Por José Welschinger

Por toda respuesta, ante la avalancha de denuncias de asociación ilícita y sobreprecios que componen al escándalo de corrupción en el que se encuentra sumergida la gestión del gobierno porteño, Mauricio Macri declaró estar “muy tranquilo”. Quien no está tan tranquila al respecto es la periodista y legisladora Gabriela Cerruti, autora de El Pibe, investigación biográfica sobre la vida y los negocios del líder del PRO, cuya reedición presentará a las 17hs en el rectorado de la UNLP junto a Florencia Saintout y Hernán Brienza.

Sobre el mediodía del martes, Cerruti presentó ante la Justicia una denuncia por omisión maliciosa y falsedad ideológica contra el candidato presidencial de Cambiemos, basada en las incongruencias que figuran en las declaraciones juradas de bienes presentadas por el jefe de Gobierno porteño. “Estamos trabajando desde la mañana con un equipo de abogados”, explicó Cerruti en la mañana de Radio Nacional, “analizando las declaraciones y contando la cantidad de bienes y empresas con nombres cruzados o cambiados que se declaran en el texto”. Y agregó: “Esto no es un error o una confusión: las diferencias son demasiado grandes”. De acuerdo a lo presentado por la legisladora porteña, Macri entregó ante la Oficina de Anticorrupción dos declaraciones juradas de bienes, una correspondiente al período de gestión que ejerció durante 2014 y otra nueva, con ocho días de mora, acorde a su presentación como candidato a Presidente. “Pese a que ambas declaraciones corresponden a 2014 –afirmó Cerruti–, de su simple confrontación surge la existencia de diferencias sustanciales entre los activos y pasivos declarados”. Además, la legisladora porteña por Nuevo Encuentro sostuvo que en su denuncia también se le solicita a la Justicia que investigue la posible existencia de negociaciones incompatibles con la función pública, según lo estipulado por el artículo 265 del Código Penal; particularmente, en cuanto a la subcontratación de obras públicas realizadas en la Ciudad Autónoma. Cerruti declaró: “Creemos que se deben revisar muchos de los préstamos otorgados al empresario Nicolás Caputo, uno de los principales contratistas que tiene la ciudad en materia de obras públicas”. La conexión con Caputo forma parte de lo que la periodista considera un entramado de empresas del que Macri intentó blanquear su nombre. “Es una fachada para ocultar los negociados que se han llevado adelante en los últimos años”, acusó Cerruti.

la legisladora porteña por Nuevo Encuentro sostuvo que en su denuncia también se le solicita a la justicia que investigue la posible existencia de negociaciones incompatibles con la función pública, según lo estipulado por el artículo 265 del Código Penal; particularmente, en cuanto a la subcontratación de obras públicas realizadas en la ciudad autónoma.

Entrevistada por Victor Hugo Morales en los instantes previos a realizar la denuncia, la legisladora calificó el contenido de su presentación como un resumen de varios delitos que pueden englobarse en lo que legalmente es considerado falsificación de instrumento público: “Una de las dos es falsificación de un documento público –explicó–, porque son completamente diferentes: no sólo valúan distinto las propiedades, sus casas y sus campos en un caso y en el otro, sino que en una hay una cuenta suiza con 7 millones de dólares que falta en la otra”. En una de las declaraciones juradas analizadas por Gabriela Cerruti junto a su equipo, Mauricio Macri declara que Nicolás Caputo le debe un préstamo de 10 millones de pesos, mientras que, según la otra, le debe 18. En una, se detalla la propiedad de 27 millones de pesos en acciones que en la otra no existe.

En cuanto al pedido de investigar la relación del gobierno porteño con Nicolás Caputo, Cerruti explicó que sus empresas recibieron, en lo que va de este año, 450 millones de pesos por contratación directa, y un total de 1.600 millones en lo que va de la gestión del PRO en la ciudad. Contradiciendo las declaraciones de Macri, quien aseguró que en sus ocho años de gestión nunca se elevó ninguna causa contra su partido, Cerruti afirmó que existe una trama de corrupción que rodea al macrismo históricamente, con escándalos que se remontan a los años en los que Mauricio empezó a manejar las empresas de su padre, Franco, particularmente notable durante aquellos en los que estuvo al frente del Gobierno porteño. “Gracias a una enorme protección mediática, y al apoyo de un sector de la sociedad –sostuvo Cerruti en el programa de Víctor Hugo–, ha manejado los negocios públicos de la manera que quiso”, y señaló que aún persiste la impunidad y la cobertura mediática que amparó sus delitos, ya que “las pruebas están en los documentos”.

Una denuncia tras otra

La denuncia presentada por la legisladora porteña se suma a las realizadas en las últimas semanas contra el equipo de gestión del PRO, todas en relación con las irregularidades presentes en las cuentas de la cartera del Gobierno de la ciudad autónoma. Luego de que Fernando Niembro declinara su candidatura a primer diputado por Cambiemos, tras conocerse los contratos adjudicados por la Ciudad de manera directa a su productora La Usina por más de 20 millones de pesos, el PRO comenzó a ser blanco de múltiples denuncias por parte de distintos medios de comunicación, que figuraban como acreedores de cuantiosos pagos recibidos en concepto de pauta oficial. Las irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios llegaron hasta el fiscal federal Federico Delgado, quien intimó al Gobierno porteño a que le facilitara los informes correspondientes para analizar el curso de acción judicial correspondiente ante las denuncias. Sin embargo, las causas se siguen sumando, ya que, a una semana del pedido de informes, nuevas señales radiofónicas de Río Negro y Chubut denunciaron que figuraban en los detalles de las rendiciones de cuentas porteñas, cada una por montos cercanos a los $150.000. Lejos de ser novedad, las denuncias presentadas por medios de comunicación contra el gobierno de Macri se remontan a 2010.

Para Gabriela Cerruti, este accionar ilícito del PRO se produjo bajo la connivencia del “monopolio mediático”, sector aliado al partido opositor, que operó para ocultar sus maniobras. “Macri es el empresario emblemático de lo que sucedió en la Argentina a partir de 1976 –sentenció Cerruti–, es el empresario que negoció con la dictadura para que estatizara sus deudas, parte de los que deshuesaron al Estado durante los años noventa”.