Por Pablo Pellegrino*

“Si uno ve cómo actuó y quiénes actuaron en el Poder Judicial durante la última dictadura, entiende muchas de las resistencias actuales para avanzar con las responsabilidades civiles”, manifestó el fiscal federal José Nebbia. Junto a Miguel Palazzani, Nebbia integra la Unidad Fiscal especializada en derechos humanos que investiga, entre otras causas de lesa humanidad, el rol del director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico-militar.

“Creo que el reciente fallo de La Nueva Provincia se inscribe en esas resistencias, como el fallo sobre Ledesma y la última resolución sobre Papel Prensa”, sostuvo Nebbia con respecto a la falta de mérito probatorio dictada por el juez federal ad hoc de Bahía Blanca, Claudio David Pontet.

La resolución del magistrado fue tomada antes de que se resuelva su propia situación, puesto que fue doblemente cuestionado por los fiscales: por un lado, advirtieron que fue mal aplicada la Ley de Subrogancia a través de la cual se lo designó al frente de esa causa (aún falta la resolución del Consejo de la Magistratura) y, por otro lado, se cuestionó la calidad personal del juez actuante, ya que se encuentra recusado y, desde fines de 2014, su situación está pendiente de resolución en la Cámara Federal. “Estamos a la espera de esa resolución y señalamos que cualquier medida que se tome en la causa es pasible de ser declarada nula”, afirmó el fiscal.

A 39 años del genocidio perpetrado por los principales grupos de poder de Argentina y ejecutado por las Fuerzas Armadas que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a 30.000 personas, las “resistencias” en el Poder Judicial que señala Nebbia se hacen cada vez más evidentes: en lo que va del año, los casos más paradigmáticos de complicidad civil, de participación y coautoría fueron desestimados por la justicia.

La falta de mérito dictada en el caso de La Nueva Provincia antecedió a la desestimación del pedido que el fiscal Leonel Gómez Barbella realizó ante el juez Julián Ercolini para indagar a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en la causa por la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa. También se dictó, el 13 de marzo, la falta de mérito probatorio en la causa que investiga al empresario dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por la desaparición de trabajadores y habitantes de la ciudad en la que se emplaza la principal planta de la mayor empresa azucarera del país.

En este sentido, Nebbia consideró que “hay un componente ideológico importante en quienes deciden, pero también hay mucho miedo a quedar enfrentados a estos sectores poderosos”, y manifestó: “Los medios de comunicación tienen un poder muy fuerte sobre cualquier persona, y verse enfocado con esa luz no es para cualquiera”.

“Yo vivo hace dos años en Bahía Blanca, y puedo asegurar que entiendo perfectamente el miedo que se les tiene a esas personas. Entiendo perfectamente el miedo que se le tiene a salir en la tapa de La Nueva Provincia, como nos ocurrió a Palazzani y a mí desde que llevamos esta causa. Hay un temor muy fuerte; son los poderes fácticos, los poderes de aquel entonces y de hoy, que actúan sobre la subjetividad de los que tenemos que intervenir en estas causas”, agregó el fiscal.

A pesar de los fallos que en las últimas semanas se sucedieron en favor de personas de reconocido y abierto apoyo al proyecto genocida de las Juntas Militares, Nebbia consideró que el balance de las causas por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en Argentina es “absolutamente positivo” y que las “resistencias que se manifiestan y se concretizan lo único que hacen es que uno tome más brío para enfrentarlas”. “El proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina está asegurado, es irreversible y se va a profundizar”, agregó.

“Parece más un escrito de la defensa que de un tercero imparcial”

Con esas palabras definió el fiscal José Nebbia la resolución de Claudio Pontet que dictó la falta de mérito probatorio en la causa contra Vicente Massot por delitos de lesa humanidad, vinculados a la acción psicológica que ejerció el diario durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, por el encubrimiento de los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas a través de la presentación de “enfrentamientos” que, en realidad, eran fusilamientos, y por el asesinato de dos obreros gráficos de La Nueva Provincia a mediados de 1976, que habían sido dirigentes gremiales durante la huelga más larga que tuvo ese diario en 1975.

La resolución de Pontet sostiene que tanto La Nueva Provincia como los demás medios pertenecientes a la familia Massot hicieron uso efectivo de su derecho a expresarse libremente. “No se llama a la población ni a sector alguno a secuestrar, asesinar, torturar o desaparecer personas. Inclusive, se observa en varios artículos un llamado a aplicar la ley, en forma rigurosa, sí, pero con apego a ella. No es ello más que la expresión de una opinión política. Cuestionable, antidemocrática, belicista, maniquea. Pero opinión política al fin”, declara Pontet en un escrito de más de 300 páginas.

Nebbia se mostró “sorprendido” con la disconformidad planteada por el magistrado frente a las mayorías de la Corte Suprema que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y los que anulan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Hay un componente ideológico muy fuerte”, subrayó.

En su declaración, Vicente Massot había dicho que en los inicios de la dictadura no estaba en Bahía Blanca y que sólo realizaba visitas familiares, pero no en calidad de miembro de La Nueva Provincia. La prueba recolectada por los fiscales no sólo muestra que en sucesivas oportunidades Massot estuvo en el edificio del diario, sino que además percibía un salario como editorialista: “Hay toda una serie de pruebas que dan por tierra la coartada de Massot, pero nada de esto alcanza a los ojos de Pontet, que inclusive literalmente señala que elige creer la versión que da el imputado”.

La decisión del juez incluso desliza la posibilidad de considerar La Nueva Provincia como víctima. “En este contexto no puede culparse a los medios de comunicación por las acciones concretas de distintos grupos de interés que se sirven de ellos para hacer llegar sus mensajes e influir de algún modo en la sociedad: la prensa muchas veces aparece también como una víctima de los golpes montados en contra de ella; de las manipulaciones, intoxicaciones y estrategias deliberadas de desinformación por parte de los poderes políticos, militares o económicos”, señala la resolución.

Los fiscales habían ubicado como elemento probatorio un ejemplar de la Directiva 1-75, que fue la primera del Ejército en la “lucha antisubversiva”, en la que se destaca Bahía Blanca como uno de los principales centros para desarrollar tareas de acción psicológica contenidas y sistematizadas en el Reglamento de Operaciones Psicológicas.

En junio de 2014, el fiscal Miguel Palazzani sostuvo que la “intuición inicial fue pensar inmediatamente en La Nueva Provincia como dispositivo para el despliegue de la acción psicológica en Bahía Blanca, de acuerdo a la directiva. En ese momento, el grupo empresario tenía, además del diario, la frecuencia de radio LU2 y el canal de televisión, es decir, un monopolio hegemónico, el ‘primer multimedio latinoamericano’ dicho por ellos mismos”. Sin embargo, en la resolución del juez, los elementos probatorios de la construcción del enemigo, el discurso del odio, el pedido y la justificación de los crímenes no son tales.

“Así, y dentro de su postura política y con las limitaciones comunes a todos los medios de la época, existe en las editoriales compulsadas una crítica al sistema criminal –que por entonces no era conocido al menos en su verdadera magnitud– incompatible con la complicidad con sus autores que pretende verse en el requerimiento Fiscal”, manifiesta el juez Claudio Pontet.

Además, el escrito destaca el carácter de Vicente Massot como miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, y señala: “Mal puede atribuirse a Vicente Massot la intención de sostener la censura que el gobierno militar practicaba sobre los periodistas y medios de comunicación durante los años 1976 a 1983, y menos aún su deseo de asegurar las prácticas represivas desplegadas por los militares, pues en las conclusiones de las Asambleas Generales de la Sociedad Interamericana de Prensa de esos años, no sólo se denuncia la censura, los atentados, las amenazas e intimidaciones, la intervención de ciertos medios, sino que además se critica la legislación represiva y hasta se condena el uso abusivo del estado de sitio como norma y muchas arbitrariedades cometidas por el poder de facto, llegando a exponer lisa y llanamente incluso las detenciones arbitrarias sin orden judicial, los interrogatorios y las torturas sufridos por numerosos periodistas”.

Resulta paradójica la cita del juez en relación con semejante actitud de denuncia sobre la situación que vivía el país, frente a la opinión “cuestionable, antidemocrática, belicista, maniquea” que el mismo Pontet atribuyó al medio de los Massot.

Por otra parte, el magistrado analiza en su fallo que “no parece probable ni creíble que quienes diseñaron, planificaron y ejecutaron el genocidio llevado a cabo en toda la República Argentina […] requieran o acepten ser ‘inducidos’ a cometer algún ilícito por un particular; menos aún, por un joven y novato periodista de un medio local, por más hijo de la dueña y directora del diario que fuera”.

Cabe señalar que la incitación de la que los fiscales hablan en su imputación no son, claro está, señalamientos ni pedidos de ningún “joven y novato periodista” a las Juntas Militares, sino de un marco general de acción psicológica que permita con antelación la preparación del campo en el que los militares desatarían el terror.

Finalmente, en las conclusiones, Pontet reitera que La Nueva Provincia “adoptó posiciones muy críticas del gobierno militar, al que definió como un fracaso”, y enfatiza que desde el diario se bregó por el juzgamiento de los delitos cometidos durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, una vez concluido ese período.

Sobre estas consideraciones del magistrado, el fiscal José Nebbia sentenció: “Yo creo que se trata de un cinismo duro, llano y burdo. El fallo de La Nueva Provincia parece más un escrito de la defensa que el de un tercero imparcial”.

*Secretaría de Comunicación y Prensa, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.