Días atrás, el periodista Gabriel Levinas acusó falazmente al periodista y presidente del organismo de derechos humanos CELS, Horacio Verbitsky, de haber sido cómplice de la dictadura cívico-militar. Una canallada. Para nosotros, Horacio es un referente en lo que respecta al periodismo, la investigación y el compromiso político. Por eso, quienes realizamos el diario Contexto y la revista Maíz, editados con profundo compromiso con la verdad y nuestro tiempo desde la Facultad de Periodimo y Comunicación Social de La Plata, expresamos nuestro más profundo repudio ante la vergonzosa denuncia realizada por el Grupo Clarín, a través de su Radio Mitre y su edición online. Consideramos una canallada que la práctica periodística sea rebajada a la permanente desacreditación y las sucesivas violaciones a la profesión periodística llevadas a cabo por los medios hegemónicos a través de reiteradas operaciones políticas como esta, que, sin embargo, pretenden presentarse como el resultado de “investigaciones”. Verbitsky no fue el único: también la prensa hegemónica fue contra el ministro de Economía Axel Kicillof, la embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Nilda Garré, y el referente de La Cámpora e hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner.

No es una casualidad que la acusación surja luego de que el periodista de Página/12 desnudara el rol de Clarín en la operación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para ser reelecto cuando le quedaba un tercio de mandato, con el voto del decano del tribunal Carlos Fayt, quien no participó del acuerdo en el que la Corte dice que estuvo.

En la misma línea, el Grupo Clarín operó desde todos sus medios contra el ministro de Economía, el líder de La Cámpora y la embajadora Garré. Hasta ahora, el diario Clarín no se retractó de la nota en potencial y sin mencionar fuentes escrita por Daniel Santoro, con la que acusaron de poseer una cuenta millonaria a Garré y Máximo, desmentida por el banco y por el país donde ni siquiera existe la empresa citada por el diario. Apenas publicó esta semana la inexistencia de la empresa que le adjundicaban a Máximo y Garré, pero como una noticia más. Tampoco se retractó de haber acusado en tapa a Axel Kicillof de cobrar un sueldo exorbitante por su tarea en YPF, cuando existen sobradas pruebas documentales de que el ministro no cobra por ese trabajo.

Nos preocupa el buen nombre del periodismo que apreciamos, que es el que da voz al pueblo. Nos preocupa el periodismo que se ocupa de escuchar al fusilado que vive.

Bien sabemos que las definiciones respecto de lo que es el periodismo no están dadas de una vez y para siempre, sino que tienen sus condiciones de posibilidad. Sin embargo, estas operaciones se sustentan en una concepción del periodismo de investigación que se pretende ahistórica, aunque se volvió hegemónica en los noventa, precisamente de la mano de quienes las realizan, y que sirvió al aniquilimiento del Estado y al desprestigio de la actividad política sosteniendo que la tarea central de un periodista de investigación es revelar lo que “el poder” pretende ocultar. Es decir, poner el foco sobre el poder político para, de esa forma, negar su propio poder. En definitiva, para negar su condición de medios concentrados en grupos de poder económico con intereses inconfesables.

Años de monopolizar la palabra, de tener el formidablemente perverso poder social de utilizar las marcas en la memoria de las mayorías, en principio, sobre un Estado dictatorial que robó, persiguió, censuró, secuestró, desapareció y asesinó, y luego, sobre una dirigencia política neoliberal que saqueó y rifó las riquezas de la Argentina en pos de la riqueza de unos pocos, les han permitido no sólo ocultar su propio protagonismo en esos horrores de nuestro pasado reciente, sino también hacer público, objetivado, visible, decible, o incluso oficial, lo que les venga en gana sobre el Estado y la política, para hacer los grupos haciendo el sentido común. Esto es: un consenso explícito en torno a esa concepción según la cual, concentrando todo el poder, es el Estado el que puede hacer lo que le venga en gana (por tanto, un potencial enemigo) y la actividad de quienes lo gestionan, una tarea sucia e incluso mafiosa realizada contra los intereses de las mayorías.

Así, en un contexto en el cual el Estado le disputa el poder a estos medios deteriorando su capacidad de imponer temas de agenda y condicionar las políticas implementadas, no es de extrañar que estos jueguen su batalla con el verosímil para instalar operaciones políticas sustentadas en informaciones falsas y no con la verdad.

Puesta en jaque su supuesta independencia, desnudada su naturaleza profundamente política, y con esto la falacia de que son actores neutrales carentes de poder que vienen a develar verdades transparentes ocultadas por quienes sí lo poseen, se ven compelidos no sólo a manipular las informaciones que no se adecuan a sus intereses, como sostuvo Arturo Jauretche, sino incluso a inventar, fabular y presentar datos que se saben falsos pero que, reavivando aquellas marcas en la memoria, pueden resultar verosímiles.

Poco importa, entonces, presentar denuncias plagadas de potenciales, encubrir bajo una supuesta reserva de fuentes la inexistencia de las mismas (denigrando de esa forma el rigor de una tarea que se sustenta en estas), sostener que lo que se “investiga” es lo que “le interesa a la gente” (aunque atente contra los intereses populares), e instalar la idea de que la prensa de investigación es una competencia por capturar “revelaciones” o denunciar supuestos “chanchullos”. En suma, poco importa apostar por investigar para dar cuenta de las razones que impiden la existencia de un mundo más justo e igualitario, por observar que aquello que se presenta como una verdad es una mentira, y que aquello que no parece afectar el “bien común” tiene conexiones y consecuencias relevantes sobre el mundo que habitamos o deseamos.

Sucede que a nosotros nos importa el buen nombre del periodismo, pues tenemos la convicción de que en este también se juega el buen nombre de las mayorías. Nos preocupa el buen nombre del periodismo que apreciamos, que es el que da voz al pueblo. Nos preocupa el periodismo que se ocupa de escuchar al fusilado que vive.