Por Maximiliano Ceci

“Los servicios de inteligencia fueron indispensables para el diseño y la implementación del terrorismo de Estado”, dijo Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en la apertura de la presentación pública de la CPM como querellante en la causa que investiga el accionar de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo a cargo de Ramón Camps durante la última dictadura militar.

Claudia Bellingeri, del área de lesa humanidad de la CPM, Hernán Schapiro, fiscal por delitos de lesa humanidad de La Plata, y víctimas de la persecución política e ideológica desplegada por la DIPPBA participaron del acto en el auditorio de la CPM.

“El accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvo como soporte principal un exhaustivo trabajo de inteligencia estatal cuya acción principal era la persecución política, en el marco de la denominada comunidad informativa. Para esto, fue imprescindible la existencia de un burocrático sistema basado en el fichaje y archivo documental y un sofisticado entramado territorial”, indicó la CPM en un comunicado.

“Los servicios de inteligencia fueron indispensables para el diseño y la implementación del terrorismo de Estado.”

“Hay 427 mil fichas de inteligencia que dan cuenta de la persecución política e ideológica de la PBA”, dijo Bellingeri mientras recordaba que “estamos sentados donde llegaban las fichas de los compañeros que eran espiados por los mecanismos de inteligencia, y aquí los clasificaban y decidían que hacer”.

Según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de 2015, citado por la CPM, en la Argentina ya se han condenado a 563 represores y se encuentran procesados 889. Sin embargo, han permanecido invisibilizadas las acciones de inteligencia que determinaban los “blancos” a perseguir, y fueron condición necesaria para el secuestro, asesinato y desaparición de personas.

“Esto nos va a permitir complejizar el delito, definir cuáles eran los blancos que focalizaban los mecanismo de inteligencia y juzgar como delitos de lesa humanidad a los responsables de la tarea de inteligencia, que era la acción previa al secuestro, tortura, asesinato y desaparición de las víctimas del terrorismo de Estado”, agregó Bellingeri.

A su vez, el fiscal Schapiro destacó la importancia de la presentación de la CMP como querellante en la causa DIPPBA. “El rol de inteligencia que concurría a los delitos de lesa humanidad no ha sido investigado de manera autónoma”, dijo, y agregó: “El desafío es acreditar el vínculo de la DIPPBA con cada caso y probar la responsabilidad de los agentes de inteligencia”.

“El desafío es acreditar el vínculo de la DIPPBA con cada caso y probar la responsabilidad de los agentes de inteligencia.”

En ese planificado e ilegítimo circuito de producción de información, la DIPPBA desempeñó un papel fundamental. Las leyes orgánicas y los decretos que reglamentan el funcionamiento interno dan cuenta de la jerarquización y de la condición secreta de los servicios de inteligencia a partir de la asunción del coronel Ramón Camps como jefe de Policía. Esta decisión significó, de hecho, una militarización de las fuerzas de seguridad: los medios policiales quedaron bajo control directo de la autoridad militar y, durante el desarrollo de sus misiones específicas, ejecutaron acciones contra la “subversión”.

La inteligencia como protagonista

“Las actividades de inteligencia fueron parte constitutiva del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de Estado. Es imprescindible que la Justicia investigue y condene por estos delitos”, concluyó Raggio.

La CPM explicó que durante el periodo de 1976-1983, la DIPPBA contó con dieciséis delegaciones desplegadas en todo el territorio de la provincia y 1200 agentes abocados a la persecución ideológica, que consistía en acciones de seguimiento oculto directo sobre la víctima, investigaciones a sus vecinos y observancia sobre sus familiares y lugares de trabajo.

“Esto constituyó una base de información que se volvió imprescindible a la hora de actuar sobre las futuras víctimas de secuestro, tormentos, torturas, desaparición”, describieron desde el organismo.

La detallada documentación que surge de los archivos de la DIPPBA permite demostrar que, en el marco del terrorismo de Estado, las acciones ilegítimas de inteligencia precedieron en la casi totalidad de los casos a los delitos que hoy se juzgan como crímenes de lesa humanidad.

Desde que se anularon las leyes de impunidad en el año 2005, la CPM ha presentado documentos de la DIPPBA con carácter probatorio en 2.735 causas que permitieron llegar a sentencias condenatorias en 129 juicios. Sin embargo, todavía hoy no han sido juzgadas las acciones de inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires como elementos centrales del terrorismo de Estado.