Por Daniel Cecchini*

En una semana donde las fórmulas presidenciales y las listas de legisladores estuvieron en el centro de la escena, la adormecida causa que investiga la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura cívico-militar tuvo un nuevo espasmo. Pero fue apenas eso.

La Sala 1 de la Cámara Federal porteña –integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero– escuchó a las querellas y a las defensas para resolver si ratifica o revoca la decisión del juez federal Julián Ercolini de no indagar por el momento a los imputados. También recibió un dictamen del fiscal Germán Moldes en el que este desistía de sostener la apelación del fiscal de la instancia inferior, Leonel Gómez Barbella, que había solicitado las indagatorias que fueron rechazadas por Ercolini con el argumento de que, antes de indagar, debe comprobar mediante peritajes si los tres diarios compraron las acciones de la empresa del Grupo Graiver “a precio vil”. Una vez más, Ercolini soslayó que, cualquiera sea el monto pagado o no por las acciones, los Graiver fueron obligados a vender mediante “presiones, amenazas y maniobras extorsivas” perpetradas por el terrorismo de Estado y que, en consecuencia, se trata de un delito de lesa humanidad.

Esto ocurre a casi cuarenta años de los hechos y cuando la causa ya acumula 26 cuerpos y lleva cinco sin que se registren prácticamente avances. Están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de dicho Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; los ex directivos de La Razón, Marcos, Hugo y Sergio Peralta Ramos; el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini; el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raimundo Pío Podestá; y Guillermo Gainza Paz, acusado de ser supuesto intermediario para la apropiación.

El despojo al Grupo Graiver de las acciones de Papel Prensa fue una maniobra central de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los grupos económico-mediáticos más grandes de la Argentina. Para concretarlo, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos.

Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar.

Los dictadores requerían medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón, y a cambio de ello recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión.

Todos los implicados se beneficiaron con la maniobra. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social. Los dictadores requerían medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón, y a cambio de ello recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión.

Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, pero, con cada dilación judicial, el tiempo juega a favor de los acusados. Ya escaparon definitivamente de la acción de la Justicia los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, el primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos.

Porque, en última instancia, los muertos no cumplen condenas.

* Director periodístico de Miradas al Sur. Nota publicada en la edición del domingo 28 de junio de 2015 de Miradas al Sur


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