Por Florencia Abelleira

Primero la policía la golpeó, luego la llevó al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Allí estuvo cuatro días en el pasillo de la planta baja, acostada en el piso sobre una manta, sujetada con esposas de pies y manos a las patas de una camilla. Hasta que por fin se dignaron a llevarla a una habitación, sin ventanas, con guardias en las puertas, pero con grilletes que la ataban a la cama.

la CPM presentó un hábeas corpus para que cesen los malos tratos contra la mujer y que se le realice un tratamiento médico adecuado

La joven privada de su libertad llegó al hospital con un cuadro de sífilis y tuberculosis en fase de contagio, con pérdida de masa corporal y los pulmones comprometidos. Hacía dos meses que había dado a luz y estaba débil, pero para el servicio penitenciario primaron las medidas de seguridad por sobre la salud de la joven.
“Este no es un caso aislado, es una práctica generalizada del poder policial penitenciario”, dice Fabián Bernal, subdirector del área de inspección de lugares de detención del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. “Lo que nosotros venimos denunciando en la CPM desde hace 10 años, es que en los dispositivos que se implementan desde el servicio penitenciario en lo que respecta a la atención en salud, prima la seguridad, que implica que las personas que se llevan a los hospitales por situaciones graves sean esposadas a los camastros, sean encadenadas para ir al baño”.
Ayer, la CPM presentó un hábeas corpus para que cesen los malos tratos contra la mujer y que se le realice un tratamiento médico adecuado.

“Cuando el poder judicial vuelve lenta la resolución de estas problemáticas también se convierte en cómplice”

Fabián Bernal le atribuye parte de la culpa al poder judicial: “Desde el viernes, que denunciamos el caso, hasta ayer el juzgado no había dado un pronunciamiento”, cuenta y aclara que los jueces son los principales responsables de las personas privadas de su libertad. “Por disposición de la ley, el juez penal que ordena una medida de seguridad, en este caso la prisión, es la persona encargada de ese detenido. Nosotros lo que hacemos es decirle al responsable la situación en que se encuentran estas personas; y este responsable, el poder judicial, se vuelve lento. Cuando el poder judicial vuelve lenta la resolución de estas problemáticas también se convierte en cómplice”.

Parir con grilletes

Un caso similar ocurrió diez días atrás cuando una mujer presa dio a luz a su bebé esposada en el Hospital San Martín de La Plata. Luego de parir, fue llevada a su celda en la Unidad Penal N° 33 de Los Hornos, mientras que su hijo quedó internado, sin poder estar en contacto con su madre, ni poder ser amamantado por ella.
“Las mujeres vienen sufriendo mucha vulneración de derechos en el parto y postparto con el uso de medidas de seguridad, con esposas, y también una ruptura muy violenta con el vínculo madre e hijo”, explica Laurana Malacalza, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Antes las denuncias que recibieron en la entidad, conformaron una mesa de gestión entre el Ministerio de Salud y El Ministerio de Justicia, para “propiciar la articulación entre ambos ministerios para crear pautas de actuación frente a los embarazos y proceso de parto de las mujeres encarceladas. A partir de ahí, les entregamos una serie de lineamientos que deberían ser respetados en cualquier política pública que emprendan”.
Fabián Bernal cuenta que actualmente desde la CPM también tienen una mesa de discusión con el estado provincial a raíz de una denuncia que hicieron en conjunto con el CELS por los altos índices de violencia que hay en las cárceles. “En esa mesa estamos tratando de abordar un protocolo del uso de la fuerza y un protocolo de atención médica en salud”.
Pero lo que ocurre en relación con la atención médica para personas detenidas es que, según Bernal, es nula, los médicos no los atienden. “Cuando se lleva a detenidos de las cárceles provinciales al hospital, es porque la persona está muy mal. Hemos conocido casos de personas con muerte cerebral que son esposadas. El sistema de sujeción por esposas a personas que están postradas en una cama, le genera llagas en las muñecas y tobillos. Le sangran las piernas y las manos”. Por eso, la Comisión Provincial por la Memoria insiste en denunciar la precariedad del sistema de salud en cárceles, porque no tiene atención médica.