Por Maximiliano Ceci

El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, citó a prestar declaración indagatoria al actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, en el marco de la investigación sobre los crímenes del terrorismo de Estado en esa ciudad. El magistrado deberá presentarse el 27 de agosto a responder por la causa que investiga el accionar de la Triple A en la que se lo acusa de participar en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa y posterior al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El juez Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto de su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos al ex militante de la Juventud Peronista Jorge Omar Riquelme Esparza.

Montezanti está acusado de integrar la Triple A y de participar en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos al ex militante de la Juventud Peronista Jorge Omar Riquelme Esparza.

A mediados de 1977, Riquelme Esparza fue secuestrado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

“Un diploma enmarcado que colgaba de la pared de una ‘Liga Anticomunista Argentina’ o algo así y que se encontraba firmado por Suárez Mason”, recordó el ex director de la Universidad Tecnológica Nacional, Juan Pedro Tunessi, en la causa N° 1457/04. La referencia era acerca de un cuadro que observó en una reunión que tuvo con Montezanti a mediados de 1980, cuando el prepotente magistrado patrocinaba legalmente a docentes de la UTN que habían sido cesanteados por no haber accedido en forma legítima a sus cargos durante la dictadura.

Además, en su resolución, Ramos Padilla aseveró que “en especial el grupo de personas involucradas desarrolló sus actos en ámbitos estudiantiles de la Universidad del Sur y la UTN, y gremiales, al menos en esta ciudad de Bahía Blanca, llevando adelante actos de intimidación, violencia y homicidios”. Entre estos últimos, se cuenta el asesinato del estudiante de Ingeniería y militante de la Federación Juvenil Comunista, David Hover Cilleruelo, de 23 años, ultimado a balazos en la sede de la Universidad Nacional del Sur (UNS). De acuerdo con el relato de los fiscales, el 3 de abril de 1975, frente a una gran cantidad de alumnos, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de “la patota contratada por el rector interventor” Remus Tetu, uno de cuyos miembros disparó directamente sobre la víctima.

En el marco de la investigación, la Policía Federal ya detuvo en mayo pasado a Héctor Oscar Chisu, de 63 años, por su responsabilidad en crímenes del terrorismo de Estado entre 1974 y 1975, mientras se desempeñaba como parte del personal de seguridad de la Universidad Nacional del Sur. Sindicado como miembro de la Triple A, Chisu fue imputado por los fiscales de haber conformado “una asociación para la comisión de delitos constitutivos de lesa humanidad, como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos”. En la misma causa, ayer detuvieron a Héctor Ángel Forcelli, ex dirigente de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca y personal de seguridad de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención en 1975.

Montezanti ante el Consejo de la Magistratura

Además, Montezanti debe dar explicaciones el próximo 25 de agosto en el Consejo de la Magistratura, en donde hay un expediente que pide que sea llevado a juicio político por mal desempeño en sus funciones y malos tratos a los empleados judiciales.

El secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, presentó el dictamen para citar al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, porque el juez es un “fuerte defensor de la pena de muerte”, con “estrecha vinculación con integrantes de la Triple A” y que “hizo inteligencia durante la dictadura cívico-militar”.

Esas “conductas incompatibles con los derechos humanos”, explicó Álvarez en aquella reunión previa a la feria judicial, se suman a la “exteriorización de comportamientos indecorosos”, y el hecho de que “replicó la matriz militar” en su trabajo diario en el juzgado y en la Universidad, elaborando “un sistema de espionaje en la Cámara Federal de Bahía Blanca”. A ello sumó que está corroborado, por la desclasificación de archivos que realizó el Ministerio de Defensa, que Montezanti formó parte del Destacamento de Inteligencia 181.

Arremetida contra los juicios de lesa humanidad

La receptación de los delitos de lesa humanidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina es el título del libro que publicó la Editorial de la UNS en 2014. “La obra, básicamente y más allá de los eufemismos y disfraces que se utilizan, pretende denostar –por inconstitucionales– los juicios que por crímenes de lesa humanidad se están llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de toda nuestra patria. Los de Bahía Blanca, paradójicamente, se realizan en el Aula Magna de la propia Universidad”, dijo el fiscal general Miguel Palazzani acerca de la publicación en la que participan, entre otros, Montezanti y el juez Horacio Piombo.

En pleno avance de las investigaciones sobre civiles cómplices o autores de delitos de lesa humanidad, el libro está escrito para los miembros del Departamento de Derecho. Es decir, la UNS presenta un material que forma a los futuros abogados, jueces, defensores, fiscales y operadores de la “justicia” en el que “sus autores despliegan todo tipo de argumentos (ya conocidos para los que hace un tiempo intervenimos en esos juicios) que, esencialmente, son los que utilizan los represores juzgados y condenados y sus defensas técnicas”, explicó Palazzani.


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