Por Daniel Cecchini

Corridas sobre el precio del dólar mediante la inflación del costo del billete en el mercado ilegal, repetidas denuncias de fraude electoral que quedan en la nada, operaciones periodísticas que sólo se sostienen en las batidas de parche de los medios hegemónicos pero que no pueden mostrar un sólo dato cierto, fogoneo de la agitación en las calles con marchas por lo que venga: en el último tramo de la campaña electoral, la agenda desestabilizadora del golpe blando se multiplica.

El objetivo de estas y muchas otras maniobras articuladas no es –no por falta de deseos, sino por imposibilidad concreta– lograr una escandalosa salida anticipada del actual Gobierno, sino limar la legitimidad del próximo para someterlo al cumplimiento de una serie de condiciones que permitan implementar lo que podría sintetizarse como una “restauración conservadora”.

El objetivo de estas y muchas otras maniobras articuladas es limar la legitimidad del próximo gobierno para someterlo al cumplimiento de una serie de condiciones que permitan implementar lo que podría sintetizarse como una “restauración conservadora”.

Aunque aquí el fenómeno adquiere las características particulares que impone la coyuntura electoral, no se trata de una movida circunscripta a la Argentina, sino que forma parte de una ola que pretende llevarse puestos o por lo menos disciplinar a todos los Gobiernos populistas y/o progresistas de la región. El bombardeo constante que sufren Dilma Roussef en Brasil y Nicolás Maduro en Venezuela son los casos más evidentes.

En este contexto, el diario La Nación se ha puesto a la cabeza de una campaña –de la que participan también otros actores– que pretende incluir en el pliego de condiciones a imponerle al próximo Gobierno la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad.

el diario La Nación se ha puesto a la cabeza de una campaña –de la que participan también otros actores– que pretende incluir en el pliego de condiciones a imponerle al próximo gobierno la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad.

Armas editoriales

A lo largo del mes, el viejo dinosaurio del periodismo argentino se despachó con una andanada de editoriales que no dejan dudas. Los títulos ya lo dicen todo: el primero, del 3 de agosto, se titula “Lesa venganza”; a este lo siguieron “Memoria y reconciliación”, el 16 de agosto, y “Reconciliación, indultos y amnistías”, el 21 de este mes.

En el que titula pervirtiendo la noción de lesa humanidad, La Nación hace una encendida defensa del ex ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, imputado en decenas de crímenes del terrorismo de Estado, a quien presenta como una víctima indefensa de una revancha política y se exige que se le otorgue prisión domiciliaria. En los otros dos –insistiendo con una idea ya planteada en el primero–, busca reinstalar la teoría de los dos demonios para equiparar a los responsables del terrorismo de Estado con los integrantes de las organizaciones guerrilleras para, a partir de ahí, mostrar que la Justicia –manipulada por el Gobierno– los ha medido con diferentes varas. En definitiva, si los últimos están libres, por qué no liberar a los primeros.

La Nación hace una encendida defensa del ex ministro de gobierno de la dictadura en la Provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, imputado en decenas de crímenes del terrorismo de Estado, a quien presenta como una víctima indefensa.

Que los crímenes cometidos por la dictadura –secuestros, desapariciones, asesinatos, ejecuciones disfrazadas de enfrentamientos, siguen las firmas– utilizando todos los recursos del aparato del Estado para aniquilar a un sector de la población estén tipificados como imprescriptibles por la Justicia internacional tampoco le impide a La Nación descalificar la ley, votada por unanimidad en julio pasado por el Congreso, que prohíbe amnistiar, indultar o conmutar las penas de los delitos de lesa humanidad.

Lo que la nota editorial de La Nación no dice es que tiene intereses propios –y no sólo ideológicos– en el tema: su ex director, Bartolomé Mitre, está imputado en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa, un crimen de lesa humanidad.

Lo que la nota editorial de La Nación no dice es que tiene intereses propios –y no sólo ideológicos– en el tema: su ex director, Bartolomé Mitre, está imputado en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa, un crimen de lesa humanidad.

La cruz y la espada

La Nación no está sola en su ofensiva. También este mes, la Universidad Católica Argentina realizó un curioso encuentro de “reconciliación” en sus claustros, que quiso simbolizar una suerte de abrazo de los dos demonios. Participaron la periodista y senadora Norma Morandini –cuyos hermanos fueron desaparecidos por la dictadura– y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, que fue capturado por el ERP y se suicidó mientras estaba en cautiverio. (La Nación, al informar sobre el encuentro, publicó falazmente que Larrabure había sido “torturado y asesinado” por la guerrilla).

Allí también habló el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Casaretto, quien se despachó con una muy sesgada interpretación de las ideas de memoria, verdad y justicia que provocó un fuerte cuestionamiento por parte de los organismos de derechos humanos. “Tenemos que llegar a saber toda la verdad. No queremos de ninguna manera eliminar la justicia. El camino es memoria, verdad y justicia, pero parecería ser que hay una ecuación que no termina de funcionar, porque cuando más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada […] En Argentina privilegiamos la justicia, que por otra parte no es una justicia totalmente imparcial […] Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad”, dijo el monseñor.

La cúpula de la Iglesia Católica Argentina –avalada por el silencio vaticano de Jorge Bergoglio–, los medios hegemónicos, algunos sectores de la Justicia que hacen lo imposible por demorar las causas en las que están imputados ex jueces, empresarios y funcionarios civiles de la dictadura, y parte de la clase política argentina apoyan –de manera abierta o encubierta– esta operación por la impunidad que marcaría un enorme retroceso para la Argentina.

La cúpula de la Iglesia Católica Argentina, los medios hegemónicos, algunos sectores de la Justicia y parte de la clase política argentina apoyan esta operación por la impunidad que marcaría un enorme retroceso para la Argentina.

Sus ideólogos necesitan que el próximo Gobierno –por convencimiento, por fragilidad ideológica, por conveniencia o por debilidad– implemente medidas políticas que la concreten. Algo muy difícil de lograr, porque el costo para el gobernante que se atreva a hacerlo será enfrentar a centenares de miles de personas en la calle.


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