Por Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios (FPyCS-UNLP)

En la última semana hemos visto cómo ciertos grupos mediáticos han reproducido la cansina voz de algunos “expertos” que buscan poner en cuestión el derecho a la educación pública, universal y gratuita, uno de los baluartes de la tradición educativa nacional, en el marco de la crítica a las políticas públicas de las gestiones kirchneristas. A su vez, los discursos que proponen una universidad para pocos, que identifican calidad académica con meritocracia y señalan como estrategia pedagógica adecuada los premios y castigos, también tienen una presencia firme en el debate político nacional. Desandar sus argumentos es una tarea básica para discutir cuál es la universidad que tenemos y hacia dónde debemos apuntar el crecimiento de nuestro sistema académico.

El diario Clarín, por ejemplo, publicó en su edición del jueves pasado una nota titulada “La universidad privada crece más que la pública”, donde señala entre otros datos que “de cada cien nuevos ingresantes entre 2003 y 2012, 78 se anotaron en universidades privadas y 22 en estatales”, y que “en la región, Brasil gradúa la mitad de los ingresantes; México y Chile, 6 de cada 10”, retomando información del Centro de Estudios de la Educación Argentina.

En primer lugar, nos interesa señalar algunas debilidades que presentan estas estadísticas y que ponen al descubierto su carácter interesado. Respecto de la tasa de crecimiento de estudiantes, resulta comprensible que será mayor en un sistema que contaba 204.612 alumnos en 2002 (el sistema privado), que en uno con 1.257.707 alumnos en la misma fecha (las universidades públicas). La afirmación sobre los nuevos inscriptos resulta directamente falsa: la fuente principal que señala el estudio mencionado, el Anuario de Estadísticas Universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, detalla la cantidad de inscriptos por año discriminando sistema privado y público. El primero de ellos creció, entre 2002 y 2012, de 52 mil a 105 mil nuevos inscriptos por año, en tanto que las universidades públicas pasaron de 305 mil a 315 en el mismo período. Sobre el último “dato”, también le salta la pintura con sólo raspar un poco: comparar sistemas hegemónicamente privados como el chileno, o parcialmente públicos pero con un sistema de ingreso restringido como el brasileño y el mexicano, con el argentino, que tiene a su enorme mayoría de estudiantes en las aulas del Estado, resulta claramente maniqueo y reduccionista.

Pero, además, la nota no señala que en nuestros país la inversión en Educación pasó de representar el 3.64% del PBI en 2003 6.47% en 2012, y que a su vez el 1% está destinado a las universidades nacionales. Tampoco muestran que las universidades públicas tienen casi cinco veces más alumnos que las privadas, que el salario mínimo de un docente universitario registró un incremento de 1.125,5%, que de 2012 a 2015 se cuadruplicó el presupuesto anual asignado a becas para estudiantes universitarios, llegando a casi mil millones de pesos anuales.

¿Se han registrado cambios significativos en el volumen y la conformación del sistema universitario privado? ¿Están vinculadas estas transformaciones con el acceso de una clase media robustecida a nuevos mercados de consumo? Para responder preguntas tan complejas necesitamos observar las estadísticas de manera crítica; hacerlo con el objetivo de afirmar que el sistema privado es más “eficiente” y que por lo tanto hay que apostar a él, es un ejercicio de simplismo interesado que desnuda un razonamiento mezquino y torpe.

Pero estaríamos equivocando el camino si pretendiéramos dar esta discusión contrastando sus estadísticas con otras, o mostrando las cifras desde otra perspectiva. Este ejercicio es necesario para demostrar la falsedad con que construyen sus discursos, pero el punto de la discusión entre la educación privada y el sistema público rebasa largamente esa cuestión y se dispone sobre una pregunta central: ¿a qué proyecto de país pueden aportar las carreras de la UADE, la UCA, la FASTA, y a cuál las de la UNLP, la UTN, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, la UBA o el IUNA? No hay espacio ni siquiera para imaginar que una praxis educativa privada pueda aportar, por ejemplo, a una Diplomatura en Deporte Social como la que puso en marcha la Subsecretaría en Políticas Universitarias en clubes de barrio del municipio de Avellaneda; a la Diplomatura en Agroecología y Hábitat Social que articula los ministerios de Desarrollo Social y Agricultura de la Nación con las Universidades de La Plata y San Martín; o, finalmente, las Escuelas Populares de Formación en Género que se dictan en nuestra Facultad junto al Consejo Nacional de la Mujer.

Por su parte, el diario Hoy cuestiona en una nota publicada el pasado miércoles las modificaciones del Régimen de Enseñanza aprobadas por nuestra Facultad, señalando melancólicamente que “se abandona la lógica de premios y castigos”, o que “las nuevas cláusulas eliminan las sanciones a los/as estudiantes que no cumplían con los requisitos de aprobación de las cursadas y finales como los cupos de recuperación y acceso a la promoción”. Aquí también nos interesa proponer una reflexión que supere la primera reacción que nos provoca: superar la acusación del carácter directamente ridículo de hablar de premios y castigos, o que mienten cuando afirman que se habilitó un tercer recuperatorio de parciales, que es una normativa con asiento en la de la Universidad Nacional de La Plata.

De esta manera, nos interesa reflexionar sobre las formaciones culturales que interpelan estos discursos, y que abrevan en momentos históricos diversos de la idiosincrasia educativa nacional. Apelan a imaginarios consolidados en ciertos estatutos autoritarios y meritocráticos que cada vez tienen menos lugar en las aulas argentinas, pero que si persisten es porque tienen una presencia histórica que se rearticula en contextos epocales diversos. A días de un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, no viene mal recordar aquella propaganda donde los dictadores que habían usurpado el Estado llamaban a los “Argentinos a vencer”, a “ganar la guerra en todos los frentes”, dialogando con una joven universitaria. Aquella muchacha -blanquísima y de ojos claros, distinta quizás a muchos de los jóvenes que ingresan hoy a la Universidad con el Progresar-, reflexionaba para sí: “mi país me necesita, ¿qué puedo hacer por mi país”; a lo que una didáctica voz castrense respondía: “seguir estudiando, seguir aprendiendo, con voluntad, sin claudicar, haciéndolo con más fuerza que nunca, tomando conciencia de que esta lucha también es tuya”. Resulta abismal la distancia entre esa universidad autoritaria y bancaria y nuestro deseo de construir cotidianamente una educación popular, cuyos sujetos se muevan por el esfuerzo pero también desde el deseo, que dé cada día la disputa por la construcción de una sociedad cada vez más equitativa, democrática y plural.

Finalmente, en medio de estas discusiones sobre educación, soberanía, eficacias y proyectos políticos, el tema Malvinas vuelve a hacerse pertinente a raíz de las noticias que discutimos. De aquella época proviene el núcleo que comparten ambas notas: la presencia como “experto en educación” de Alieto Guadagni. Este miembro de la conservadora Academia Nacional de la Educación fue Secretario de Energía entre julio de 1982 y diciembre de 1983, experiencia que, como expresara el Investigador de Conicet Ignacio Sabbatella, es condenable “no sólo por haber tenido lugar durante la peor dictadura que asoló a nuestro país, sino también porque bajo su gestión se aprobaron condiciones contractuales que deterioraban aún más el patrimonio de YPF en beneficio de un puñado de grupos económicos”.

¿Es posible hablar de calidad académica en el marco de discursos que retoman “expertos en educación” protagonistas de una dictadura? ¿Desde cuándo la inclusión educativa puede ser pensada por fuera de este tipo de definiciones políticas, como si producir egresados universitarios fuera lo mismo que producir hamburguesas?

Hoy tenemos una universidad nacional que apuesta a la formación de futuros técnicos e ingenieros, promoviendo carreras estratégicas para el desarrollo energético y productivo del país, a través de becas (como las Becas Bicentenario que reciben más de 50.000 estudiantes de bajos recursos) o jornadas para estudiantes secundarios como Ciencia y Soberanía (que se desarrolla en el Museo Malvinas del Espacio de Memoria (ex ESMA) o el programa la Universidad con Escuelas Secundarias, sólo por mencionar algunos. Sin embargo, proponer reflexionar desde aquí resulta casi una quimera si lo hacemos para discutir con el facilismo de los expertos en educación, por una razón muy simple: cuando nosotros discutimos sobre educación, hablamos de construir unas pedagogías emancipatorias para una patria más justa; ellos, por el contrario, hablan de negocios y de orejas de burro.