Por Leandro Gianello

El ex represor acumula en su historial penitenciario doce condenas por diferentes delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico militar, diez de ellas a reclusión perpetua. Cuatro fueron dictadas en la provincia de Córdoba y las otras seis restantes en Salta, La Rioja y Tucumán. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba le impuso, por décima vez, la máxima condena por los homicidios de Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez, militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), cometidos en 1976.

Durante el juicio celebrado en la capital cordobesa y antes de la sentencia, Menéndez afirmó que, con respecto al gobierno kirchnerista, “venimos soportando diez años de autoritarismo. Su aspiración final es imponer el sistema autoritario. Ahora están realizando estos juicios claramente inconstitucionales”.

El alegato de los querellantes María López y Claudio Orosz expuso la responsabilidad del represor en la puesta en práctica de un “plan criminal, ilegal, sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política”, avalado y diseñado puntillosamente por los responsables de la dictadura cívico-militar.

Con los hechos probados, López y Orosz solicitaron la condena a prisión perpetua de cumplimiento efectivo y en cárcel común para Menéndez, al igual que el representante de la fiscalía Facundo Trotta, quien consideró, a su vez, que el ex general fue “responsable ideológico del montaje de toda la estructura represiva del Tercer Cuerpo del Ejército”, por lo tanto, responsable de todos los crímenes que se cometieron en su jurisdicción.

Además, Trotta justificó el pedido de prisión perpetua por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado” a  Villanueva, Oliva y Diez.

El juicio forma parte de la causa Roselli, en la que tres militantes de la JUP, que el 2 de junio de 1976 se encontraban en una esquina de la ciudad de Córdoba, advirtieron la presencia de policías y escaparon en un automóvil, pero a las pocas cuadras fueron interceptados y trasladados a un descampado donde los fusilaron. El episodio fue ocultado como si se tratara de un “enfrentamiento”.

Antes de conocer la sentencia, el ex jefe del Tercer Cuerpo insistió en que el accionar de los militares durante el período de represión tuvo que ver con una “guerra revolucionaria” que tuvo origen en la “revolución marxista”, que “se proponía someter a la Argentina y a los países de Sudamérica en satélites de Rusia”.

Asimismo, Menéndez sostuvo que “enfrentábamos una guerra contra los terrorista marxistas que amenazaban la paz nacional con la creación de ejércitos clandestinos”, justificando los resultados al asegurar que los mismos “eran combatientes y sabían que asumían riesgos”, agregando que “jamás persiguió a nadie por sus ideas políticas”.

Orosz, en cambio, insistió en que Menéndez tuvo responsabilidad en el “plan criminal, ilegal, sistemático y generalizado de exterminio a la oposición política”, agregando que el represor “caracteriza a partidos y organizaciones políticas como grupos combatientes cuando no lo eran, y en Córdoba hay muchos militantes detenidos y desaparecidos; su discurso se cae a pedazos”.

El abogado también manifestó en declaraciones a la agencia Télam que Menéndez “es un melagómano, un asesino y un genocida. Tiene una concepción oligárquica y antipopular” porque “sostiene que el accionar militar se había dado en el marco de una Tercera Guerra Mundial y que él es un general vencedor. Incluso está convencido de que va a tener monumentos en las plazas por todo lo que hizo”.

Ya en marzo de 2012 habían sido condenados a prisión perpetua los autores materiales de los asesinatos, los ex integrantes del Comando Radioeléctrico Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba está integrado por los jueces José Muscará, Mario Garzón y Juan Carlos Reynaga. El proceso que culminó ayer fue el quinto juicio que Menéndez afronta en la provincia mediterránea. En tres de ellos (causa Brandalisis, Albareda y UP1), fue condenado a prisión perpetua, mientras que el cuarto es la megacausa La Perla.