Por Alejandro Palladino

El panel “Violencia Institucional: agencias, regulaciones y complicidades”, organizado por el espacio de derechos humanos de la la Facultad de Trabajo Social, se adentró este viernes en temáticas como las prácticas rutinarias de “violencias menores” en las calles: cacheos en la vía pública o averiguación de antecedentes arbitrarios, que posibilitan y hacen algo normal la posterior brutalidad de torturas y homicidios.

También en las identidades cargadas de estigmas que los jóvenes adquieren para sí a partir de su constante relación de conflicto con la Policía y el peso que reciben de la condena social; y sobre los modelos políticos oligarcas que en la historia argentina han hecho un uso sistemático del aparato coercitivo de las fuerzas de seguridad para beneficio de los intereses económicos concentrados.

Los casos recientes en La Plata de Juan Martín Yalet, asesinado de un balazo en la cabeza dentro de un patrullero por la Policía bonaerense, y el disparo que recibió Rafael Cobo en un centro cultural platense por parte de un policía local fuera de su horario de servicio, son ejemplos de esta lógica represiva y dan cuenta de la imperiosa necesidad de poner constantemente sobre la mesa este tema y buscar desde su complejidad posibles soluciones.

Hubo un uso sistemático del aparato coercitivo de las fuerzas de seguridad para beneficio de los intereses económicos concentrados.

Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria y referente del Movimiento Evita, en diálogo con Contexto previo al inicio del panel, expuso su opinión sobre estos casos: “Lo que hay que discutir en el caso de Rafael Cobo es la portación de armas fuera del horario de servicio. Legislar para no permitir que un policía, después de su trabajo, ande con un arma por la calle”.

Agregó que “la Policía arrincona a los pibes, los marca a la espera de encontrarlos en un robo para buscar la excusa y sacárselo de encima mediante ese modus operandi clave, que responde a consignas sociales instaladas, como ‘algo habrá hecho’ o ‘un chorro menos’”.

Sobre estas afirmaciones, una investigación llevada a cabo en 2012 por la Comisión Provincial por la Memoria (presente en el “Informe anual 2015: el sistema de la crueldad IX”), con la intención de echar luz ante la situación de asesinatos perpetrados por efectivos policiales en el espacio público, reveló que la mayoría de los casos se produjeron fuera del horario laboral, ante víctimas que no están en condiciones de encierro ni de custodia y en casos de intentos de robo. Además, las armas utilizadas para estas circunstancias son pertenencia del Estado y las víctimas son, en el 80% de los casos, jóvenes entre 15 y 24 años.

Durante el panel, Grosso hizo énfasis en el carácter integral de la violencia institucional: “Las responsabilidades no son sólo de la Policía como algo aislado. Pertenecen también a las distintas agencias que intervienen, como la Justicia y ciertos sectores de la opinión pública y el periodismo, que nombran a los pibes como el mayor enemigo social”.

“¿Cómo se encubre al crimen organizado?”, lanzó el diputado. “Metiendo presos a los pibes pobres, que son la mano de obra barata del delito producto del entramado policial-judicial que lo hace posible”, respondió. “Esto hay que combatirlo generando organización y participación popular para desarmar el monopolio del terreno que tiene la Policía, mediante la conducción política y con leyes adecuadas”, completó.

Posteriormente, habló de la historia del péndulo en Argentina entre peronismo y oligarquía y la relación con la violencia de Estado: “Los que alambraban la pampa exterminando a nuestros pueblos originarios y disciplinando como mano de obra a nuestros gauchos, para enriquecerse ellos solos, son los que hoy tienen la misma lógica: si antes avanzaban sobre los campos desparramando muerte, ahora lo hacen con sus planes de seguridad para un país de unos pocos nuevamente”.

Mecanismos de control social

Los otros dos panelistas desde el campo académico fueron Esteban Rodríguez Alzueta, especialista en violencia institucional (UNLP y UNQ), y Eugenia Cozzi, de la cátedra de Criminología y Control Social de la UNR-CONICET-UBA.

Alzueta habló de “los mecanismos de control social informal”, refiriéndose al dispositivo ilegal que crea la Policía en estrecha sintonía con narcotraficantes y la Justicia, “mientras que los pibes de los barrios son reclutados como mano de obra barata para mantener este funcionamiento delictivo”. La Policía como lazo entre el mercado legal y el ilegal, sentando los marcos de previsibilidad y posibilidad para la reproducción de estos funcionamientos impunes.

“si antes avanzaban sobre los campos desparramando muerte, ahora lo hacen con sus planes de seguridad para un país de unos pocos nuevamente.”

Ese mecanismo se produce mediante los “toques de queda cotidianos”: los policías que patean los barrios y le marcan la cancha a los jóvenes. “Acá no podés estar; qué hace un negro en el mundo del blanco; qué hace el incapaz de acceder al consumo en el mundo del consumo”, reflexionó.

Las identidades que forjan los pibes de sectores populares fue el tema tratado por Cozzi, desde sus investigaciones en la Universidad de Rosario. Señaló que “el hostigamiento continuo de la Policía, esa relación de muerte diaria sumada a las estigmatizaciones sociales, producen que muchas veces los pibes se identifiquen a sí mismos como tiratiros”.

Cozzi dio datos sobre el aumento de la tasa de homicidios en Rosario el último año: la tasa era históricamente baja, cerca de la del 9 de cada 100 mil del promedio nacional. Hoy la tasa es de 23 cada 100 mil. Mientras tanto, los medios dominantes, nacionales y de esa ciudad, continúan remarcando la “guerra narco” de la ciudad santafesina sin profundizar las complejidades sociales que implica.