Por Samuel Gallego

“Retroceder es vivir, enfrentarse es morir”, esta es una de las frases de la canción “Soldado Mutilado” de la reconocida banda de rock colombiana La Pestilencia, que en su contenido habla de la increíble realidad que en pleno siglo XXI aún se vive en este país suramericano: la creciente militarización y las reducidas opciones que ofrece a los jóvenes el lapidario Servicio Militar Obligatorio, que, a diferencia de otros países del mundo, aún sigue vigente allí.

Y es que, si se habla del panorama actual de la juventud colombiana, lo que se ve y se puede decir no es para nada alentador, pues, como diría La Pestilencia en su canción: “En nuestro país, hay un millón de oportunidades para morir”. ¿Por qué? El número de hombres (todos jóvenes) que han sido incorporados a las filas del Ejército Nacional se ha incrementado en más de un 200% en los últimos veinte años, pues mientras que en 1995 la cifra era de 260.549 hombres, en la actualidad está en 436.538, y sigue creciendo gracias a la obsesiva campaña del Gobierno nacional y las fuerzas militares de reclutar jóvenes masivamente para servir a las tropas.

EL NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN SIDO INCORPORADOS A LAS FILAS DEL EJÉRCITO NACIONAL COLOMBIANO SE HA INCREMENTADO EN MÁS DE UN 200% EN LOS ÚLTIMOS veinte AÑOS, Y SIGUE CRECIENDO GRACIAS A LA OBSESIVA CAMPAÑA DEL GOBIERNO Y LAS FUERZAS MILITARES DE RECLUTAR JÓVENES MASIVAMENTE.

Lo que llama la atención es que, para lograr cumplir con esas cifras, si bien se recurre a procedimientos legales (concentraciones por parte de unidades militares, que en Colombia se conocen como batallones o distritos militares), también a procedimientos ilegales (las famosas y temidas batidas, que no son más que escuadrones hechos por el Ejército para capturar en las calles a todos los jóvenes que aún no hayan definido su situación militar).

No obstante, antes de seguir describiendo este complejo panorama que tienen los jóvenes colombianos, es necesario entender algunas cosas: es claro que las circunstancias actuales de Colombia, con una guerra interna que se inició hace más de cincuenta años, una crisis agraria que es el caldo de cultivo de esa misma guerra, la aparición de nuevos grupos armados ilegales y la mutación de otros (como es el caso del paramilitarismo), entre otros factores, son los mejores argumentos que tiene el Gobierno nacional para justificar esa obsesión que durante los últimos siete años ha tenido de aumentar desmesuradamente el número de hombres que integran sus fuerzas militares, y destinar más y más recursos para fortalecer tecnológica, táctica y armamentísticamente al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.

En ese contexto, como el Ejército Nacional y las demás fuerzas militares tienen la misión constitucional de defender la soberanía del país y garantizar la seguridad de todos los colombianos, en 1993 el Congreso de Colombia expidió la Ley 48, la cual reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización por parte de las Fuerzas Militares, obligando así a todos los hombres mayores de dieciocho años a definir su situación militar, es decir, resolver si se incorpora a las tropas para ir a la guerra o paga un tributo que se conoce como “Cuota de compensación militar” para evitar vestirse de camuflado y tomar las armas. Hasta este punto, todo sería coherente con la realidad, sabiendo la misión que tiene el Ejército y la necesidad de incorporar hombres para cumplir tal fin.

Sin embargo, más allá de la “vocación patriótica”, hay algo oculto que poco se conoce y se menciona: un interés económico desesperado y una intensión de que la guerra, en vez de terminarse, se prolongue por mucho más tiempo, usando para eso a cientos de jóvenes colombianos que terminan en las filas del Ejército por razones que no entienden y causas ajenas, para enfrentar a otros colombianos que no tuvieron más alternativa que hacer de la guerra su proyecto de vida, tal como lo promueve el Gobierno, aludiendo a un supuesto patriotismo y deber constitucional que muy pocos están obligados a cumplir.

Para dar sentido a lo anterior, vale la pena revisar los siguientes datos: en Colombia se invierte más en defensa que en salud y educación. De hecho, mientras que en América Latina la inversión en defensa no pasa del 2% del PIB, en Colombia asciende al 5,1%.

Además, la proporción de soldados versus combatientes de grupos armados ilegales es de 40 a 1, algo que resulta desmedido y que se logra, justamente, gracias al Servicio Militar Obligatorio, pero también a procedimientos ilegales de reclutamiento utilizados por los militares, como las batidas, a pesar de que están prohibidas.

Un año de guerra le cuesta a los colombianos 5 billones de pesos, es decir, 137 millones de pesos por día. Por otra parte, Colombia es el segundo país del mundo que recibe más ayuda militar de los Estados Unidos, luego de Israel.

Asimismo, el territorio colombiano es una gran despensa de materias primas, lo que motiva que empresas internacionales se establezcan allí para explotarlas y generar cuantiosas sumas de dinero. A causa de esto, hay una feroz disputa territorial por el control de los sitios donde existen dichos recursos.

“la DISPUTA TERRITORIAL ES LA CULPABLE DE QUE CIENTOS DE JÓVENES HAYAN MUERTO, AL ENFRENTAR A OTROS JÓVENES SIN ALTERNATIVAS NI ILUSIONES, QUE TAMBIÉN HAN TERMINADO MUERTOS EN MEDIO DE ESA GUERRA INHUMANA QUE HA SEMBRADO LA TRISTEZA EN DECENAS DE FAMILIAS COLOMBIANAS.”

Conociendo estos datos, se comprende cuál es el verdadero afán del Ejército por tener cada vez más hombres, por qué los llamados a cumplir esa obsesión son los jóvenes de clases sociales bajas y medias, que en su mayoría terminan en los campos de batalla, protegiendo esas amplias despensas que son tan anheladas, tanto por los dueños de las empresas extranjeras, como por los grupos armados ilegales (guerrillas y paramilitares), y el mismo Gobierno. Esta disputa territorial es la culpable de que cientos de jóvenes hayan muerto, al enfrentar a otros jóvenes sin alternativas ni ilusiones, que también han terminado muertos en medio de esa guerra inhumana que ha sembrado la tristeza en decenas de familias colombianas.

Como consecuencia de esta realidad y las noticias que a diario se ven sobre enfrentamientos, atentados, emboscadas y muertes masivas de jóvenes arrebatados por la guerra, en Colombia se vienen promoviendo desde hace aproximadamente cinco años la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y la desmilitarización de la vida juvenil, para que ellos puedan pensar en otras alternativas para sus vidas.

La juventud colombiana tiene claro que el patriotismo se puede expresar de otras formas, y no con el uso de las armas para enfrentar a otros colombianos, que para construir nación se puede aportar desde el arte, la música, la ciencia y la tecnología, no haciendo parte de un Ejército y prestando sus vidas para morir defendiendo oscuros intereses económicos. La objeción de conciencia y la desmilitarización son la apuesta de los jóvenes de Colombia.

Aunque la situación hoy sigue siendo crítica, han habido avances que encienden una luz de esperanza. En el año 2011, la Corte Constitucional de Colombia expidió la Sentencia C – 879, en la que declaró como ilegales y arbitrarias las batidas del Ejército, prohibiendo expresamente que se continuara su realización. Pero, dado que el Ejército continuó realizando estos procedimientos, la Corte ratificó dicha Sentencia mediante la Sentencia T – 455 de 2015, que no sólo recordó al Ejército la prohibición hecha en 2011, sino que le ordenó la inmediata suspensión de esas prácticas, que entre otras cosas se catalogan como una forma de secuestro.

Por otra parte, gracias a la gestión de partidos políticos como la Alianza Verde, el Congreso eliminó el requisito de la Libreta Militar (documento que certifica la definición de la situación militar, luego de haber hecho parte del Ejército o pagar la cuota de compensación militar) para poder obtener títulos profesionales de cualquier Universidad. En este punto es importante mencionar también que varias ONG y organizaciones sociales han logrado que muchos jóvenes, por la vía legal y bajo el argumento de la objeción de conciencia, hayan podido evitar ser reclutados.

Así las cosas, en Colombia es posible empezar a ver un nuevo amanecer, en el que los jóvenes no sean obligados a empuñar armas y correr el riesgo de morir o provocar la muerte de otros seres humanos. La objeción de conciencia con miras a desmilitarizar el país es la cruzada de decenas de jóvenes colombianos que creen que un país civilizado y no guerrerista es posible.

* Todas las cifras y estadísticas presentadas en esta nota son cortesía de la ONG Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC), Bogotá.


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