Por Lucía García y Leandro Gianello

Martín Ernesto Moze recuperó su identidad en 2009 gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. Es militante de H.I.J.O.S. regional Barcelona, donde vive. Su experiencia de lucha en España se centra en la reivindicación de la memoria con respecto a los crímenes perpetrados por el franquismo entre 1936 y 1975, delitos que –ante la falta de respuestas en la Justicia ibérica– son investigados en Argentina por la jueza María Romilda Servini de Curbría, porque al tratarse de delitos de lesa humanidad la jurisdicción es universal. “La cifra de bebés robados y apropiados en los campos de trabajo del franquismo hasta 1975 es de treinta mil”, denunció.

Moze representó esta Semana Santa a esa regional internacional de la agrupación que reúne a los hijos de los desaparecidos, en el Congreso Nacional de H.I.J.O.S. que culminó el domingo en Embalse Río Tercero, en Córdoba, del que participaron doscientos representantes de diecisiete agrupaciones del país y dos internacionales: México y Barcelona. Entre el viernes y el domingo, los militantes destacaron las políticas de derechos humanos del Estado nacional, subrayando que lo avanzado hasta ahora en esa materia es tan importante que ya no es posible que los próximos gobiernos den marcha atrás.

En ese espacio, Moze contó que su trabajo en los barrios y en organizaciones españolas le permitieron vincularse con organizaciones de derechos humanos que buscan establecer las responsabilidades y vínculos con desapariciones, asesinatos y apropiaciones cometidas durante la dictadura del general Francisco Franco en la península ibérica.

“Actualmente estamos dentro de lo que es la CEAQUA, la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo”, explicó. Esa organización sirvió como enlace y tuvo una “buena recepción” por parte de la jueza María Servini de Cubría en Argentina, dijo.

El contacto directo con la Coordinadora y los patrocinantes de la causa permitió acceder a datos pormenorizados sobre el terrorismo de Estado en el período de la dictadura de Franco, cuya herencia concreta es “que España es el segundo país del mundo con más desapariciones forzadas y con más fosas comunes al costado de las carreteras”, detalló.

“Los números comprobados hasta el momento se acercan a los 114 mil desaparecidos”, detalló. Esas desapariciones se suman al escalofriante número de 500 mil muertos durante la guerra civil con que se implantó el régimen.

“Entre 1939 y 1959, la cifra de bebés robados y apropiados en los campos de trabajo del franquismo, e hijos de fusilados y asesinados y exiliados, en la guerra civil, y que continuó durante los casi cuarenta años de franquismo hasta 1975, la cifra comprobada que tenemos es de treinta mil apropiaciones”, explicó Moze. Esas fueron reflejadas en documentales como Los niños perdidos del franquismo, de Montserrat Armengou.

Asimismo, Moze explicó que ese mecanismo de robo de bebés continuó en parte de “la comunidad cristiana”, que, junto a un esquema de robo elaborado con la complicidad del Opus Dei en España, habría permitido continuar con la “apropiación y comercialización en lo que es el tráfico y trata de bebés”.

“Fueron comercializados, y tenemos denuncias dentro de los juzgados en territorio español. Estos datos nos indican que serían aproximadamente más de doscientos mil los bebés robados”, aseguro Mozé.

Por otro lado, destacó que “en estos veinte años de lucha” siguen investigando “el golpe cívico-eclesiástico-militar y la complicidad ideológica y participativa” como piezas de un engranaje perverso que formó todo un mecanismo represivo criminal, tanto en Argentina y Latinoamérica, con el Plan Cóndor, como también en España.

En todos los procesos “vimos las complicidades de la Iglesia y de la Justicia, y cómo la impunidad fue tapando cada uno de estos casos”. En España lo fue el Pacto de la Moncloa, “un ejemplo que las derechas en Latinoamérica han tomado como forma de saldar un momento trágico de la historia, una especie de Punto Final, pero español”, concluyó Moze.

Durante las jornadas, las agrupaciones destacaron las políticas de derechos humanos que el Estado lleva adelante, subrayando que lo avanzado hasta ahora en esa materia es tan importante que ya no es posible que los próximos gobiernos den marcha atrás.

El caso argentino es un estándar que sirve de ejemplo para los demás países en donde el terrorismo de Estado tuvo vigencia y es necesario no sólo un revisionismo histórico, sino todo un esquema de políticas públicas que impulsen la búsqueda de memoria, verdad y justicia para las generaciones futuras.