Por Pablo Roesler

El veterinario Claudio Raúl Grande y el ex empleado de la empresa de seguridad SHYA, Raúl Ricardo Espinoza, son dos de los tres civiles de Inteligencia del Ejército que actuaron como guardias en La Cacha y que fueron condenados en octubre pasado por los delitos de lesa humanidad cometidos en dicho centro clandestino de detención de las afueras de La Plata. Pero las condenas a 13 años de prisión que les impuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 no dejó conforme a las querellas: los fiscales de la Unidad Fiscal Federal platense pidieron que se eleve la pena a 25 años de cárcel.

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira recurrieron ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal el grado de participación y la pena impuesta a los dos civiles. En el mismo recurso solicitaron la modificación de la calificación de los hechos que afectaron a las embarazadas desaparecidas Olga Noemí Casado y Laura Estela Carlotto, madres de los nietos restituidos Sebastián Casado Tasca e Ignacio Montoya Carlotto.

En la sentencia del 24 de octubre pasado, el Tribunal que preside Carlos Rozanski condenó a quince represores a prisión perpetua, a tres, a 13 años de prisión y a uno, a 12, mientras que otro fue absuelto. Dos de los condenados a penas intermedias fueron Grande y Espinoza, quienes durante la dictadura cívico militar revistaban como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento 101 del Ejército, órgano de espionaje de la subzona militar 11, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército y el Batallón de Inteligencia 101.

En su rol de espías, Grande y Espinoza actuaron en La Cacha, centro “operado directamente por el Destacamento 101”, afirmaron los fiscales en el escrito con el que ayer cuestionaron ante el máximo tribunal penal las penas de 13 años para esos dos hombres, a quienes –por mayoría– el Tribunal consideró partícipes secundarios de secuestros y torturas.

En el debate, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández habían requerido prisión perpetua para ambos por considerarlos “coautores” en los secuestros y torturas de 127 personas y “partícipes necesarios” de los homicidios agravados de Casado y Carlotto.

En esa línea, Molina y Nogueira cuestionaron en el recurso de Casación la pena impuesta a los dos condenados. Esas consideraciones resultaron contradictorias para los fiscales y remarcaron que la gravedad de los hechos no tuvo correlato con las penas impuestas, por lo que pidieron a la Cámara de Casación que condene a Grande y Espinoza a 25 años de prisión. El tribunal había condenado, al primero por mayoría y al segundo por unanimidad, a 13 años.

El veterinario proteccionista

Grande era, hasta su detención en febrero de 2010, un veterinario de La Plata querido por sus vecinos y por las asociaciones proteccionistas de animales de la ciudad. Sin embargo, en el juicio por los crímenes de La Cacha se conoció una parte oculta de su historia. Y, en su recurso, los fiscales Molina y Nogueira recordaron que, además de que su legajo lo vincula al Destacamento 101, fue identificado por sobrevivientes de la dictadura “como guardia de La Cacha o participando de algún operativo de secuestro de personas que luego permanecieron en ese CCD”.

“Eran una parte esencial para el funcionamiento de La Cacha”, remarcaron. En 1977, Grande era estudiante de veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata, carrera de la que se recibió en 1982, aún en dictadura. Cuando egresó, hizo un pedido para dar clases en la Universidad que delató las tareas que venía haciendo entre el estudiantado: “(solicité) la posibilidad de ejercer tareas docentes que me facilitarían el acceso a las actividades que desarrollan las organizaciones de izquierda dentro de la Universidad donde cursé los estudios, facilitándose producir valiosas informaciones”. Su superior avaló su infiltración.

Jota Jota

Raúl Ricardo Espinoza era empleado de una empresa de seguridad de la Capital Federal cuando lo detuvieron el 17 de febrero de 2010. Según se reconstruyó en el juicio por La Cacha, revistó en el Grupo de Actividades Especiales del Destacamento 101 y actuó como guardia del centro clandestino bajo el apodo de “Jota”, nombre que había elegido por su ídolo futbolístico, el riverplatense Jota Jota López.

“El Grupo de Actividades Especiales, al cual pertenecía Espinoza, era un grupo operativo que llevaba adelante los allanamientos y secuestros de las víctimas que luego eran trasladadas al CCD”, remarcaron en el recurso los fiscales. En 1976, Espinoza se inscribió en la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, donde comenzó a ejercer como espía.  En el juicio, cuatro víctimas lo reconocieron como uno de los guardias de La Cacha.