Por Daniel Cecchini

El tipo se mueve por el tribunal como Pancho por su casa. Si se le dijera a alguien no avisado que acaban de traerlo de la cárcel de Batán, donde tiene obligada residencia debido a que está imputado por crímenes de lesa humanidad, no lo creería. Porque no se comporta como un acusado, sino como un fiscal o, quizás, un juez. Ese comportamiento resultaría ridículo –incluso hasta provocaría risa– si no fuera porque los jueces que integran el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata (Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas) se lo permiten, lo avalan. Tratan al tipo como a un apreciado colega y no como lo que es: un acusado al que deben juzgar.

El tipo se llama Gustavo Demarchi y es uno de los once integrantes de la patota parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria imputados por siete de los muchos más asesinatos que cometieron como parte del aparato terrorista del Estado durante 1974 y 1975 en esa ciudad.

Los otros acusados son Marcelo Arenaza, Juan Carlos y Juan Pedro Asaro, Luis Roberto Coronel, Mario Ernesto Durquet, José Luis Granel, Raúl Viglizzo, Roberto Alejandro Justel, Raúl Rogelio Moleón y el militar retirado Fernando Alberto Otero.

Demarchi fue fiscal federal en Mar del Plata durante muchos años, incluso en 1974 y 1975, cuando, además de integrar la patota de la CNU, se encargó de recibir las denuncias de los asesinatos que perpetraba el grupo para cajonerlas debidamente y que nunca se esclarecieran. Tan bien lo hizo, que esos crímenes recién llegaron a juicio cuarenta años después.

Demarchi fue fiscal federal en Mar del Plata durante muchos años, incluso en 1974 y 1975, cuando, además de integrar la patota de la CNU, se encargó de recibir las denuncias de los asesinatos que perpetraba el grupo para cajonerlas debidamente y que nunca se esclarecieran.

Ahora, apelando a su condición de abogado, pidió al Tribunal que le permitiera ejercer su propia defensa. Tiene derecho a hacerlo, pero no a tomarse las libertades que le otorga graciosamente el Tribunal, como la de interrogar de manera directa a los testigos en lugar de hacerlo a través de su codefensor. Tanto aprecio parecen tenerle los jueces a Demarchi que, para permitírselo, contradicen una resolución expresa de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que decidió que el tipo no pudiera interrogarlos para evitar que fueran revictimizados. “Es tremendo ver a la derecha pura y dura en acción. Y al presidente del tribunal consintiendo todo lo que Demarchi plantea y llamándolo ‘doctor’ todo el tiempo. Es una situación que asusta. Salí conmocionada”, le contó a este periodista una asistente a las audiencias que no forma parte de las querellas.

Pero el Tribunal no se contenta solamente con dejar que Demarchi se mueva a sus anchas. También tomó otras decisiones que llaman la atención. Una de ellas fue la de amenazar con expulsar de la sala a familiares de las víctimas que llevaban sobre sus espaldas pañuelos con los nombres de los muertos por la patota y la leyenda “Asesinado por la CNU”. Una medida que recuerda uno de los más tristes episodios del juicio a las juntas de comandantes.

Los tiempos tampoco son los deseables. El Tribunal se reúne una vez cada quince días. Si se tiene en cuenta que hay más de 150 testigos esperando declarar, el horizonte de la Justicia se ve demasiado lejos.

Querellantes y organismos de derechos humanos se quejaron de estas situaciones en una carta dirigida a la Cámara de Casación, que ahora pidió un informe a los jueces.

Mientras tanto, el tipo y el resto de los acusados siguen disfrutando de los beneficios de cierta manera de practicar la Justicia.


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