“Desarmar económicamente a un país produce muertos”, dijo Zaffaroni al manifestar la necesidad de considerar los delitos económicos dentro de la figura de lesa humanidad.

“En este siglo XXI, el concepto de lesa humanidad va cambiando. Por un lado, son macroestructuras estafatorias que pueden desarmar países y, por otro, es aumentar la masa de carbono de la atmósfera. Cuando estoy hablando de lesa humanidad estoy hablando también de muertes masivas y genocidios por goteos. Desarmar económicamente a un país produce muertos, y el calentamiento global está produciendo muertos. La frecuencia con la que estamos percibiendo catástrofes es mucho mayor que la de hace quince años”, dijo Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, tras la presentación del Congreso Internacional de Jurisdicción Universal que organiza la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

“existen nuevos crímenes económicos y financieros que producen efectos sobre los países, y al respecto pretendemos abrir el debate a nivel nacional e internacional.”

Zaffaroni y el ex juez Baltasar Garzón adelantaron los lineamientos principales del que se realizará en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en la ciudad de Buenos Aires. El congreso, que contará con la presencia de personalidades internacionales del derecho, el activismo y organizaciones civiles y políticas vinculadas con la defensa de los derechos humanos, tiene como objetivo consensuar un documento en el que se fijen las bases del principio de jurisdicción universal en el que los delitos económicos y medioambientales sean considerados de lesa humanidad.

“Hay una necesidad de debatir nuevos conceptos en materia de delitos de lesa humanidad”, señaló Zaffaroni, y aclaró que “debemos ser prudentes en cuanto al concepto de jurisdicción universal para no ceder soberanía”.

“La idea nuestra es que estos antecedentes los podamos usar en las causas argentinas.”

A su vez, Baltasar Garzón expresó que “existen nuevos crímenes económicos y financieros que producen efectos sobre los países, y al respecto pretendemos abrir el debate a nivel nacional e internacional”.

En diálogo con Contexto, José Sbattella, presidente de la UIF, manifestó su apoyo al Congreso y explicó la importancia de los seminarios que tomaron junto a Garzón que evaluaban los pasos que se habían seguido para expropiar los bienes que Augusto Pinochet tenía en Estados Unidos. “La idea nuestra es que estos antecedentes los podamos usar en las causas argentinas”, indicó Sbattella.

“La idea es que en genocidios asociados a la apropiación de bienes los delitos sean imprescriptibles. En el caso de Papel Prensa, se tiene que definir si es delito de lesa humanidad, que para nosotros claramente lo es por la extorsión que recibieron las víctimas. La justicia fue tan absurda que Papaleo fue indemnizado y el Estado está pagando, pero aún no se decomisaron los bienes. El Estado está pagando algo que no recuperó”, explicó el presidente de la UIF, al que el año pasado se le denegó participar como querellante en la causa de Papel Prensa.

Además, en la presentación se indicó que se busca la coordinación entre los distintos organismos nacionales e internacionales en la definición de nuevos delitos que, por la gravedad de su impacto negativo en los derechos de amplios sectores de la población mundial, deben ser incluidos en el catálogo de crímenes perseguibles bajo el criterio de jurisdicción universal.

En esta línea, Zaffaroni insistió con diferenciar lo que las corporaciones trasnacionales entienden por jurisdicción universal –el caso de los fondos buitre–, que “trasladan su plata, tanto en el centro como en la periferia y tienen interés en llevar a la jurisdicción universal lo que les molesta. Tenemos que lograr que eso no pase, eso es lo que hay que debatir”.

Por su parte, Garzón, que criticó los fallos del juez Thomas Griesa contra la Argentina para favorecer los reclamos de los fondos buitre, destacó la iniciativa del país de llevar a las Naciones Unidas la cuestión de la deuda soberana, “un tema que no es del agrado de los Estados Unidos y los países europeos”.

La necesidad de actualizar los principios de jurisdicción universal –conocidos como los Principios de Princeton– se basa, según los organizadores del congreso, en que pese al consenso conseguido tras catorce años de vigencia, el contexto internacional ha experimentado cambios. “Primero hay que determinar el delito. Hoy los fondos buitre disponen de un vacío jurídico internacional que hace que su accionar no sea considerado un delito. Falta un camino largo por recorrer en esta materia”, dijo a Contexto Mara Leudonia, especialista en fondos buitre de Télam, al manifestar su intención de que prospere la idea de que estos delitos se enmarquen en la figura de lesa humanidad.