Por Roberto Álvarez Mur

La aparición sin vida de un interno de la Unidad Penal de Lisandro Olmos, con una bolsa en la cabeza y tapado con una frazada, significó la novena muerte en prisión en 2015 y afirmó, una vez más, la crudeza del sistema penitenciario argentino, cuyas cifras de brutalidad y desamparo aumentan año a año.

“Lo cierto es que el Servicio Penitenciario Bonaerense hace lo que quiere en las cárceles, y eso se debe a una falta de regulación firme por parte del Estado”, dijo a Contexto el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, impulsor de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

“La superpoblación de las cárceles, producto del abuso de la prisión preventiva, arroja al hacinamiento a cientos de pibes que funcionan como descarga de todos los males de la sociedad. Se deposita en las cárceles a los pobres y a los más vulnerados, ya que son el último eslabón de la cadena y nadie se preocupa por ellos. En ese sentido, no existe en absoluto un mecanismo de reinserción social para ellos, y son arrojados al olvido”, expresó Grosso.

Según estadísticas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), sólo en las prisiones bonaerenses la cantidad de muertes sucedidas rejas adentro asciende a un promedio de 128 por año, entre 2008 y 2014, a causa de peleas entre internos o de torturas y maltratos de los propios guardias. En 2014 hubo 28 homicidios en unidades penitenciarias bonaerenses, y hay registro oficial de 1.136 denuncias por casos de torturas entre 2013 y 2014. Esto forma parte de los 23.949 hechos de violencia registrados por el balance, donde confluyen amenazas entre y hacia internos, vejaciones y falta de atención sanitaria.

“además del nivel de negligencia del Estado para controlar esta problemática, hay una porción importante de la sociedad que avala este mecanismo de castigo y abandono hacia los presos.” Leonardo Grosso, diputado nacional FPV.

“Hay que entender que, además del nivel de negligencia del Estado para controlar esta problemática, hay una porción importante de la sociedad que avala este mecanismo de castigo y abandono hacia los presos”, dijo Leonardo Grosso.

El Penal Nº 1 de Lisandro Olmos ocupa uno de los primeros lugares en la lista de las cárceles de mayor peligrosidad para la vida, no sólo por el nivel de violencia instalado en sus pabellones, sino por la precariedad de celdas infestadas de ratas e insectos, falta de agua y luz, y los malestares provocados por la comida podrida, con hongos y fermentada, cuando no la hambruna durante días.

Según constata el balance realizado por la CPM, en el penitenciario platense, las llamadas leoneras –estrechos espacios en un largo pasillo, delimitados por rejas, a manera de jaulas–, los presos son amontonados de a grupos para dormir en el piso: “En algunas de las leoneras no sólo había mucha humedad, sino que además tenían cataratas de agua que provenían de los caños rotos de los pisos superiores. Los detenidos debían hacer sus necesidades en el piso y, como ni siquiera hay bancos, permanecían mojados con agua y orina, no teniendo siquiera un espacio resguardado para comer”.

El documento, además, señala cómo el Servicio Penitenciario Bonaerense justifica la violación de derechos básicos en función de procedimientos administrativos, argumentando que “dichos espacios se utilizan para la circulación de detenidos y que los mismos sólo se encuentran alojados allí por pocas horas”. La mayoría pasa más de tres días enjaulados en las leoneras.


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