Por José Welschinger

La situación fronteriza entre Venezuela y Colombia continúa inestable luego de que el presidente bolivariano Nicolás Maduro decretara el estado de excepción sobre cinco de los principales municipios ubicados a lo largo de los 2.200km de línea limítrofe. El coordinador de la Red de Apoyo a la Revolución en Argentina, Matías Capeluto, explicó a Contexto que “la situación de contrabando y paramilitarismo en la frontera es apremiante y genera un marco de mucha violencia e ilegalidad”.

El referente de RAR en Argentina explicó que la situación actual en la frontera está complejizada por la presencia de los denominados “bachaqueros”, ciudadanos colombianos o venezolanos que compran los productos subsidiados por el Estado de la República Bolivariana y los revenden luego en territorio colombiano obteniendo enormes ganancias. “Un kilo de harina –ejemplificó Capeluto–, vale diez veces menos en Venezuela; y como el traspaso de un país al otro en esa zona es muy simple (se puede cruzar a pie o en auto), muchas personas tienen arreglos con las autoridades interjurisdiccionales para dedicarse al contrabando”.

El referente explicó a su vez que gran parte de la producción de alimentos subsidiados de Venezuela, cerca del 30%, está yéndose ilegalmente a Colombia, lo que genera desabastecimiento y sobreprecios y un elevado margen de excedentes para quienes se dedican a esa actividad ilegal. “Si comprás un kilo de harina a $1, caminás media hora, y lo vendés a $10: se calcula una ganancia del 90% en cada producto contrabandeado”, detalló.

Esto conlleva para el gobierno de Maduro una fuga de divisas, ya que la moneda venezolana se mueve a Colombia sin filtros. Además, en esa zona es donde se cotiza el dólar paralelo de Venezuela, donde la brecha entre el oficial y el ilegal es u$s1/6.30 bolívares en el cambio oficial, a u$s1/550 bolívares en el mercado negro. “Es un factor que sabotea cualquier intento de sostener una política económica equilibrada”, sostuvo Capeluto.

Ese factor hace que resulte imprescindible para Venezuela cerrar el paso por la frontera y decretar un estado de excepción. De llegar a ser aplicada, la medida implicaría un compromiso bilateral con la intención de solucionar la cuestión del contrabando y el paramilitarismo que sostienen al mercado negro, ya que no existe otra forma de intervención que permita regularizar la actividad en la zona. El coordinador argentino de la RAR explicó: “La gente que cambia dólares ilegales puede vivir un mes en venezuela con u$s100. Acceder a ese cambio no es difícil, incluso en Caracas se puede conseguir el cambio a 450 bolívares. Para contrarestar la situación, lo que hizo Maduro fue emitir moneda de bajo valor, billetes de $2, de forma que se volviera cada vez más inviable mover grandes cantidades de billetes sin despertar las sospechas de las autoridades”.

Además del contrabando de alimentos, los colombianos que pasan ilegalmente la frontera utilizan los servicios e incluso se llevan el combustible venezolano, también fuertemente subsidiado por el Estado. Luego de que Maduro decretara el estado de excepción, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas descubrieron en el estado Táchira una red de explotación sexual, que involucraba a unas quinientas personas de nacionalidad tanto colombiana como venezolana. Además, fueron desmantelados centros de acopio en los que se almacenaba la producción alimenticia, de limpieza e higiene personal de los venezolanos, que eran destinados al contrabando hacia Colombia. Como resultado de la intervención, casi 120.000 migrantes colombianos indocumentados fueron repatriados durante la semana.

“Como región –comentó Matías Capeluto–, se trata de un territorio marcado por la violencia paramilitar, de altísima corrupción e irregularidad”. Y agregó: “Para complejizar la situación, el Gobierno colombiano no acciona en función de controlar el tráfico; si bien desde hace años Venezuela viene reclamándole que tome cartas en el asunto”.

Respecto de la potencial intervención de la Unión de Naciones Suramericanas en el conflicto, se especula con que todavía no se organizó una reunión del bloque de países porque el tema aún está siendo revisando. “Sería un gran golpe para la organización internacional convocar a un encuentro sólo para ver que el bloque de países no tiene todavía una respuesta preparada”, opinó el referente de la RAR. Una de las propuestas más serias dentro de lo que se ha comentado en Unasur es justamente decretar el estado de excepción, para que las distintas fuerzas puedan garantizar la regularización de la vida en la región fronteriza. “Quizás Unasur cumpla tareas de tutelaje dentro de esa propuesta”, consideró Capeluto.

Vale aclarar que, en lo que va del conflicto, no se teme un enfrentamiento entre los ejércitos de Colombia y Venezuela, sino que ambos países se ven afectados por la cuestión del paramilitarismo que está infiltrado en sus dos fuerzas armadas, ya que la zona está en constante ebullición.

“Es un asunto importante –finalizó Matías Capeluto–, porque golpea la economía venezolana y hace que resulte imposible aplicar herramientas políticas para estabilizar una situación financiera en la que el contrabando tiene tanto peso. Y, como siempre, lo que la derecha de ambos países busca es agudizar la tensión social para desestabilizar al Gobierno antes de que lleguen las elecciones”.