Por José Welschinger

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata aprobó en su sesión del miércoles el pedido presentado por el Frente para la Victoria Nacional y Popular en el que se le solicita al Ministerio de Seguridad información sobre el accionar policial en la causa del homicidio de Omar Cigarán, el joven de 17 años asesinado por la Policía el 15 de febrero de 2013.

Ludmila Kostiuk, concejala del Movimiento Evita, aseguró: “Seguiremos acompañando a Sandra con profundo compromiso y responsabilidad, para que haya justicia por Omar, porque no queremos que haya más pibes muertos por la Policía”. Y agregó: “Como siempre decimos, queremos para los pibes trabajo y educación; lo que no vamos a tolerar, en absoluto, es que mientras nuestro Gobierno nacional busca integrar a los jóvenes mediante diversas políticas públicas, el Poder Judicial y la Policía los castigue, los excluya y los mate por ser pobres”.

El pedido de informe al Ministerio de Seguridad se enmarca en la causa actual impulsada por los familiares de Cigarán, en la que se reclama el esclarecimiento de los hechos que culminaron con la muerte de Omar. En 2013, luego del siniestro, la fiscal Ana María Medina basó su investigación en las declaraciones del oficial Diego Walter Flores, autor del disparo fatal, quien alegó haber actuado en defensa propia. Inmediatamente, la fiscal determinó que el asesinato había ocurrido en “legítima defensa”, motivo por el cual retiró a la fiscalía del caso sin pedir ante la Justicia que se realizaran las pruebas y peritajes pertinentes a la causa.

Aunque el policía testificó que Cigarán le había apuntado con un arma, ninguna fuente pudo apoyar su testimonio, y durante la autopsia se encontró un arma dentro de la ropa interior de Omar.

Juan Manuel Morente, abogado de la Asociación Miguel Bru que lleva la causa contra Flores, declaró: “Pedimos pruebas sobre el arma que le encontraron a Omar, ADN, barrido, testimonio de los forenses al ingreso y egreso de la morgue, los llamados de la radio policial, ampliación de la pericia y reconstrucción del hecho. Son pruebas que se tendrían que haber hecho, corresponden en cualquier caso”.

Una particularidad inédita de la causa es que el juicio oral y público se realizará sin la presencia del Ministerio Público Fiscal, ya que el organismo del Estado que representa a la sociedad en su conjunto decidió retirarse luego de que la fiscal Medina determinara que el asesinato quedaba justificado ante la Justicia. “Tanto Medina, como el fiscal de Cámara Héctor Vogliolo entendieron tempranamente, sin investigación, que el homicidio estaba justificado; y pidieron el sobreseimiento”, explicó Morente.

El abogado de la asociación Miguel Bru que representa a la familia en la causa consideró que el objetivo primordial del juicio consiste en que se garantice el acceso a la verdad respecto de la muerte de Omar Cigarán. En esta instancia, los demandantes solicitan a la Justicia un pedido de “instrucción suplementaria”, en el que se deje constancia de las pruebas esenciales pertinentes a la investigación.

Morente recordó a Contexto que “sin pruebas no se llega a la verdad, es fundamental la presencia de las pruebas antes de que el juicio llegue a la instancia de confrontación de las partes”. Respecto del apoyo brindado por diversos organismos de derechos humanos, que se presentarán como veedores en la causa, expresó: “Es fundamental el apoyo de estas instituciones que trabajan en la representación de sectores vulnerables (Madres de Plaza de Mayo, Hijos La Plata, CELS, Asociación Provincial por la Memoria, Facultad de Periodismo, entre otras). Nosotros consideramos que esta lucha por los derechos de los ciudadanos jamás es individual, sino que se apoya en el accionar colectivo y público”.

Gatillo fácil en La Plata

Omar Cigarán falleció el 15 de febrero de 2013 a causa de un disparo en el corazón, semanas antes de cumplir los 18 años, en la esquina platense de 43 y 115. Diego Walter Flores, el oficial que alegó haberse defendido, jamás fue pasado a retiro y aún continúa en actividad. Si bien, según su testimonio, Omar lo apuntó con un arma cuando intentó detenerlo, la única evidencia que apoya su versión es el arma encontrada en las ropas del joven durante la autopsia.

Sandra Gómez, madre de Omar, denunció reiteradamente que su hijo estaba siendo víctima de persecución y extorción policial desde que tenía once años de edad. La víspera de la muerte de su hijo, Sandra recibió una amenaza telefónica en la que se le exigía que Omar se entregara a la Policía o lo matarían. Según su relato, Omar le había contado en reiteradas oportunidades que miembros de la fuerza policial estaban amenazándolo para que asaltara bajo sus órdenes, a lo que el joven se habría negado.

Entre las varias irregularidades de la causa, también llama la atención que en 2013 la fiscal Ana María Medina no haya derivado la causa hacia el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el organismo que se encarga de investigar los procesos judiciales en los que se involucra la presencia de menores de edad.