Por Maximiliano Ceci

“Eso no es justicia, es impunidad. Ver a los ex compañeros de mi padre entrar al Instituto de Previsión Social y ver cómo les niegan la jubilación por no tener la cantidad de años de trabajo, consecuencia directa de los secuestros de la dictadura, y saber que quienes están sentados en el banquillo ganan 30 mil pesos de jubilación por haber realizado tareas ilegales”, dijo la testigo Silvina Arias, hija de Leo Arias, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, que juzga a cinco ex jefes de la Armada y tres de la Prefectura, entre los que se encuentran el ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek, de 91 años, juzgado además en el juicio ESMA III, y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (B.I.M. 3), José Casimiro Fernández Carro.

“A los ex compañeros de mi padre les niegan la jubilación por no tener la cantidad de años de trabajo, consecuencia directa de los secuestros de la dictadura, pero quienes están sentados en el banquillo ganan 30 mil pesos de jubilación por haber realizado tareas ilegales.”

La noche del secuestro, Arias se había encontrado con el Turco Salum en el Italclub de Berisso. En el misma mesa donde se juntaban a jugar a las cartas, Arias le dijo que estaban levantando a muchos compañeros y que tenían que irse porque el sindicato había entregado la lista a la Armada. Esa noche entraron a su casa y lo llevaron. Salió con la mejor ropa, no lo dejaron saludar a su familia y corrió la peor suerte. De los seis que se llevaron detenidos, mataron a cinco.

En la misma audiencia declaró Mariela Beatriz Sander, hija de Luciano Sander, que contó cuando le pusieron una ametralladora en la cabeza mientras se llevaban a su padre. “Mi viejo era muy querido, venían mucho a mi casa. Después de su asesinato todo cambió. Al velatorio asistieron pocas personas, y cada vez empezó a acercarse menos gente. Los vecinos ya no jugaban con nosotros y a nadie le importaba si teníamos para comer. Pasamos a ser invisibles”, dijo la mujer.

“Mi viejo era muy querido, venían mucho a mi casa. Después de su asesinato todo cambió. Al velatorio asistieron pocas personas, y cada vez empezó a acercarse menos gente. Los vecinos ya no jugaban con nosotros y a nadie le importaba si teníamos para comer. Pasamos a ser invisibles.”

También declaró Julio Alberto Machado, un trabajador de Astillero Río Santiago, quien recordó que después de que lo “levantaron” lo llevaron a la Prefectura, donde los pusieron a todos contra la pared con los brazos en alto. “Ahí empezó la tortura. Unos minutos uno puede aguantar, pero a la hora y media los brazos empiezan a pesar. Después nos volvieron a encapuchar y nos dieron la recibida: nos golpearon”, dijo Machado. Y recordó: “Luego me interrogaron. La preguntas apuntaban todas a Ricardo Córdoba, que era el delegado de la Lista Celeste en la que yo era subdelegado”.

En la anterior audiencia, Córdoba contó que fue secuestrado por la Armada y llevado a centros clandestinos, y luego trasladado como preso político a la Unidad Nº 9 de Olmos.

Como Arias, Machado y Córdoba reclaman que el Astillero les reconozca los años no trabajados como parte del servicio. “No es por la jubilación, va más allá de eso”, dijo Machado cuando el fiscal Juan Martín Nogueira lo interrogaba sobre su secuestro y sus reclamos. El pedido es parte de un grupo de veintiséis ex trabajadores que fueron reincorporados en 2006 durante la presidencia de Julio Urien en el Astillero Río Santiago. Piden que se les reconozcan esos treinta años en los que no trabajaron porque los cesantearon luego de ser secuestrados. El reclamo es simbólico, un reconocimiento histórico.

También ayer declararon los testigos Elsa Gómez, Tania Nuez, María Beatriz Horrac, ante el TOF 1. La próxima audiencia de testigos está prevista para el próximo miércoles a las 9:30hs.


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