Por Maximiliano Ceci

“Pudimos reconstruir cómo trabajaba el Grupo de Tareas Número 5. Estaba formado por ocho grupos y el más activo en la zona de Berisso, La Plata y Ensenada estuvo conformado por Prefectura Naval”, explicó Claudia Bellingeri, directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. La perito detalló a Contexto el archivo presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, en la causa que juzga a cinco ex jefes de la Armada y tres de la Prefectura, entre los que se encuentran el ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek, de 91 años, juzgado además en el juicio ESMA III, y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (B.I.M. 3), José Casimiro Fernández Carro.

La CPM entregó al Tribunal, que preside el juez Carlos Rozanski, un informe con legajos y documentos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y de la Prefectura Naval. En las próximas audiencias, los jueces tomarán declaración testimonial a Bellingeri en carácter de testigo de contexto, para que explique la burocratización y administración del terrorismo de Estado. “Presentaremos y proyectaremos los organigramas que dan cuenta de la cadena de mandos. Estos archivos resultan determinantes para establecer las cadenas de mando, estructuras operativas y sistematicidad de las acciones represivas desplegadas por la Fuerza de Tareas (FUERTAR) 5 durante la última dictadura”, explicó.

“Estos archivos resultan determinantes para establecer las cadenas de mando, estructuras operativas y sistematicidad de las acciones represivas desplegadas por la FUERTAR 5 durante la última dictadura”, explicó Claudia Bellingeri de la CPM.

“Esto nos va a permitir complejizar el delito, definir cuáles eran los blancos que focalizaban los mecanismo de inteligencia y juzgar como delitos de lesa humanidad a los responsables de la tarea de inteligencia, que era la acción previa al secuestro, tortura, asesinato y desaparición de las víctimas del terrorismo de Estado”, dijo Bellingeri.

El accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvo como soporte principal un exhaustivo trabajo de inteligencia estatal cuya acción principal era la persecución política, en el marco de la denominada comunidad informativa. Para eso, fue imprescindible la existencia de un burocrático sistema basado en el fichaje y archivo documental y un sofisticado entramado territorial.

“Una parte de la elevación a juicio se realizó a partir de un informe de la CPM de 2012 sobre algunas víctimas del sistema represivo de la Armada. También aportamos documentos que hablan del conocido Placintara (Plan de Capacidades Internas de la Armada), de 1975, que se constituyó en norma para la organización de los objetivos de cada Fuerza. En Berisso y Ensenada, el operativo estuvo abocado a los trabajadores”, agregó Bellingeri.

“También aportamos documentos que hablan del Placintara de 1975, que se constituyó en norma para la organización de los objetivos de cada Fuerza, que en Berisso y Ensenada estuvo abocado a los trabajadores.”

Muchos de los legajos que contiene el informe de la CPM describen las detenciones de trabajadores de Swift, Astillero Río Santiago, YPF y Propulsora Siderúrgica (del grupo Techint) a partir de la caracterización de “activistas gremiales”, lo que señala la especial persecución desplegada por la Marina contra el movimiento obrero en la zona de Berisso, Ensenada y La Plata.

“La instrucción de esta causa tiene más de seis años, y el material documental que aportamos desde la CPM es muchísimo. Pudimos reconstruir la cadena de mando del FUERTAR 5 –fuerza de tareas compuesta por miembros de la Armada y de la Prefectura Naval–, un aspecto fundamental para la demostración de las responsabilidades de los imputados y de otros que no están sentados en el banquillo”, agregó.

En ese planificado e ilegítimo circuito de producción de información, la DIPPBA desempeñó un papel fundamental. Las leyes orgánicas y los decretos que reglamentan el funcionamiento interno dan cuenta de la jerarquización y de la condición secreta de los servicios de Inteligencia a partir de la asunción del coronel Ramón Camps como jefe de Policía. Esta decisión significó, de hecho, una militarización de las fuerzas de seguridad: los medios policiales quedaron bajo control directo de la autoridad militar y, durante el desarrollo de sus misiones específicas, ejecutaron acciones contra la “subversión”.


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