Por Roberto Álvarez Mur

Mariano Mollica caminaba junto a dos amigos por las calles del barrio El Cerrito de Córdoba, durante la mañana del 2 de mayo, cuando fue detenido por siete efectivos de la Policía local con los rostros tapados. Mariano, quien a causa de un accidente perdió casi la totalidad de la vista, intentó mostrar su Certificado de Discapacidad ante los uniformados, pero le explicaron que se trataba de una “razzia” y que “no importaba si llevaba documentos o no”. En la comisaría de Villa Allende, Mariano recibió una paliza por parte de los efectivos, fue retenido durante 14 horas y se lo obligó a firmar un documento, aun a pesar de su discapacidad visual. Su caso forma parte de los centenares de operativos arbitrarios y violentos de la policía cordobesa realiza desde hace más de un año, y que provocaron el pedido de un recurso de Hábeas Corpus para frenar el atropello institucional en la Provincia manejada por José Manuel De La Sota.

Esta semana, diversas organizaciones sociales presentaron un informe donde se detalla el conjunto de casos de operativos de detención masiva que la policía realizó desde principio de este año en la Provincia. El reclamo presenta un pedido de amparo para que las autoridades policiales no sólo brinden toda la información requerida sobre las detenciones realizadas durante las razzias del 2 y 3 de mayo, sino que también se aporte información sobre cualquier operativo que se realice a futuro sobre lo barrios Arguello, Quintas de Arguello, El Cerrito, Yapeyú, Bella Vista, Güemes, Cáceres, Acosta, Renacimiento, Colonia Lola, Villa La Lola, Parque Liceo Segunda Sección, Los Cortaderos, y barrios aledaños.

“Estos operativos ponen de manifiesto una maniobra para poner en estado de sitio legalmente a ciertos barrios de la ciudad. Lo que quieren mostrar es una respuesta autoritaria y represiva a los episodios de saqueos de finales de 2013”.

“Estos operativos ponen de manifiesto una maniobra para poner en estado de sitio legalmente a ciertos barrios de la ciudad. Lo que quieren mostrar es una respuesta autoritaria y represiva a los episodios de saqueos de finales de 2013”, expresó a Contexto la abogada Mariela Puga, integrante de la Clínica Jurídica de Derecho de Interés Público de la Universidad Nacional de Córdoba, uno de los varios organismos que presentó el informe.

Puga explicó que estos operativos se instalaron desde 2014 en los barrios periféricos de Córdoba, con operativos que dejan un promedio que no baja de entre 60 y 70 detenciones por zona. “El caso de Mariano Mollica forma parte de muchos de los testigos que presentaron su demanda en este informe, junto a cientos que aún sienten miedo de dar su palabra”.

Al contrario de lo que sostienen desde la cúpula de la Policía de la Provincia y el Ministerio de Seguridad, los operativos no han cesado. El último fin de semana se registró en Barrio Yapeyú un nuevo hecho represivo con más de 70 detenidos. Por esta situación se presentó un escrito ante el Juez de Control, con la incorporación de más datos a los testimonios ya aportados en el Hábeas Corpus. Según un comunicado difundido por los organismos involucrados en la causa, los vecinos de Barrio Yapeyú expresan que “ya no se puede vivir; no se puede ni salir a jugar al fútbol, porque viene la Policía y te sacan al vuelo, con tiros; y hablamos por todos, no solo por algunos. No creemos que cuando uno sale a jugar al fútbol salga a cometer delitos”

En representación del pedido por lo barrios cordobeses, se presentaron en el reclamo: La Garganta Poderosa, Fundación Pedro Milesi, Biblioteca Popular de Bella Vista, Simple Asociación Civil, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Derecho de Interés Público de Córdoba, y Asociación Civil “La Minga”.

 

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El recurso judicial presentado solicita lo siguiente:

1- Se notifique a las organizaciones cuando se realicen operativos en los barrios citados en el amparo.

2- Brindar abogados defensores a todos los detenidos desde el primer momento.

3- Se ordene que ante detenciones el testigo de actuaciones sea ajeno a la Institución Policial.

4- Se garantice una mesa de diálogo ante la implementación de estos operativos.

 

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