Por Roberto Álvarez Mur

“La violencia institucional no la inventó (el gobernador Daniel) Scioli o (el ministro de Justicia, Ricardo) Casal. Viene gestándose en la sociedad argentina, fundamentalmente, desde las políticas de represión y exclusión legadas por la Dictadura y el neoliberalismo”, explicó el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, quien disertó junto a la concejala platense del FpV Nacional y Popular, Florencia Saintout, en una conferencia para debatir el tratamiento del nuevo proyecto para un seguimiento ciudadano de la Policía Local.

La charla se realizó desde las 15hs en el Pasaje Cultural Casa Puente de La Plata, y tuvo como eje el debate del Proyecto que impulsa el Consejo de Control y Seguimiento Ciudadano de la Policía Local presentado al Concejo Deliberante platense por Saintout. La charla se centró en torno al acceso a la justicia por parte de los sectores populares; la intervención civil y la formación integral de las fuerzas de seguridad.

De la jornada participaron también el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, el vicepresidente del Subcomité para la Prevención de Torturas de Naciones Unidas, Mario Coriolano, y Rosa Bru, madre del joven estudiante de periodismo asesinado por la Policía platense en 1993, Miguel Bru.

“La violencia material del Estado sólo es posible cuando se construye una cultura que la legitima”, dijo Saintout.

“Esta no es una categoría nueva. Sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia institucional. Esta violencia proviene de un Estado que se había configurado como represivo, torturador, excluyente; ese Estado que se había achicado hasta convertirse en un desaparecido más”, afirmó la concejala Saintout, quien encabeza el proyecto que propone un seguimiento y control ciudadano de la Policía Local en La Plata, la democratización del acceso a la información jurídica y una formación integral en profundidad de las fuerzas de seguridad.

En la discusión sobre el tratamiento de la violencia institucional como política de Estado, se coló también el violento desalojo llevado adelante por la Policía en la zona platense de Abasto, donde 1.300 personas asentadas en predios rurales reclamaban una solución habitacional. Uno de los principales referentes durante el conflicto, el juez Luis Federico Arias, manifestó: “La Policía es una mano de obra que siempre está disponible para reprimir. Tradicionalmente, los gobiernos de Argentina han pactado a su conveniencia con las estructuras policiales, judiciales y políticas que instalan la violencia como forma institucionalizada. Si no existe voluntad política, es una situación muy difícil de cambiar”.

La charla se brindó en el marco del día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, que se conmemora el 8 de mayo en referencia a la llamada Masacre de Budge de 1987, donde  fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial, recuperando así trayectorias de los organismos de derechos humanos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

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“Estas violencias materiales ejercidas desde las instituciones de poder siempre van acompañadas por una violencia simbólica, una cultura que la legitima. Hoy, gracias a la lucha de muchísimos movimientos sociales, tenemos un Estado que logró instalar la violencia policial en la agenda para debatir”, expresó Saintout. Y agregó: “Por eso debemos seguir construyendo poder popular, para que nunca más haya un Miguel Bru”.

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acerca de los últimos diez años explica que “murieron 1.150 personas particulares en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad”. Es más, “cerca de la mitad de estas personas (49%) murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”.


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