Una ojeada semanal por la sección Educación del diario La Nación no sorprende. El matutino hace tiempo encabeza una campaña de desprestigio y deslegitimación de la educación pública y gratuita. En los últimos meses intensificó su producción informativa con el objetivo de reeditar fundamentos que tienen como antecedente programático a las políticas excluyentes en materia educativa del ex ministro de economía de la Alianza, Ricardo Lopez Murphy. La estrategia es sencilla aunque siniestra: instalar la presunción de que el ensanchamiento del ingreso de los sectores populares a la educación es en detrimento de la calidad educativa y no garantiza su terminalidad.

Pero, ¿qué es calidad educativa para la derecha concentrada de nuestro país? ¿Acaso son los modelos educativos para la formación de tecnócratas, que prevalezca la educación de mercado a la que se espera que accedan unos pocos? ¿O simplemente el pronunciamiento sobre calidad es la elipsis que empuja el pueblo fuera de las aulas?

En la nota publicada, La Nación advierte con datos del Centro de Estudios de Educación Argentina (CEA), que conduce Alieto Guadagni, que creció un 22,5% la matrícula en universidades en la última década pero solamente se gradúan 3 de cada 10 ingresantes. Ante esta circunstancia el informe señala como problema al ingreso irrestricto a la universidad en Argentina, diferenciándolo del “resto del mundo” y proponiendo una comparación superficial con el caso brasilero y el chileno particularmente.

El nombre de Alieto Guadagni es conocido por haber sido el secretario de Energía de la última dictadura militar entre los años 1982 y 1983; y también del gobierno de Eduardo Duhalde. Durante la dictadura tuvo a cargo la renegociación de los contratos con las empresas de capital nacional (Pérez Companc, Bridas, Techint, Pluspetrol y Astra) que habían accedido a la explotación de áreas productivas de YPF por licitación pública desde 1977. Una nota de la Agencia Telam (13/05/2014), cita a los investigadores de CONICET, Esteban Serrani y Ana Castellani que advierten sobre las consecuencias nefastas para la soberanía energética que tuvo el paso de Guadagni por la secretaria profundizando el deterioro de YPF y favoreciendo las condiciones de las empresas contratistas antes mencionadas.

Algunas cuestiones obvias que es necesario explicitar antes de ingresar a la discusión específica en materia de educación. La dificultad para garantizar la terminalidad de un proceso educativo a nivel superior, pero también en el nivel secundario, expresa un escenario de mayor inclusión educativa. Este escenario es consecuencia de la mayor inversión pública en educación de calidad que registra nuestro país producto de la decisión política del gobierno que conduce Cristina Fernández de Kirchner que destinar más de un 6,5% del PBI a este sector. Sin inclusión discutiríamos dificultades de acceso. Si la discusión es sobre terminalidad, el foco tiene que estar puesto en políticas para la permanencia y sostenibilidad en las trayectorias de nuestros estudiantes.

A su vez es importante recordar que nuestro país adhiere a las diferentes declaraciones internacionales que plantean a la educación superior como un derecho universal, por lo que es necesario reconocer a los esfuerzos destinados a ampliar el acceso y garantizar la permanencia y la terminalidad como políticas que apuntan al cabal cumplimiento de los Derechos Humanos. Por este motivo, es importante atender al modo en el que se construye la problemática: cuando un/a estudiante –que así lo desea– no logra finalizar sus estudios universitarios, sea por razones económicas, geográficas, educativas o de cualquier otra índole, estamos ante una situación de vulneración de derechos. Es decir, es una obligación del Estado atender a esta situación y proponer vías de resolución, pero esto sólo puede lograrse desde perspectivas incluyentes.

Un aumento en la matrícula de las universidades conlleva un aumento en los egresados del nivel secundario. El enfoque que demanda otras condiciones de ingreso a la universidad mediante exámenes finales en el secundario o en exámenes de ingreso eliminatorios, pretende garantizar terminalidad a costa de disminuir el ingreso. Esto es lo que sucede tanto en Brasil como en Chile, donde el acceso a la educación superior se realiza a través de Pruebas de Acceso o Exámenes Selectivos que en ambos casos redundan en políticas excluyentes y son motivo de intensas movilizaciones estudiantiles en pos de garantizar sistemas más democráticos e igualitarios.

El caso chileno es paradigmático en este sentido. El Movimiento Pingüino del año 2006 demandaba la gratuidad en las pruebas de acceso. No sólo eran eliminatorias sino que también estaban aranceladas. Las movilizaciones estudiantiles chilenas del año 2011 se concentraron en pedir una ampliación del financiamiento público en la educación universitaria. El Estado solamente financiaba el 25% y el resto debía ser solventado por los estudiantes.

Por ende, el enfoque citado en el matutino se enmarca en un proyecto de país que promueve una política educativa privatizada, con accesos restringidos e inclusión selectiva a la universidad. Así, se garantiza el título universitario solamente para aquellos que puedan costear su propio trayecto. El modelo no es nuevo y es excluyente. Se ampara en el discurso del esfuerzo individual ocultando lógicas expulsivas que aún sobreviven en el imaginario y redundan en prácticas regresivas en varias de nuestras instituciones.

El país que habitamos promueve mediante la presencia sostenida del Estado con inversión y con una diversidad de programas sociales la construcción de condiciones para el ejercicio del derecho a la educación. Tanto la Asignación Universal por Hijo como el Programa PROGRESAR son políticas que construyen inclusión educativa. Al igual que la creación de universidades y el aumento de la infraestructura universitaria. Pero con esto no alcanza para garantizar la terminalidad.

Parte de los nuevos desafíos del sistema público de educación superior se vinculan con la necesidad de construir condiciones para la permanencia de nuestros estudiantes, favoreciendo trayectorias de calidad y garantizando su terminalidad. De esta forma, una mayor diversidad de propuestas educativas terciarias, de pregrado y de grado, nuevos formatos institucionales atentos a las demandas locales y regionales, diseños curriculares que permitan acreditar trayectorias por tramo, programas para el acompañamiento en las trayectorias de los estudiantes y el acento puesto en generar aprendizajes socialmente significativos para las comunidades, son algunas de las coordenadas que guían este camino.

El nudo articulador de los desafíos y debates es abordar los modos en que configuramos universidades orgánicas a la experiencia popular. Conflicto y resistencia parece ser el núcleo de la transformación de una educación que se formule a contrapelo del mercado y de las utopías conservadoras que exclaman democracias sin pueblo.

Mucho se ha hecho en esta línea desde el Ministerio de Educación de la Nación y es responsabilidad de todos los actores que componemos el sistema universitario seguir innovando en políticas de acceso, permanencia y terminalidad educativa para todos los compatriotas que deseen ingresar a la universidad del pueblo argentino.

 

*Docentes e investigadores de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.