Por Leandro Gianello

La lucha encarada por el Gobierno nacional y Renatea para multiplicar y efectivizar los derechos de los trabajadores agrarios dio un paso esta semana al conocerse un nuevo beneficio, una remuneración, para las víctimas de trata laboral que son detectadas en las inspecciones en el sector rural.

Las estimaciones indican que el empleo rural en Argentina tiene un alto grado de informalidad. Según cálculos realizados en 2012 por el Instituto de Desarrollo Social Argentino, el 75% de los trabajadores que llevan a cabo tareas dentro de este sector productivo se encuentran en negro o no están registrados.

En pos de enfrentar esta situación, el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) impulsa políticas públicas y genera canales para reforzar el vínculo con los eslabones más débiles de la cadena laboral, que en la gran mayoría de los casos son peones y jornaleros que se desplazan por todo el territorio nacional en búsqueda de una oportunidad de trabajo.

En noviembre del año pasado, durante una fiscalización rutinaria en una finca en Albardón, provincia de San Juan, el organismo detectó la presencia de once trabajadores rurales hacinados en un galpón en condiciones infrahumanas, que motivó una presentación judicial y el arresto posterior del propietario del lugar, el empresario Aldo Jorge Carrascosa.

El caso representa el primer castigo efectivo que se aplica en el país a un responsable de trata laboral. Ahora, las víctimas de abusos de este tipo podrán acceder también a la compensación económica propuesta desde Renatea mediante la resolución 526/2015.

los encargados del lugar “nos tuvieron como perros, con un colchón en el piso, sin luz ni baño”, en un galpón.

Contexto pudo acceder en exclusiva al testimonio de dos de los trabajadores tucumanos que fueron rescatados durante ese operativo, quienes declararon que el dueño y los encargados del lugar “los tuvieron como perros, con un colchón en el piso, sin luz ni baño”, en un galpón, hacinados, desde que llegaron a la finca y durante todo el tiempo que permanecieron allí.

“Nos prometieron comida y plata, pero nunca lo cumplieron”, indicaron los trabajadores afectados. “No nos quisieron pagar. Íbamos a reclamar y se negaban a hacerlo, nunca cumplieron con nada de lo que nos prometieron. Ni un poco de azúcar nos daban”, aseguró Cristian Torres, uno de los afectados.

“Ni agua potable tuvimos. No había nada. Teníamos que sacarle al vecino o ir al pueblo caminando, que estaba a más de tres kilómetros”, contó Torres, que asimismo indicó que las pocas veces que los transportaban de un lugar a otro, lo hacían “como vacas y chanchos”.

“Ni agua potable tuvimos. no había nada. teníamos que sacarle al vecino o ir al pueblo caminando, que estaba a más de tres kilómetros.”

El testimonio evidencia una práctica usual entre algunos estancieros, dueños de tierras o empresas que gestionan extensos cultivos comerciales, refrendada en los hechos por los operativos, que lograron rescatar de esa situación en lo que va del año a casi cien personas, que se suman a las 749 liberadas en 2014.

“No les importó si teníamos para comer”

san juan
Otros de los testimonios. Fuente: RENATEA

“Fuimos con la intención de traer a casa unos pesos, pero nos encontramos con gente que nos llevó con engaños y no les importó si teníamos para comer o sobrevivir. Lo único que hicieron ellos (los dueños y encargados) fue tirarnos ahí y que Dios nos ayude”, sentenció otra de las víctimas de trata laboral rescatadas en la finca sanjuanina.

“Cuando llegamos, primero fuimos a parar a una casa que era para cinco personas, y nosotros éramos cuarenta. Después dijeron que nos iban a separar para que estemos más cómodos y nos llevaron en camión a otro lugar sin luz ni agua y con un baño en muy malas condiciones”, expresó el trabajador, trazando gráficamente los padecimientos a los que fueron sometidos durante su estadía.

Las leyes vigentes son claras respecto de las obligaciones de los empleadores vinculadas a las condiciones de vida de los trabajadores rurales, en referencia a la higiene, agua potable, vivienda y alimentación.

La novedosa resolución del Renatea viene a complementar las acciones del organismo creado en diciembre de 2011, que trabaja en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para coordinar las inspecciones que buscan detectar los posibles casos de explotación laboral, como los expresados en esta nota.