Por Maximiliano Ceci

“La creación de la unidad fiscal fue una demanda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Un pedido que venían haciendo hace muchos años con toda razón. Si bien había una unidad fiscal de lesa humanidad que vienen trabajando desde el 2007, hay una especificidad que justifica el tratamiento por separado”, explicó Pablo Parenti, titular de la Unidad Fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, a tres años de su creación.

Parenti nació en un hogar politizado donde generó conciencia política. A los 16 años presenció el juicio a la Junta Militar y, más tarde, tuvo la posibilidad de juzgar personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. “Pero trabajar en las causas de apropiación supone algo extra. Hoy hay personas que están viviendo con una identidad construida con base en un delito. No se trata solo de perseguir a los culpables”, dijo Parenti.

El pedido de Abuelas, sumado a la falta de focalización de las causas, pusieron como principales objetivos de la Unidad “agilizar los procesos judiciales y homogeneizar los pasos a seguir en las investigaciones”. Hoy las causas que demoraban dos años se redujeron a 8 o 9 meses. “El sistema judicial, básicamente, lo que hizo hasta hora es tramitar casos individuales. Otro objetivo de la unidad fue complementar este tipo de investigaciones individuales con un tipo de investigación más sistemática”.

-¿Cómo se está sistematizando la investigación por apropiación de niños durante la dictadura?

-Nos dimos cuenta que la gran mayoría de los casos que quedan por resolver son hipótesis de niños que nacieron en cautiverio. La gran mayoría de los casos de los chicos que ya habían nacido cuando fueron secuestrados están resueltos. Quedan algunos, pero la enorme cantidad de casos pendientes es sobre niños nacidos en cautiverio. Analizando las características de la apropiación, nos dimos cuenta de que el grupo mayoritario fue a partir de una partida de nacimiento falsa generalmente donde un médico dice que nacieron en parto domiciliario. La mayor cantidad de chicos que nacieron en cautiverio no fueron hacia el sistema de adopción, que era otra vía de llegada a las familias, sino que le dieron a un matrimonio con cierto vínculo, cercano o lejano, con las fuerzas represivas. Con un matrimonio que con un criterio de selección se lo daban y lo que hacían era fraguar los documentos con un médico que se prestara y, por lo general, lo anotaban como parto domiciliario. ¿Por qué esto? Porque el parto domiciliario no deja registros, no hay historia clínica. Si nace en el hospital, tendría que figurar en los registros, en las actas.

Acá nos encontramos con dos signos importantes: hijo biológico- parto domiciliario. Lo que estamos haciendo es un estudio de partidas de nacimiento, empezando por capital federal y la idea es extenderlo a todo el país. Ya conseguimos partidas de cuatro provincias. A lo que apuntamos es a un estudio sistemático con ciertos puntos de sospecha que además los tenemos en un protocolo.

-¿Cuáles son los elementos sospechosos que se buscan con el protocolo?

-Hay que tener cuidado con esto, no podemos hablar de patrones, sino de características. Ahí hablamos de quiénes figuran como madres y tienen más de 40 /50 años. Es sospechoso, pero no es que todas las madres tienen esa edad, hay muchas madres que estaban en edad reproductiva. Tampoco es que en todo parto domiciliario no hay un hijo biológico. Después hay que tratar de vincular las relaciones con las fuerzas militares. Hay casos en los que se da que los chicos fueron entregados a miembros de la misma fuerza, pero otras veces, fueron dados a matrimonios de civiles que tenían contacto con un militar que puede ser un familiar, un amigo. Otra cosa que miramos son los padrinos. Nos dimos cuenta que hay muchos casos que los entregadores de los chicos aparecen como padrinos. No se sabe si es una forma de agradecimiento o reconocimiento. Pero son varios los casos en que se cumple. Entonces cuando sospechamos de una persona, pedimos a la iglesia saber si están bautizados y quiénes son sus padrinos. Todos son datos que en sí mismos no son categóricos.

-En la Unidad funciona un equipo de cinco investigadores que tienen a cargo causas específicas, otra área que se encarga de los seguimientos de las causas y una tercera que se llama investigaciones preliminares. ¿Cuál es la importancia de esta última?

-Las investigaciones preliminares son investigaciones que podemos llevar los fiscales antes de la judicialización de un caso. Ante un caso que hayamos recibido, que no tiene toda la información deseable. Entonces investigamos más a fondo el caso, lo robustecemos para presentarlo a la justicia con más información. Intentamos que no falte la partida de nacimiento, tratamos de buscar la historia clínica de las personas que supuestamente están marcadas como apropiadores. Aprendimos a hacer esto en muy poco tiempo. Esto que te decía que antes tardaban dos años en pedir esa información. Empezamos a generar vínculos con organismos públicos y privados para conseguir la información rápido.

Las investigaciones nuestras se achicaron mucho. De dos años pasamos a tres, cuatro meses. Muchas veces cuando hacemos la denuncia, ya estamos en condiciones de pedir el ADN. Esto llevó a que el promedio nacional de casos que judicializamos desde la unidad da que en 3,8 meses ya se está realizando la audiencia de ADN. O sea, habría que sumar los tres o cuatro meses de la investigación preliminar nuestra más el tiempo que tardan el pedido de ADN y estaríamos resolviendo en 8 9 meses, en vez de dos años como cuando el caso iba directamente al sistema judicial. Entonces, los jueces y fiscales cuando reciben las causas las consideran lo suficientemente sólidas como para solicitar el ADN.

-¿Cómo ves el sistema judicial?

Me parece que hay problema histórico del sistema judicial. Que tiene características que lo hacen ineficiente, elitista, endogámico. Si uno mira a través de las décadas tiene muy pocas modificaciones. Incluso en sentido de estratos sociales, o forma de pensar, cosmovisión reinante del poder judicial. Tiene Poca permeabilidad a los cambios, a la oxigenación, a la entrada de nuevos sectores. Creo que en lo últimos años se fueron dando cierto cambios y los juicios de lesa humanidad fueron parte ellos. Permitió que mucha gente que venía de la lucha de los derechos humanos se incorporara al sistema. O muchos que ya estaban en el sistema judicial a partir de los juicios de la lesa humanidad desarrollaron cierta sensibilidad.

Hace falta un sistema judicial que esté más cerca de las necesidades del pueblo. Para mí cuando hablamos de democratización es esto. Que los mecanismos de rendición de cuentas funcionen, no que estén captados por la corporación judicial que lo que hacen es bloquear las denuncias que se hacen en contra algunos jueces en caso sumamente graves.

 

-¿Cómo está el escenario en cara a la Democratización de la Justicia?

-Hoy el escenario es difícil porque está planteado de modo de injerencias y de control. Hay una percepción y una lógica que está cruzada por ejes que no son los correctos. El terreno está condicionado por ciertas distorsiones.

Me parece que es importante que los sectores políticos entiendan que cambiar la justicia es una necesidad real. Aveces las disputas coyunturales y electorales hacen que los partidos políticos se coloquen a favor o encontra de ciertas cosas por especulaciones de corto plazo. Ojala se logre un consenso político de más de un partido político que permita cambio. Creo que si mucha gente honesta que hay en la política deja de lado las especulaciones electorales, va a coincidir.