratorios públicos.

“El primer proyecto se presentó en 2004. Mi impresión personal es que, como no surgió de la bancada del Frente para la Victoria, al principio no tuvo demasiado peso. Estábamos recién en los inicios del gobierno de Néstor Kirchner. De todas maneras, el proyecto arrancó nuevamente cuando fuimos a exponer a la Cámara de Diputados en 2006, como espacio político de la producción pública. La ley se aprobó en 2011, pero cayó en un largo letargo y recién en 2014 se reactivó, ahora sí con la activa participación de algunos diputados del Frente para la Victoria. Finalmente, en enero de este año, la Ley 27.113 declaró de interés nacional estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública y creó la agencia”, recuerda De Urraza desandando el camino.

Así, en la última década, lo que fue un paliativo ante una emergencia se transformó en una política de Estado que abre importantes perspectivas para el futuro.

Remedios para todos

En la Argentina existen más de treinta laboratorios públicos, que dependen de gobiernos provinciales, gobiernos municipales o de distintas Universidades nacionales. Algunos de ellos cumplen con las regulaciones de producción y calidad que establece la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en tanto que otros no. Por eso, uno de los objetivos fundamentales de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos es articular y coordinar su accionar, así como también trabajar para que sean cada vez más los que cumplan con los requisitos de la ANMAT. “La mayoría de los laboratorios son provinciales, con capacidad de producción industrial. Contamos con alrededor de 35 unidades de producción de medicamentos, y en esos 35, la mayoría son unidades de producción de medicamentos hospitalarios”, explica De Urraza.

“La mayoría de los laboratorios son provinciales, con capacidad de producción industrial. Contamos con alrededor de 35 unidades de producción de medicamentos, y en esos 35, la mayoría son unidades de producción de medicamentos hospitalarios.”

De acuerdo con lo que establece la ley, la ANLAP deberá diseñar la política pública en materia de producción, investigación y desarrollo de medicamentos; orientar la producción al subsector público de la salud; llevar registro de laboratorios públicos que existan en las distintas provincias. También deberá promover la compra centralizada de principios activos para que lo producido por los laboratorios públicos sea más competitivo y permita abaratar los costos de los medicamentos.

Para facilitar el cumplimiento de estas funciones, en su directorio, además de dos miembros designados por el Poder Ejecutivo, la ley integró también a un representante del Consejo Federal de Salud. Además, tiene un consejo consultivo formado por distintos organismos sociales, científicos, técnicos y representantes de los trabajadores.

La identificación de la demanda es, a juicio del presidente de la agencia, una prioridad. “Tenemos que identificar la demanda por sectores. Por un lado está el sector de las obras sociales, en términos globales, dentro del cual hay que destacar que el principal comprador es el PAMI. Después, de lo que podríamos llamar el lado más solidario, están las obras sociales sindicales, gremiales y provinciales, y por otro lado está el mercado de las organizaciones prepagas. Todos estos son los actores que intervienen en la cadena. Después está la demanda hospitalaria, lo que sería el sector público estatal, por un lado, y privado, por otro, pero el que más influye ahí es el público estatal. Asimismo, lo que aparece como una fuerte demanda es el Plan Remediar, que es el que más impacta como política, en términos de llegar a sectores donde otros no llegan. Desde la red de producción creemos que los laboratorios podrían incidir en la provisión de ese sistema que es el más necesario y más solidario de todos. En definitiva, con todos los datos en la mano, tenemos que tomar la decisión de qué producir y cómo hacerlo de la mejor forma en términos de la sustentabilidad de producción”, analiza De Urraza.

Lo público y lo privado

En la Argentina existen cinco cámaras que nuclean a alrededor de 250 laboratorios, de los cuales un centenar son de capitales multinacionales y el resto de capitales exclusivamente nacionales. Con una concepción puramente mercantilista de la producción de medicamentos, estas cámaras suelen actuar como cartel y fijar los precios de los medicamentos sin tener en cuenta la estructura de costos. En ese sentido, otra de las misiones de la ANLAP es establecer una estructura de costos para garantizar el acceso de nuestra población al medicamento como bien social, que sea de calidad y de bajo precio.

Por esta razón, todo el proceso de promoción y racionalización de la producción pública de medicamentos fue seguido con inquietud por la industria farmacéutica privada, uno de los complejos económicos más poderosos a nivel mundial. “Hicieron lobby, pero como la producción pública en términos de volumen de producción no los afectaba demasiado, yo creo que hicieron lobby porque no querían que a futuro se convirtiera en una potencial amenaza”, dice De Urraza.

Otro aspecto en el que el accionar de la ANLAP supone un beneficio para las arcas públicas y para el acceso a los medicamentos por parte de la población tiene que ver con la clarificación de los costos reales de producción y del abaratamiento de costos en la compra de insumos. “Tenemos que establecer los costos reales de producción. Y obviamente ahí hay que apuntar a los costos que son más turbios, que están inflados. Eso, en términos operativos y en términos políticos, significa soberanía política y económica”, explica De Urraza, y agrega: “Hay un punto muy importante, de carácter técnico, que tiene que ver con la sustentabilidad de la ecuación económica. Porque hoy los laboratorios públicos están comprándole a los intermediarios, entonces nosotros tenemos que incidir allí desde el inicio del proceso. Lo que nos proponemos es intervenir en la logística para evitar a los intermediarios. Hoy, ellos están comprando y después nos revenden. Nosotros, como objetivo estratégico, deberíamos pensar en ampliar nuestra capacidad, no sólo como país, como Estado argentino, sino también como región, como patria grande. Tenemos que hacernos fuertes para comprarle al fabricante directo, evitando a los intermediarios. Es una estrategia importante, porque encarada en términos regionales cambia la escala y nos da mucho mayor poder de negociación. En ese sentido, la propuesta planteada en la Unasur de crear un banco de datos con precios de referencia de medicamentos les permitirá a todos los Estados negociar el precio de los insumos con los laboratorios en base a referencias regionales y, por lo tanto, con mucha más fuerza”, concluye.

La estrategia de Unasur

La Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) propició en agosto pasado la creación de un banco de datos con precios de referencia de medicamentos para asistir a los Estados parte en las compras de fármacos.

“El proyecto del banco es prioritario en la agenda de la Unasur, porque el renglón de Medicamentos es uno de los que más pesa –entre 25 y 30%– en el gasto de salud de los suramericanos”, dijo Ernesto Samper, presidente del bloque, tras la reunión donde se analizó la iniciativa.

De acuerdo con la iniciativa, el banco “servirá para que los decisores políticos en materia de salud de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela negocien el precio de estos insumos con los laboratorios en base a referencias regionales”.

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Los objetivos de ANLAP

– Relevar la situación de los laboratorios públicos del Programa de Producción Pública de Medicamentos.
– Conocer la demanda pública de medicamentos a nivel nacional y regional.
– Coordinar acciones intraministeriales (ANMAT), interministeriales (Ciencia y Tecnología, Defensa y Cancillería) y con el Consejo Federal de Salud, para definir políticas públicas nacionales y provinciales para la producción pública de medicamentos.
– Definir líneas estratégicas para enfermedades olvidadas y reemergentes, inmunobiológicos, y para la ampliación del vademécum del Plan Remediar.
– Estimular las interacciones regionales.

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