Por Maximiliano Ceci

“Es importante que en Argentina se sepa lo que pasó, porque cuando uno es consciente de los atropellos y es consciente de los derechos, hace que sea muy difícil que nos vuelvan a avasallar”, dijo a Contexto Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la Provincia, en referencia a la firma de convenio que creará oficialmente el Espacio de Memoria que funcionará en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Pozo de Banfield”. En el acto institucional que se desarrollará hoy también estarán presentes el secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

“Es importantísimo que haya un espacio donde se puedan tocar estos temas. Eso sí, con discreción y el tacto necesario para abordar esta cuestión, porque tampoco queremos hacer de la política de memoria una política sangrienta. No tiene ningún sentido y no le sirve a nadie”, dijo Carlotto en referencia al lugar ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet, donde estuvieron detenidos muchos de los jóvenes platenses secuestrados el 16 de septiembre de 1976, durante la Noche de los Lápices.

“Cuando uno es consciente de los atropellos y es consciente de los derechos, hace que sea muy difícil que nos vuelvan a avasallar.”

fotitos para contexto-02 (1)El acuerdo propone la creación de una Comisión Interjurisdiccional integrada por representantes de las áreas de derechos humanos de nivel nacional, provincial y municipal, con el amplio mandato de abocarse a las tareas de preservación, recuperación, resguardo y transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Se trata del mismo mecanismo previsto para los Espacios de Memoria de El Faro, en Mar del Plata, y el de Las Flores; y similar al puesto en marcha en Comisaría V de La Plata, que inauguró el gobernador Daniel Scioli en marzo pasado.

La Comisión creada deberá garantizar la convocatoria a sobrevivientes, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, con el fin de promover su participación en el diseño y los contenidos del Espacio, que deberá profundizar y consolidar las investigaciones que permitan conocer el destino y reivindicar la identidad y las luchas de los detenidos-desaparecidos por un país más justo, equitativo, y su vinculación con las transformaciones pendientes para la plena vigencia de los derechos humanos.

El hecho de que los genocidas estén juzgados es un ejemplo no sólo para Argentina y Latinoamérica, sino para el resto del mundo.

“La política de Memoria, Verdad y Justicia es una de las políticas más importantes en materia de derechos humanos. El mundo reconoce el trabajo hecho en Argentina. El hecho de que los genocidas estén juzgados es un ejemplo no sólo para Argentina y Latinoamérica, sino para el resto del mundo. Creo que todos los argentinos deberíamos estar contentos de que no somos desmemoriados y que, cuando hay voluntad políticas, las cosas se hacen”, concluyó Carlotto.

El acuerdo que se firmará signará una nueva etapa, que tendrá como objetivo definir e implementar todas las acciones tendientes a la preservación edilicia del sitio y a la recuperación, resguardo y transmisión de la memoria en relación con los hechos acontecidos en la región durante el terrorismo de Estado, en el marco de un proyecto integral de promoción y defensa de los derechos humanos.

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El Pozo de Banfield

En el predio que se convertirá en Espacio de la Memoria funcionó la sede de la Brigada de Homicidios y las direcciones de Seguridad, Investigaciones e Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

El centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Banfield formó parte del denominado Circuito Camps, tal como se conoce a la red de 29 centros ilegales de detención comandada por los ex generales Ramón Camps y, luego, Ovidio Pablo Ricchieri, que en su mayoría funcionaron en dependencias de la Policía provincial del conurbano bonaerense y La Plata.

El 18 de abril de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) efectuó una inspección ocular, verificando que allí funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.

En el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consta que el denominado Pozo de Banfield comenzó a concentrar ilegalmente detenidos por la organización paraestatal Triple A (AAA) desde finales del año 1974.

A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se estima que permanecieron secuestrados y fueron sometidos a torturas en el lugar cerca de 350 hombres y mujeres perseguidos por razones políticas, entre ellos los estudiantes secundarios platenses que protagonizaron los hechos conocidos como Noche de los Lápices, y víctimas de la denominada Operación Cóndor, coordinación represiva ilegal entre las dictaduras del Cono Sur.

También se encuentra acreditado que en el sitio funcionó una maternidad clandestina, donde fueron apropiados niños y niñas nacidos durante el cautiverio de sus madres, algunos de los cuales han podido recuperar su identidad a partir de la lucha y el trabajo incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo y de las políticas de Estado en materia de Derecho a la Identidad.

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