Tras denunciar públicamente las amenazas que recibía de manera permanente por su tarea de mandar a la cárcel a ex represores y genocidas, el presidente del Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, decidió reclamarle más compromiso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: en un escrito de doce carillas –al que accedió Contexto–, el magistrado le pidió ayer al máximo tribunal que, “en ejercicio de sus poderes implícitos y de superintendencia, brinde a todos los funcionarios que se desempeñan en el TOCF1 la necesaria seguridad personal y tranquilidad de ánimo para brindar el servicio de justicia”.

Con el patrocinio jurídico del penalista Eduardo Barcesat, Rozanski advirtió que las intimidaciones “provocan una afectación funcional que imposibilita al extremo el normal desarrollo de la magna función de administrar justicia”.

Por eso, el juez propuso la toma de “decisiones y procedimientos que desmonten el tenebroso dispositivo terrorista que provoca dicha afectación”.

La de ayer fue la segunda denuncia que realizó el magistrado: a principios de este mes había denunciado en el Juzgado Federal N° 1 una seguidilla de ataques y amenazas que comenzaron en enero, unos días después de que se difundieron los fundamentos de la sentencia del juicio contra La Cacha.

En esa ocasión, Rozanski había precisado que tanto él como sus colaboradores del Tribunal recibieron llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas, que con el paso de los días fueron volviéndose más intensos. “Fueron amenazas con mucha perversión” que evidencian “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”, explicó en aquella oportunidad.

En el camino de frenar las intimidaciones, Barcesat explicó a Contexto que lo más urgente es “desarticular la organización mafiosa” que funciona en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz (donde se aloja a los genocidas condenados), donde “todos estos detenidos por crímenes de lesa humanidad forman una especie de cofradía”.

“Tienen un bunker con elementos de informática (teléfonos, notebooks, impresoras) y, evidentemente, desde ahí dirigen el espionaje sobre aquellos que tienen a cargo los principales juicios de lesa humanidad”, agregó el abogado.

El escrito presentado por Rozanski le recuerda a la Corte que en su resolución del pasado 21 de abril desestimó el proyecto de conjueces justificándose en la libertad e independencia que debe tener el máximo tribunal en relación con las presiones políticas: “Que más amenaza política se puede dar que la amenaza a la vida, a la integridad de la familia de los magistrados”, consideró el penalista.

 

Las intimidaciones

El pedido de Rozanski detalló las intimidaciones sufridas personalmente, por su familia y personal del juzgado. En su caso, según relató, los agresores llegaron a amenazarlo con atacar a balazos a su hijo de diez años durante el viaje de egresados de la escuela primaria que el chico realizará. La amenaza fue tenebrosa: en el mensaje intimidatorio dieron el nombre de la empresa y la fecha en la que el chico realizará el viaje.

“Aterrorizar, de esa forma tan brutal, amenazando a los hijos. Evidenciando que tienen un poder de seguimiento y de control enorme”, explicó Barcesat.

Por eso, en su escrito Rozanski reclamó a la Corte intervención “para que las familias –de los funcionarios judiciales y la mía– no vivan bajo un terror cotidiano y puedan disfrutar de la privacidad de las personas y de las vivencias propias de los individuos y a su núcleo familiar”.

En ese camino, Barcesat pidió que se traslade a los detenidos y al personal penitenciario del Penal de Marcos Paz. “Nada de esto sería posible si no fuera con la complacencia y encubrimiento” del personal de vigilancia de la cárcel. Y pidió realizar “un allanamiento sorpresivo para incautar los materiales con que opera la banda” en la unidad penal.

Rozanski preside el Tribunal que dictó las condenas contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, Federico Von Wernich, varios represores de inteligencia militar, y tiene a su cargo todas las causas del Circuito Camps.


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