Por Darío Artiguenave*

Esta semana, algunos medios nacionales se hicieron eco[1] de una noticia en la que se anunciaba un proyecto de ley ingresado en la comisión de educación del Senado nacional que propone “Políticas para el Fortalecimiento de la Formación Docente”, impulsado por el bloque del Frente para la Victoria en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Docente y el Ministerio de Educación.

En la mayoría de los medios se titulaba “buscan por ley que los mejores alumnos sean docentes”[2], haciendo un particular recorte de un texto normativo que pretende mucho más que lo allí citado y negando una historia de acciones que se vienen realizando en cuanto a la formación de formadores a nivel nacional.

el “Fondo Nacional para la Formación Docente” pretende fijar un piso para que el 0,2% de los ingresos públicos sean destinados al área.

El fundamento principal de la iniciativa, y lo que de algún modo se dejaba al costado en las noticias, es la constitución por ley del “Fondo Nacional para la Formación Docente”, que pretende fijar un piso para que el 0,2% de los ingresos públicos sean destinados al área, lo que entra en consonancia con la direccionalidad política promovida por la Ley 26.206 de Educación Nacional aprobada en 2006, que elevó el piso del financiamiento educativo al 6% del Producto Bruto Interno, además de incorporar una serie de artículos en los que el Estado garantiza el acceso a la educación buscando los mecanismos para la igualdad de oportunidades en el marco de la promoción y protección de derechos.

Sólo en alguno de los medios se hizo alusión a esta parte, pero sí se centraron en la iniciativa de tentar a los jóvenes con la docencia, pero leído desde una óptica liberal. El texto del proyecto de ley propone “incentivar a los estudiantes con desempeño académico destacado y vocación” a promover la carrera docente, lo que en la mayoría de las noticias fue traducido mediante el fallido de hablar de “los mejores alumnos” o “los mejores promedios”.

La Ley Nacional impone el mandato de inclusión educativa mediante “educación integral, permanente y de calidad”.

Dicho fallido trasluce el sentido común instalado que asocia calidad con alto rendimiento y altas notas, dejando de lado la mayor parte de lo que hoy en día implica el esquema educativo. La Ley Nacional impone el mandato de inclusión educativa mediante “educación integral, permanente y de calidad”. Esta iniciativa va en esa direccionalidad, proporcionando una nueva herramienta que media el mandato para permitir a los estudiantes interesados continuar una carrera como educador promovido y sostenido por el Estado, mediante una beca que sería el equivalente a medio salario inicial docente.

La integralidad de la educación es una mirada que se sigue escapando en los análisis de los “expertos” consultados por los medios, tal vez porque prefieren esconder esa perspectiva desde los intereses que sostienen.

Estas miradas sobre los mejores promedios van siempre atadas al ideal meritocrático de que los que obtienen mejores notas son los que más se esforzaron, o los que más se interesaron, escondiendo las desiguales condiciones de las que parte la mayoría de los estudiantes.

Desde la perspectiva que impulsa el Estado se propone que es necesario apoyar las trayectorias educativas de aquellos que no cuentan con las condiciones ideales, y para ello se han creado una infinidad de iniciativas que permiten acortar la brecha educativa, para mejorar su desempeño en la escuela, pero pensando que esa condición se desarrolla también más allá de la escuela.

Estas miradas sobre los mejores promedios van siempre atadas al ideal meritocrático de que los que obtienen mejores notas son los que más se esforzaron, o los que más se interesaron, escondiendo las desiguales condiciones de las que parte la mayoría de los estudiantes.

Allí reside la diferencia ente las trayectorias educativas, que implican ver todo lo que es educativo y que se aprende también en la casa, en los medios, en el club, en la esquina, con los amigos, en los juegos o en Internet, es decir, todo lo que no es intencionalmente educativo pero que forma a los sujetos; y las trayectorias escolares, lo que ocurre dentro de los establecimientos educativos, donde hay sí una intencionalidad formativa específica.

Pensemos en programas como Conectar Igualdad, el más reciente Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, las propuestas de Canal Encuentro y PakaPaka, la Asignación Universal por Hijo, PROG.R.ES.AR, las políticas del cuidado y la Ley de Educación Sexual Integral, también los Centros de Actividades Juveniles o Infantiles (CAJ y CAI), el Programa de Orquestas y Coros, Teatro en las Escuelas, Jóvenes y Memoria, Programa de Centros de Estudiantes, Radios Escolares, las Mesas Socioeducativas y una infinidad de iniciativas de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas que pueden confundirse con actividades extracurriculares, o extraescolares, pero que tienen el sentido político de promover una diversidad de espacios (que también son parte importante en la vida de los y las estudiantes) comprendidos de manera integral en las trayectorias educativas en pos de mejorar y fortalecer las trayectorias escolares de los niños, niñas y jóvenes de todo el país.

Por el mismo sentido, esta iniciativa, que en los medios masivos parece plantearse como una novedad, en realidad responde a una serie de esfuerzos que se vienen realizando desde 2003 a partir de un cambio de eje en las políticas públicas que pone a la educación como núcleo en función de la ampliación de derechos.

Ejemplos estructurales de las iniciativas en este sentido impulsadas por el proyecto de Estado iniciado por Nestor Kirchner y continuado por Cristina Fernández sobran: la realización de más de 1.900 nuevas escuelas y otras 900 en construcción, 11 nuevas universidades, más de 5 millones de netbooks en escuelas de todo el país, a lo que se suman una cantidad de incentivos económicos mediante becas, PROG.R.ES.AR y AUH.

En lo específico de la formación docente también existe una historia. La creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) en 2007 es otra de las acciones que van en la misma dirección.

Uno de los reclamos históricos del sector docente ha sido la capacitación, y sobre todo la que se realiza en servicio (en las escuelas y durante el horario de trabajo). En ese sentido, desde la creación del INFD se ha logrado una coordinación nacional de los centros de formación de educadores de nivel terciario, y en los últimos años se instrumentó el Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, en el que se incorporan una serie de programas de actualización y formación para docentes de manera presencial y virtual, de manera gratuita, haciendo frente a un perverso mercado monopólico y privado que movía a los docentes a pagar para conseguir puntos, pero sin obtener propuestas de formación significativas.

El año pasado las propuestas del Programa realizadas en servicio alcanzaron a 18.500 escuelas, lo que implicó unos 400 mil docentes y 23 mil directivos, y este año se llegó a 35 mil escuelas y unos 700 mil docentes (del total de 1 millón de docentes que componen el sistema público argentino). Es una propuesta situada que dura tres años y que es acreditada por el propio sistema en las escuelas.

En paralelo a este esquema se lanzaron dos líneas más. Una con cursos presenciales en todo el país, propuestos y dictados por 100 institutos de formación docente, 26 Universidades nacionales y los 5 sindicatos docentes, que alcanzó durante el año pasado a más de 160 mil educadores.

La otra en línea formativa, y tal vez la de mayor impacto, son las Especializaciones Superiores, carreras de dos años de duración, con 400 horas de cursada, que se realizan mediante la plataforma virtual del programa.

Esta línea comenzó en 2012 con la Especialización en Educación y TIC que ya cuenta con más de 5 mil egresados. A lo que el año pasado se sumaron las propuestas de Especializaciones Superiores en Alfabetización, Ciencias Sociales, Derechos Humanos, Escritura y Literatura, Políticas Socioeducativas, Matemáticas para primaria, Matemáticas para secundaria, y Educación y TIC para primaria, entre todas con más de 155 mil cursantes en este momento.

Propuestas organizadas de manera universal, destinadas a todos los niveles, centradas en la escuela para producir problematización conceptual y teórica para reflexionar sobre las prácticas concretas. Gratuitas, rompiendo así con la lógica mercantilizada que reinaba sobre la formación docente y el pago por puntaje. Realizadas de manera federal para que los docentes puedan interactuar en las aulas virtuales con colegas de todo el país y de ese modo promover intercambios y cruces de miradas en función de las distintas realidades. Y en función de un acuerdo paritario con los cinco sindicatos docentes nacionales, respondiendo a una demanda histórica del sector.

Este proyecto de ley debe ser celebrado, en tanto propone instaurar por ley un piso de financiamiento para la formación y la promoción de las vocaciones docentes. Lo que no se puede negar, ni ocultar, es que esta ya sea una visión de este proyecto de Estado que se manifiesta, en parte, en la ejecución de las políticas y acciones propuestas en estos párrafos.


* Docente, investigador de la FPYCS. Becario de la UNLP.

[1]    Y digo eco porque la nota se transcribía casi textual en la mayoría de los medios, con ligeras modificaciones.

[2]    http://www.infobae.com/2015/09/22/1757068-por-ley-quieren-que-los-mejores-alumnos-del-secundario-sean-maestros

      http://www.eldia.com/la-ciudad/buscaran-que-los-mejores-alumnos-de-la-secundaria-sean-maestros-85048

      http://www.clarin.com/sociedad/formacion_docente-ley-proyecto-estudiantes-secundaria_0_1435656490.html