[quote_recuadro]Primera Entrega[/quote_recuadro]

Por Martín Gras*

“El poder es algo que funciona a través del discurso porque el discurso es, el mismo, un elemento de un dispositivo estratégico de relaciones de poder” (Michael Foucault)

Auguran tiempos de impunidad…

El martes 17 el Dr. Jorge Auat, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, encabezó una reunión, buscando dar respuesta a las inquietudes de varios de sus colegas en relación a “una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país”.

El domingo 22 de marzo el diario La Nación comenzaba su editorial de la siguiente manera: “Con tres recientes sentencias ajustadas al derecho ha llegado, si bien excesivamente tardío, el reconocimiento de la verdad objetiva”. Las sentencias resolvían positivamente “las politizadas causas contra el periodista y analista político Vicente Massot y el empresario azucarero Carlos Blaquier”, así “como el caprichoso pedido de indagatoria … a algunas personas a los que el gobierno kirchnerista procura lastimar en el ámbito de un juicio amañado contra accionistas privados de Papel Prensa”.

Sin embargo, los principales temas considerados por los fiscales eran al menos seis: los mencionados casos Massot, Blaquier y Papel Prensa, más las excarcelaciones u otorgamiento de prisiones domiciliarias de casi todos los condenados en los juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados en la guerra de Malvinas como delitos de lesa-humanidad; y la falta de méritos del jefe de redacción de la editorial Atlántida, Agustín Botinelli.

Es decir que en el mismo periodo se consideró, aunque con diferente valoración una serie de decisiones judiciales coincidentes, que un actor (la Procuración) describió en su totalidad, mientras que otro actor (el diario La Nación) redujo a tres. Esa curiosa diferencia numérica no es casual: recortar la realidad, limitando la información, es una de las más clásicas técnicas de desinformación. Una realidad descripta a medias es cuando más, una media verdad; y seguramente, una media mentira.

La particular selección realizada por el editorialista de La Nación le permitió explicar cuál era el objetivo persecutorio que buscaban las tres acusaciones “en el afán de controlar los medios de comunicación independientes y de perturbar el funcionamiento de empresas desde las que no se rinde pleitesía al poder político de turno, no se vaciló en ensuciar la reputación y el buen nombre de los pretendidos autores de presuntos delitos enormes que, a estar de las recientes decisiones judiciales, no son tales”.

Las mismas sentencias merecieron otras interpretaciones, de quienes no creen en un mero azar de la casualidad, sino que oscilan entre las respuestas coincidentes de un “partido judicial” que expresa su molestia, hasta el temor de que se esté estableciendo un límite a lo posible en materia de juzgabilidad. De ser así, se trataría de la construcción de un verdadero “techo de cristal” en la definición de responsabilidades, que dejaría fuera a los llamados cómplices civiles. Algo de esto último debieron evaluar los fiscales cuando señalaron que se “auguran tiempos de impunidad”.

Una omisión clasista

Si analizamos las decisiones judiciales que motivan la preocupación fiscal podemos, esquemáticamente, considerarlas como dos líneas de posibles beneficios: una dirigida al actor militar-policial y otra al actor civil, cuyas modalidades serían diferentes. En la primera se trataría de la no apertura de nuevos frentes (Malvinas) o la mejora de la situación material de sus miembros procesados/condenados. En la segunda se buscaría clausurar definitivamente ese espacio de responsabilidad/culpabilidad.

De ser así, más allá de la inaceptable impunidad, estaríamos ante un aberrante caso de distorsión histórica e irracionalidad conceptual. El elemento militar-policial habría tomado el poder, destruido un proceso democrático, desarrollado un aparato represivo clandestino, aplicado prácticas genocidas y buscado disciplinar al conjunto de la sociedad argentina, en absoluta soledad y teniendo como único objetivo una utopía autónoma de orden castrense.

Tratar de explicar al Proceso de Reconstrucción Nacional, sin participantes/decisores/beneficiarios civiles deja de ser un crimen para convertirse en un absurdo.

Mirando con cierto detalle al grupo de civiles, favorecidos por esta hipotética “nueva política judicial” encontramos que, al margen de la disparidad en su importancia individual relativa, todos ellos están entrelazados por una trama sutil: su vinculación como señores o como vasallos con el mundo mediático. Curiosamente aquí, nuevamente, la visión restringida de la editorial de los Mitre parece haber cometido una omisión clasista, un verdadero fallido por elitismo. Al hablar de las tres sentencias se está refiriendo a personalidades que pretenden representar al mito fundacional y al poder económico. Fuera de este “círculo rojo” La Nación deja a Agustín Botinelli. Él no es un dueño, sólo es un empleado de confianza.

La identificación como grupo empresario/mediático corresponde también a Carlos Pedro Blaquier, que es presentado como un “empresario azucarero”, lo que opaca su verdadero rol: intelectual orgánico de la hegemonía dominante (Editorialista, junto a José Alfredo Martínez de Hoz, del periódico Demos, durante 1945 a 1955. Autor de casi 20 libros de historia social argentina con clara visión oligárquica. Doctor honoris causa en filosofía de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y miembro, igual que Vicente Massot de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas).

El fin de un Empate Hegemónico

Determinar lo ocurrido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 no es un ejercicio de academicismo histórico, es por el contrario la imprescindible búsqueda de comprensión de un pasado-presente: de las causas que lo originaron, los actores que participaron y sus consecuencias en el tiempo actual.

Los lineamientos que se utilizan para esa tarea se conocen genéricamente por políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Como históricamente suele suceder, los procesos sociales nunca son lineales, siguen derroteros impensados y pueden construir herramientas inesperadas. La más novedosa ha sido la evolución del llamado “activismo judicial”.

De la mano de una compleja práctica jurídica, lo que comenzó como una búsqueda de responsabilidades individuales ante delitos individuales fue dibujando, aún en forma imprecisa, el mapa de un gigantesco experimento de reordenamiento social. Un experimento al que sus propios autores denominaron Proceso de Reorganización Nacional. Un experimento al cual se trata de definir ahora como un proceso de Genocidio Reorganizador.

La realidad que van mostrando los juicios apunta cada vez más a delitos complejos/planes sistemáticos/autores múltiples. Aún con las limitaciones de la fórmula penal aparece la lógica de una política que buscó reconstruir un modelo de poder y romper definitivamente con una situación de empate hegemónico que permanecía irresuelta desde hacía décadas. Esta interpretación estructural de largo plazo se encuentra explícita en las declaraciones de ex-teniente-general Jorge Rafael Videla “si en el golpe de 1955 la intención había sido corregir un exceso de poder, en el de 1976 hubo que llenar un vacío de poder”.

Un diálogo improbable: Gramsci y Videla

Antonio Gramsci señala que “lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculada con la hegemonía política, o sea que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el consenso y la fuerza. El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública adecuada, esto es, organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad civil”.

Esta frase es un ejemplo de la relación que Gramsci establece entre opinión pública, consenso y fuerza. En el complejo pensamiento gramsciano el Poder es una interacción entre el consenso (la capacidad de un sector dominante para hacer aceptar sus ideas por parte de un sector subordinado) y la fuerza (pensada como coacción, es decir uso de la fuerza con algún grado de legitimidad). En ese marco es llamativa la importancia que le concede al concepto opinión pública al colocarlo nada menos como punto de contacto entre el consenso y la fuerza.

Dicho de otra forma, y sin pretender simplificar, podríamos decir que el Estado para imponer una política requiere de algún tipo de opinión pública adecuada (específica a la coyuntura) que se construye mediante el uso combinado de un elemento discursivo (consenso) y un elemento de coacción (fuerza).

Regresemos a Videla y a las tareas que buscó llevar adelante el Proceso de Reorganización Nacional: “Nuestro objetivo era disciplinar una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical; a la sociedad había que disciplinarla para que fuera más eficiente. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.

¿Cómo trataron de obtener ese disciplinamiento? ¿Cómo trataron de crear esa opinión pública adecuada? La respuesta está en la utilización combinada de una red de construcción de sentido, cuyos principales nodos fueron los medios de comunicación masiva y el desarrollo paralelo e interrelacionado de un dispositivo clandestino de ultraviolencia. Es decir, la prensa y el grupo de tareas. Una relación necesaria de interacción mutua que combina y amplifica sonidos y silencios.

El guía es el mayordomo

Es la preocupación por comprender/responsabilizar a estos constructores de sentido lo que tensiona, no solo a los casos Botinelli/revista Para Ti, Massot/diario La Nueva Provincia, o Papel Prensa; sino también a situaciones como la no profundizada causa Alejandrina Barry/Editorial Atlántida/Revista Somos/Gente/Para Ti; o la no vinculación de la sentencia de la Cacha con las actividades de acción psicológica llevadas adelante por el diario El Día.

Las novelas policiales inglesas solían ser acusadas de un lugar común: el criminal era el mayordomo. El ejercicio de escamoteo (consciente o inconsciente) que realiza La Nación nos permite, curiosamente, colocar en primer plano a la figura de Agustín Botinelli, director de la revista Para Ti, y hombre clave de la editorial Atlántida, y convertirlo en un guía.

Proponemos así convertir al reportaje a una desaparecida, en una vía de acceso que nos permita revisitar, desde una perspectiva diferente a uno de los más emblemáticos aparatos operativos del Terrorismo de Estado: el GT 3.3.2 de la ESMA, estudiando su accionar como dispositivo comunicacional.

*Docente e Investigador del Programa Medios y Dictadura de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.


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