Por Eduardo Aller y Pablo Roesler

La infantería de la Policía bonaerense estaba en formación y tenía orden de avanzar sobre las 350 familias que llegaron a un predio de la localidad platense de Abasto en busca de un lugar donde construir sus hogares. Pero la represión fue frenada cuando el vicegobernador Grabriel Mariotto llegó al lugar junto a legisladores y concejales kirchneristas y se abrió una instancia de diálogo y negociación que terminó en el acuerdo de buscar una “solución gradual”.

“El Municipio puede, de entrada, acercarse y ver los problemas que tienen esos vecinos y trabajar para defender el derecho a la vivienda. Acá tenemos un problema, donde los actores son una inmobiliaria que quiere hacer sus negocios y un grupo importante de familias que no tienen dónde vivir; entonces, el Estado municipal debería estar presente”, dijo la concejala platense del Frente para la Victoria (FpV) Nacional y Popular, Florencia Saintout, después de presentar junto a su bloque en la sesión de ayer del Concejo Deliberante de La Plata un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para que la Comuna notifique la situación de los terrenos y las familias que allí se asentaron.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, y pidió a la Comuna conocer el estado dominial, la situación judicial, la cantidad de familias que se encuentran viviendo y un informe de la situación socioeconómica de los vecinos que se encuentran viviendo en los terrenos de 520 a 530 y 213 a 217 de la localidad de Abasto, que el juzgado de Garantías Nº 3 de La Plata ordenó desocupar al aceptar la denuncia de una inmobiliaria que acusó de “usurpación” a 11 de las 1.300 personas instaladas en el lugar.

Los concejales también solicitaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social y la de Salud y Medicina Social para dar contención inmediata a los vecinos que se encuentran viviendo en dichos terrenos. Del Concejo, los ediles fueron a la Legislatura bonaerense, donde presentaron el mismo pedido de informes a la provincia y solicitaron la intervención del municipio en el conflicto.

La intervención de los legisladores en el territorio y sus acciones en el órgano legislativo consiguieron que ayer la política le ganara la pulseada a la especulación inmobiliaria.

Más temprano, y después de llegar hasta el terreno rodeado de quintas en el que mujeres, hombres, niños y niñas esperaban que la policía cumpliera la orden judicial de desalojarlos, Mariotto anunció que impulsará una ley de expropiación del predio en conflicto. Son cincuenta hectáreas que comienzan en la equina de la avenida 520 y la calle 214. Ese proyecto fue promovido por el senador provincial del Frente para la Victoria Emilio “Taka” López Muntaner.

La iniciativa fue trabajada con los vecinos en el lugar y no sólo prevé la expropiación de las tierras, sino que propone la construcción en el lugar de un complejo de viviendas. López Muntaner explicó que “no sólo apunta a que cada vecino sea dueño de su propia tierra, sino también de su vivienda, ya que propone que el destino de esos terrenos es la construcción de un complejo habitacional”.

Entre los referentes políticos que ayer evitaron el desalojo estaba el edil platense Guillermo “Nano” Cara, del bloque FpV Nacional y Popular. “Se acordó avanzar con la solución del problema de manera gradual”, dijo a Contexto.

“Se hará un censo de las personas que están, se va a conformar una comisión para ver cómo se destraba todo, con la participación de todos los involucrados”, agregó. Y completó: “Hay un compromiso de no desalojar y de que no aumente el número de personas en el lugar; sólo se dejará una guardia muy reducida”.

La noche previa, también con el objetivo de evitar el desalojo violento, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, había corrido una medida precautelar para suspender la decisión de la Justicia Penal de barrer con las casillas y sus ocupantes.

“No hay un delito de usurpación. La ocupación no es un delito en sí misma, es delito cuando hay violencia, clandestinidad, destrozos de puertas, alambrados o cerraduras, y esto no es lo que pasó acá”, explicó el magistrado, que en su resolución hizo lugar al pedido de un vecino que pidió por la seguridad de sus dos hijos.

“Este predio está en una situación de abandono y la gente entró físicamente. De modo que hay una ocupación y debe ser tratada en el fuero civil. Pero, además, el denunciante es una inmobiliaria de la zona que no es propietaria, pero que sí pretendió quedarse con todo”, abundó.

“Entonces, ¿cómo es? ¿La inmobiliaria no comete delito y sí lo comente la gente que está en extrema necesidad? Me parece que acá subyace una posición clasista y discriminadora hacia sectores sociales muy desaventajados”, razonó.

Esa era, precisamente, la sensación generalizada sobre el fallo de la Justicia que otorgó una salida conflictiva a la ocupación: que había sido en beneficio de la especulación inmobiliaria que busca quedarse con los valiosos terrenos. Las parcelas son reclamadas por la Inmobiliaria Mattioli, de Abasto, cuyo titular fue quien denunció penalmente a once personas por “usurpación”, lo que redundó en un fallo judicial acorde y extensivo al resto de las personas que necesitan de un lugar donde vivir.

El de Mariotto no fue el primero de los apoyos manifestados con su presencia en el territorio que recibieron esas familias, a las que las grandes firmas del mercado de propiedades y el diario El Día señalaron como “usurpadores”:  Saintout, la concejal Ludmila Kostiuk y los senadores bonaerenses Gustavo Di Marzio y Gustavo Oliva estuvieron junto a los vecinos.

“Lo que sucede en el barrio de Abasto no puede pasar desapercibido en el Concejo Deliberante y en la ciudad de La Plata porque, a pesar de que es jurisdicción provincial, este también es un asunto de todos los platenses”, reflexionó Saintout. Y recordó que el FpV Nacional y Popular “planteó la adhesión a la ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, que fue aprobada por el Concejo, pero para que esa ley se cumpla hay que trabajarla y eso no se está haciendo”.


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