Por José Manuel Welschinger Lascano

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, enfrentando el incesante asedio de la oposición y los medios que piden su destitución, se encuentra más que nunca trabajando para garantizar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática de su país. Mientras la cámara baja del parlamento impulsa un juicio político en su contra para apartarla del mando, Rousseff inició una labor de restitución de la legitimidad de su gobierno, convocando reuniones con las principales organizaciones políticas y económicas de Brasil.

“Se trata de una situación creada desde el exterior”, afirmó a Contexto la analista especializada Stella Calloni, “relacionada con las operaciones de prensa enmarcadas en un proyecto de destitución de Rousseff, que no es más que una parte del extenso proceso de desestabilización de los gobiernos en América Latina que está desarrollando Estados Unidos junto con las potencias europeas”. Para Calloni, este no es sino otro de los ataques contra los gobiernos soberanos de América Latina: “Los mismos intentos se han visto ensayados en Bolivia, Venezuela y Ecuador”.

El principal argumento de los sectores destituyentes de Brasil se apoya en el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal Petrobras en una causa judicial en la que se encuentran investigadas veinte grandes empresas, junto a cincuenta funcionarios.

“El proyecto de destitución de Rousseff no es más que una parte del extenso proceso de desestabilización de los gobiernos en América Latina.”

“Respecto al caso actual de Petrobras –explicó Calloni–, Brasil tiene una historia enorme de corrupción violenta, de la invasión de tierras por los coroneles que se quedaban con inmensas extensiones de tierra; situaciones complejas, propias de un país en el que conviven cuatro Estados –donde sólo uno de ellos, San Pablo, concentra un desarrollo industrial superior al de toda la República Argentina; Río de Janeiro y Río Grande do Sul también son colosos de la productividad– con profundos conflictos de intereses”.

Para Calloni, se trata de un ataque muy fuerte, que tuvo su punto inicial en el procesamiento del tesorero del Partido de los Trabajadores José Dirceu, quien fue detenido y condenado en un juicio en el que sólo se aportaron como pruebas las denuncias periodísticas. “Permitiendo esto –opinó la especialista–, Dilma no dio señales de fortaleza política, confiando en que Brasil no formaba parte de la lista de países que podían ser intervenidos desde el extranjero”.

Salvando las distancias, Calloni marcó un paralelismo entre la actual situación del Partido de los Trabajadores en Brasil y el kirchnerismo en Argentina, al comparar el caso de Dirceu con el ataque mediático sucedido en nuestro país contra el vicepresidente Amado Boudou. “Pese a la insistencia de la prensa, la Presidenta lo respaldó en todo momento, y en cuanto a Dilma, su preocupación fue que se dijera que la presidencia de Brasil estaba amparando la corrupción. Su actitud ante esos zarpazos mediáticos de la derecha no fue tan sólida como la de Cristina”, sostuvo.

Un ministro incómodo

Otro factor que contribuyó a la actual situación, según la periodista, fue el nombramiento de Joaquim Levy como ministro de Economía. Apodado por propios y extraños “Joaquim manos de tijeras”,  fue elegido para acomodar el gasto social para obtener la recuperación del equilibrio fiscal brasilero, pese a que la relación entre ambos ya era inestable cuando Rousseff estaba al frente del gabinete de ministros de Lula.

Calloni explicó que la decisión marcó una irrupción transversal en la política del país: “Brasil es un país motorizado hacia la inversión y el crecimiento, pero Levy llegó a ese puesto para encargarse de recortar y ajustar la economía, algo que no es compatible con el proyecto del PT y las circunstancias particulares del momento histórico en el que se encuentra Brasil. Con ese gesto, Dilma perdió parte de la simpatía que le brindaban las mayorías populares, que fueron el sustento de Lula y también de su llegada al poder”.

“Esta crisis de gobernabilidad no tiene nada de espontáneo.”

Sin embargo, Calloni no dudó en señalar a los sectores conservadores como los únicos interesados en truncar la estabilidad política de la potencia industrial latinoamericana: “Esta crisis de gobernabilidad no tiene nada de espontáneo, ya que se aprovecha del descontento social producido por el clima de ajuste, especulando con que mucha gente se va a prestar para esas operaciones digitadas desde el exterior, sin conocer quién las está manejando”.

Una pelea de dos modelos

Para Calloni, la clave del conflicto está en la disputa que se genera entre los distintos sectores de poder, cuando un gobierno intenta poner en marcha un proceso de inclusión social y aumentar el alcance de su soberanía, enfrentándose a los llamados límites del mercado. “Todo eso termina provocando situaciones muy insólitas”, consideró, “como el Congreso pidiendo un juicio político contra la Presidenta por un caso en el que están implicados todos los partidos”.

“Tampoco es casual, ya que sobreviene luego del acercamiento de Brasil al BRICS, con una cuota de autonomía que implicó negociar con China por fuera del dólar, en sus propias monedas”, afirmó.

“Estados Unidos está jugando en simultáneo para desestabilizar todos los gobiernos soberanos de Latinoamérica –indicó Calloni–, y está intentando que caiga primero el mayor. Eso no podemos olvidarlo, así como no podemos permitir que un gobierno popular sea derrotado por la derecha más agresiva que haya existido en el sur de nuestro continente: la derecha brasilera”.

Para concluir, la analista internacional consideró que, frente a todos estos ataques, Dilma necesita el apoyo de todos los gobiernos soberanos contra las cada vez más agresivas operaciones de destitución: “Seguramente por eso, durante su último encuentro, la Presidenta de Brasil abrazó tan fuerte a Cristina cuando le dijo, a modo de reconocimiento: Usted ha sido muy fuerte”.