A principios de septiembre, los integrantes de radio Ahijuna encontraron datos publicados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su sitio web que indicaban que les había concedido 618 mil pesos en condición de pauta publicitaria, cuando en realidad el monto era de 35 mil durante el período 2013-2014.

Ahijuna es una radio comunitaria de Bernal, conformada como cooperativa de trabajo, y se encontró con que otras emisoras y medios populares colegas se preguntaban lo mismo: qué significa esa abismal diferencia entre lo que le facturan mes a mes al gobierno porteño con lo que este dice que les paga a cambio de publicidad.

Inmediatamente, desde la radio decidieron iniciar acciones legales, y el 9 de septiembre quedó asentada la denuncia penal ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El martes 29, los integrantes de Ahijuna se presentaron ante la Justicia para ratificar que quieren que se esclarezca qué ocurre con los fondos que el macrismo destina a la propaganda política.

En la denuncia, la radio imputó al secretario de Comunicación Social, Pablo Gaytán, y al secretario de Medios, Miguel de Godoy, por presunto peculado, falsificación de documentos privados y lavado de activos. La causa se caratuló como “Gaytán, Pablo y otro sobre malversación de caudales públicos”.

Son muchos los medios alternativos que a partir de esta denuncia comenzaron a descubrir que los datos brindados por el Gobierno de la Ciudad no coincidían con la facturación real.

Luego de la denuncia de Ahijuna, se sumaron otros ejemplos: Gente de Radio, de Bariloche, descubrió que figuraba con una facturación de 151.015,30 pesos, cuando en realidad recibieron 13.500 pesos; la radio Ciudad FM 100.3, de Coronel Moldes, también señaló que recibió 26 mil pesos, pero figura con 518.555 pesos; FM Energía, de Río Cuarto, denunció que durante tres años cobró mil pesos mensuales y en la página web aparece un monto de 524 mil pesos. Peor aun los casos de FM Alas de El Bolsón y Canal 4 de Misiones, que nunca facturaron nada y figura 149 mil pesos en el primer caso, y 4.654 pesos en el segundo. La lista se extiende hasta un total de catorce medios que están en las mismas situaciones y la diferencia en los montos suma 9 millones de pesos que no se sabe a dónde fueron. “Lo que nosotros estamos haciendo como un modo de facilitar la investigación y aportarle más datos al fiscal es convocar a otras emisoras que estén en la misma situación a que presenten sus escritos y se sumen a la denuncia que ya está abierta; que no se multipliquen las causas sino que se puedan canalizar a partir de esta que ya le ha dado curso el fiscal”, explicó Martín Iglesias, director de Ahijuna, quien intuye que hay más emisoras engañadas.

¿Empresas fantasmas?

Iglesias indicó, a su vez, que como Ahijuna no es proveedora directa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por estar ubicada en el conurbano, las facturas están emitidas a un intermediario que hace de “bolsero”. En su caso, el cliente era Media Cruz, en un principio, luego Publiespacios, y por último, el nombre cambió a Dclas S.R.L., que está inscripta como una empresa textil.

Según aparece en la denuncia penal, “Estas empresas y sociedades cambiarían sus denominaciones y sus domicilios con frecuencia, los cuales no coincidirían con las direcciones de facturación. De ese modo, Media Cruz se habría transformado en Publiespacios S.A. (integrada por Brenda Matarazzo y su madre Stella Maris Citria), luego en SDV Media S.R.L. (cuyo titular sería Sebastián de Vertiz), y finalmente en Dclas S.R.L., cuyo objeto social es la venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos textiles y la venta de embarcaciones”.

A días de las elecciones presidenciales y con una mochila en la espalda que lleva las denuncias por las contrataciones con Fernando Niembro –quien enfrenta una causa por lavado de dinero–, la transparencia del gobierno macrista vuelve a ponerse en tela de juicio. Aunque el jefe de gobierno de Capital Federal aseguró que se debió a un “error de carga” y dieron de baja la página web con los datos de la pauta publicitaria.

“El dictamen es claro en relación al desvío de fondos, lo dice el fiscal y también ha tomado otros casos de distintas partes del país que surgen a partir de nuestra denuncia. Lo que hace es enlazar los distintos elementos que han circulado durante estos días y también la denuncia penal que hizo el Canal 4 de Posadas”, dijo Iglesias.

Mientras tanto, el fiscal Federico Delgado le pidió al juez Martínez de Giorgi que “se intime al área correspondiente” del gobierno que conduce Mauricio Macri, para que “realice un informe pormenorizado sobre el destino dado a los fondos consignados como pauta publicitaria a todas las emisoras mencionadas, las irregularidades detectadas en la contratación de los proveedores publicitarios, y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA”. Para el director de la radio Ahijuna, “el fiscal tendrá que investigar a qué se dedican estas empresas y cuál es la relación que tienen como intermediarias con el Gobierno de la Ciudad”.