Por Contexto

El Juez Carlos Alberto Rozanski ha hecho un aporte sustancial a la hora de rechazar las iniciativas de quienes han cuestionado los Juicios de Lesa Humanidad proponiendo dar lugar a la reconciliación, el consenso, el olvido. En sus fallos, tanto como en sus numerosas publicaciones científicas y académicas, es posible observar una línea clara al respecto: pretender olvidar los crímenes de los genocidas es lisa y llanamente garantizar la impunidad para con los autores de la más masiva y sistemática violación de Derechos Humanos que haya conocido nuestro país”. Ese argumento fue clave y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aprobó otorgar el título de Doctor Honoris Causa al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata.

La distinción a Rozanski fue resuelta por el Consejo Superior de la UNLP -el máximo órgano de gobierno de la Universidad-, que aprobó la propuesta presentada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

La facultad, agregó entre los argumentos de la petición del título Doctor Honoris Causa, “la dedicación y valentía” con que el juez realizó su tarea “al servicio de hacer el proceso de Memoria, Verdad y Justicia absoluto, total y definitivamente irreversible”. También remarcaron su “trabajo desde y con nuestra Universidad y en nuestra región por la transformación de la Justicia”.

Rozanski ha hecho un aporte sustancial a la hora de rechazar las iniciativas de quienes han cuestionado los Juicios de Lesa Humanidad proponiendo dar lugar a la reconciliación, el consenso, el olvido.

Rozanski fue protagonista, al frente del Tribunal, de “algunos de los hitos más destacables en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, agregaron. Y remarcaron que en 2006 fue parte del primer juicio en el que se condenó a un represor después de la anulación de las leyes de la impunidad.

También se destaca la condena al capellán policial Christian Von Wernich que “habilitó el progresivo cuestionamiento de los protagonistas eclesásticos, civiles y empresariales de la dictadura”. Además, remarcaron su propuesta para organizar los juicios por circuitos de centros clandestinos de detención, como la causa del Circuito Camps y la causa del circuito de La Cacha.

Para aprobar la distinción también se valoró el trabajo de Rozanski en el ámbito de la protección de los derechos de los niños abusados al crear las condiciones óptimas que permitan obtener su testimonio sin revictimizarlos.

“Este es un momento histórico en el que hay que reconocer a los jueces de la Patria, cuando hay tantos sectores del poder judicial que no nos gustan, que no representan a los intereses del pueblo al que representan. Rozanski merece la distinción del honoris causa por su valentía a la hora de juzgar a los genocidas militares y también a los cómplices civiles y eclesiásticos”, argumentó en el Consejo Superior, el vicedecano de la Facultad de Periodismo, Cristian Scarpetta.

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Piombo, persona no grata en la UNLP

En la misma sesión en la que el juez Carlos Rozanski fue galardonado, el Consejo Superior de la UNLP declaró persona no grata al ex profesor de derecho y juez renunciado de la Cámara de Casasión Penal, Horacio Piombo, autor del fallo que benefició a un violador de un nene de 6 años.

Aunque Piombo renunció a su cargo como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, los consejeros aprobaron “declarar persona no grata al Doctor Piombo y dejar establecido que no forme parte de ningún estamento de esta casa de altos estudios, y adherir enfáticamente al pedido de juicio político a su cargo en la justicia”.

Con su dimisión al cargo docente, el ex magistrado había evitado el juicio académico. Con la misma lógica, y buscando evitar el juicio político, el lunes renunció a su puesto de juez de Cámara ante la Corte Suprema de Justicia Bonaerense. Ayer, el ministerio de Justicia de la Provincia anunció que pedirá al Ejecutivo Provincial que acepte por decreto la renuncia, a pesar de los pedidos de que se permita llegar al enjuiciamiento que lo destituya.

Como parte del repudio, el Consejo Superior se comprometió, además, a conformar una comisión especial destinada a definir un procedimiento formal que reglamente el artículo 1° del Estatuto de la Universidad que establece que la UNLP no debe permitir la pertenencia a su vida institucional “de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado”. De esta manera, se busca establecer de manera inequívoca los alcances del artículo, como así también las características del tribunal y las diferentes instancias de defensa.

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